El juicio por la muerte del pequeño Thiago Quipildor, en julio de 2015, comenzó hoy con la lectura de la requisitoria fiscal en la que los representantes del Ministerio Público dejaron plasmado que en este caso hubo una responsabilidad palmaria del Estado, ya sea por acción u omisión.
La primera en arribar al Salón de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial fue la madre del niño, Sandra Quipildor, quien declaró a El Tribuno que además del Estado también es culpable. El juez que autorizó que Thiago y sus otros tres hijos fueran entregados al matrimonio que está acusado de lo sucedido. Apenas se abrió el debate todas las miradas se centraron en Víctor Marcelo Senise, de 52 años y en Patricia Alejandra Sánchez, de 41, los padres sustitutos a los que la Justicia confió el cuidado de los hermanitos. Ambos llegaron al juicio acusados de homicidio simple por la muerte de Thiago, de 4 años, y de homicidio en grado de tentativa por las lesiones sufridas por su hermana de 6.
Frente al tribunal integrado por los camaristas Pablo Farah, María Grabriela González y Carolina Sanguedolce, se ubicaron Lorena Alejandra Rechiuto, Jaqueline Mónica Rosas y Marina del Huerto Vargas, integrantes del gabinete técnico del exministerio de Derechos Humanos, imputadas de incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, además del médico particular Sergio Alejandro Gonza, procesado por falsedad ideológica. Thiago murió por broncoaspiración, pero la autopsia determinó que presentaba una cuadro de desnutrición y 200 lesiones en distintas partes del cuerpo compatibles con golpes producidos con distintos elementos. En tanto que en su hermanita se detectaron 119 lesiones de igual magnitud.
Con estos elementos la fiscalía considera que el matrimonio Senise debe responder por el delito de homicidio y tentativa de homicidio, respectivamente, Gonza fue el único que se avino a declarar y ratificó lo que dijo en instrucción, de que no advirtió ninguna lesión en el niño las tres veces que lo examinó. De lo ocurrido con Thiago, los fiscales atribuyeron gran responsabilidad a las psicólogas Rechiuto y Rosas y a la licenciada en trabajo social Vargas, por no haber cumplido con el protocolo de control y seguimiento del caso para verificar si los niños estaban recibiendo el trato adecuado por parte de los padres sustitutos. En esta cuestión radica la responsabilidad que le adjudican al Estado. El juicio continuará mañana a las 9 con declaración de los primeros testigos.
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