El Senado aprobó el proyecto del Ejecutivo con 11 votos oficialistas. Cinco senadores votaron en contra. Un debate con bibliotecas diferentes.
La mayoría oficialista del Senado otorgó anoche media sanción al proyecto de ley que envió el Ejecutivo para establecer el régimen de inamovilidad de los jueces de la Corte de Justicia provincial, según publicó El Tribuno.
Los senadores votaron con bibliotecas jurídicas diferentes y las posturas quedaron marcadas en el recinto con 11 votos a favor y 5 en contra.
El senador oficialista Diego Pérez aseguró que la ley en debate autolimita la atribución que confiere al Ejecutivo el artículo 156 de la Constitución Provincial para nombramiento de los jueces de Corte.
El régimen se concretará a partir de que el Ejecutivo envíe la propuesta al Senado, 60 días antes del vencimiento del período constitucional, un nuevo pedido de acuerdo que garantice la continuidad en el ejercicio de la magistratura del juez al que se le estuviere por vencer su mandato, sostuvo.
La propuesta profundiza la política de Estado en materia de fortalecimiento del sistema judicial, agregó Pérez y destacó que incluye el procedimiento participativo para que se exprese la gente a fin de dotar de mayor transparencia al mecanismo de nominación de candidatos a cubrir vacantes en la Corte, sistema que se puso en marcha por decreto en el 2008.
Sobre el actual límite de seis años para el mandato, señaló que «coloca a los magistrados en una situación de precariedad que no resulta compatible con los principios sobre los cuales se asienta nuestro sistema de justicia».
Los cinco votos en contra fueron expresados por Luis D’Andrea (independiente); Pablo González (PRS); Berta Gerónimo y Ana Guerra (UCR) y Gabriela Cerrano (PO).
D’Andrea se mostró a favor de la continuidad de los jueces de Corte, pero consideró que la ley en debate «no es acorde a lo que dice la Constitución Provincial». Mocionó que el proyecto vuelva a comisión, pero el oficialismo la rechazó.
La radical Guerra planteó que el camino «no es el correcto, ya que se pretende cambiar con una ley un artículo de la Carta Magna». Para ello es prioritario una gran concertación política, social y ciudadana, agregó.
González consideró que para el objetivo que se persigue «no es aconsejable» con la ley en debate porque corre el riesgo de ser declarada inconstitucional. La senadora Cerrano objetó que vaya a haber una autolimitación ya que seguirá prestando acuerdo el Senado, «que siempre responde al poder político que gobierna».
A las posturas en contra, la oficialista Silvina Abilés respondió: «No veo que se vaya en contra de la Constitución».
Algunos conceptos
En el mensaje que acompaña al proyecto de ley que se envió a la Legislatura, con cámara de origen en el Senado, se señala que “a criterio del Poder Ejecutivo, el régimen actual de nombramiento de jueces de la Corte de Justicia no garantiza en plenitud la necesaria independencia e imparcialidad de la que deben gozar dichos magistrados, al dejar su continuidad en el cargo sujeta a las vicisitudes de decisiones políticas, dependiendo de la voluntad del gobernador de turno enviar o no sus pliegos para un nuevo acuerdo”. El mensaje gubernamental también dice que “se debe destacar que el régimen de continuidad que se propicia contribuirá sin duda alguna al mejoramiento de servicio de justicia, al incremento de la calidad institucional y a la consolidación de la democracia social de derecho proclamada en el artículo 1º de nuestra Constitución”.
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