En un comunicado, enumeró los puntos que se deben reforzar.
En el último día de campaña electoral, la Iglesia instó a los candidatos a fortalecer las políticas de lucha contra la trata de personas.
Mediante un documento la Comisión Nacional de Justicia y Paz, mediante su equipo “No a la Trata”, se refirió al estado de la lucha contra la trata «con fines de explotación laboral, sexual, de extracción de órganos y cualquier forma moderna de esclavitud que atente contra la voluntad y libertad del ser humano».
Los puntos que solicitaron:
– Reglamentar los artículos pendientes de la Ley N° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y sus modificatorias.
– Que se adecuen y precisen las acciones que deben seguir cada Ministerio y Organismo Público para hacer efectivos los derechos de denuncia, protección, cuidado, representación, inserción o reinserción en el sistema educativo, laboral y de salud, así como toda aquella acción que promueva un trato que evite la revictimización y fortalezca la asistencia a las víctimas. Entendemos la reglamentación como un paso necesario para dar cumplimiento a la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
– Fortalecer los programas de asistencia a las víctimas.
– Se jerarquicen las áreas asignadas a los objetivos de asistencia, acompañamiento y protección de las víctimas, haciendo foco en la asistencia psicológica, médica, de alojamiento, manutención, capacitación y búsqueda de empleo, como así también el asesoramiento jurídico-legal integral, con el objetivo de la reparación de los derechos vulnerados.
– Incrementar las partidas presupuestarias destinadas a estas políticas.
– Que se incrementen las partidas presupuestarias asignadas al comité ejecutivo para la lucha contra la trata y explotación de personas y para la protección y asistencia a las víctimas, de la Jefatura de Gabinete de Ministros; a la coordinación de investigaciones contra la trata de personas y delitos contra la integridad sexual, del Ministerio de Seguridad; a la coordinación del programa nacional de rescate y acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) del Ministerio Público Fiscal y a toda otra repartición del Estado cuyo objetivo sea la lucha contra la trata de personas y la asistencia a sus víctimas.
– Sostener la posición abolicionista de esta política de Estado.
– Que se fortalezca la posición abolicionista que ha adoptado históricamente el Estado Argentino y que se efectúen campañas de concientización para erradicar toda forma de explotación y violencia sobre el cuerpo de las mujeres y poblaciones vulnerables.
– Articular con otros países el combate a las organizaciones criminales transnacionales.
– Que se respete el Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para Combatir la Trata de Personas, incluyendo niñas ,niños y adolescentes, fomentando la cooperación y la coordinación de acciones regionales e internacionales entre los países de origen, tránsito y destino de las víctimas de este delito, estableciendo criterios y pautas de acción comunes para la identificación de situaciones de vulneración y para la prevención, detección, recepción y asistencia a las víctimas, promoviendo la más amplia cooperación y asistencia recíproca entre los Estados.
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