La cámara baja declaró su preocupación por las medidas tomadas en “detrimento de la atención de sus afiliados en general”.
La dramática situación en la que se encentran afiliados y prestadores del PAMI en Salta fue motivo de un acalorado debate en la Cámara de Diputados, según informo La Gaceta.
Por decisión mayoritaria, los legisladores aprobaron, sobre tablas, un proyecto de Declaración donde manifiestan su preocupación por las medidas tomadas por la entidad nacional “en detrimento de la atención de sus afiliados en general y de los veteranos de Malvinas en particular. Asimismo por las resoluciones adoptadas por el organismo, que fijan el sistema de cápita para las prestaciones de kinesiología y fisiatría que perjudican gravemente a los profesionales de dichas áreas y a todos los beneficiarios de la obra social”.
Desde los bloques opositores al gobierno de Mauricio Macri llovieron críticas a la situación que atraviesa la sede regional del PAMI, incluso el diputado por Anta Pedro Sández pidió la renuncia de Gladys “Pichona” Moisés.
Desde la bancada del Partido Renovador, Gabriela Martinich consideró que regresar al sistema capitado “representa un error y un retroceso, sobre todo para las localidades del interior provincial”.
Sin temblarle el pulso, Julio Quintana del Partido Obrero afirmó que las medidas tomadas por la actual administración “hacen recordar al menemismo de los 90″.
Por su parte, Matilde Balduzzi afirmó que si la gestión no logra caminar en un año y medio es porque no se está en el camino correcto. “Los afiliados al PAMI son personas que están en la antesala de la muerte y no pueden estar pasando estas cosas”, remarcó la dirigente del Partido Justicialista.
El único que defendió la gestión y respaldó la actuación del gobierno nacional en el organismo fue Martín de los Ríos que además de escuchar las críticas de sus colegas debió interrumpir su alocución por los gritos de un grupo de profesionales de la salud que se encontraban presente en el recinto legislativo. “Me toca la más fea, hablar con la verdad. El nuevo sistema no plantea un centavo menos que la obra social vaya a administrar. Se busca un sistema de control más eficaz porque la sobrefacturación era una realidad y era alarmante”, relató.
“El sistema no empezó a rodar y ya están todos en contra. Los recursos de los abuelos deben volver a los abuelos y no a los prestadores o clínicas deshonestas”, puntualizó el dirigente del PRO.
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