Luego del procesamiento de varios funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, involucrados en las últimas horas por el juez Rodolfo Canicoba Corral por presuntas irregularidades en concesiones viales, y a horas de la presentación en el Congreso de la reforma judicial impulsada por el Gobierno, la cúpula de Juntos por el Cambio (incluido el expresidente) decidió rechazar de manera concluyente la eventual ampliación del número de integrantes de la Corte que podría proponerse a consecuencia del proyecto reformista.
Además del rechazo a los procesamientos, que consideran parte de la «ofensiva judicial y de venganza» del kirchnerismo contra la oposición, la dirigencia de JxC decidió posicionarse en contra el proyecto de reforma judicial que el gobierno de Alberto Fernández está a punto de enviar al Congreso, y que se anunciaría mañana miércoles en la Casa Rosada. El proyecto de moratoria impositiva que beneficiaría al empresario Cristóbal López también formó parte de la conversación, según dos participantes de la reunión contaron a La Nación.
«La Corte debe ser una institución estable en el tiempo» afirman los referentes de la oposición en el comunicado distribuido horas después de la reunión. Y aclaran que reforma y eventual cambio en la composición de la Corte «no son una prioridad para la ciudadanía preocupada por angustias y carencias evidentes en materia económica, social y de seguridad».
«La estabilidad en el tiempo del máximo tribunal es un valor en sí mismo, que resguarda la independencia del Poder Judicial, la seguridad jurídica y en definitiva la calidad democrática y de las instituciones de nuestra República», continúa el comunicado, y agrega que la composición actual, de cinco miembros, «es la que más se ha mantenido a lo largo de nuestra historia» y votada «casi por unanimidad» en 2006.
Y sobre la comisión de expertos que también contempla el proyecto de reforma, desde la JxC afirmaron que «tiene una opinión formada» en relación a la ampliación del tribunal, y que el objetivo final es «crear una instancia más en el sistema de justicia penal federal, para seguir prolongando causas, dictar nulidades, sobreseimientos, impunidad o cualquier otra resolución judicial que necesite la vicepresidenta y su abogado defensor», en alusión a Cristina Kirchner y su abogado, Carlos Beraldi, que también integrará la comisión asesora.
Además del ex presidente, los titulares partidarios (Patricia Bullrich, de Pro; Alfredo Cornejo, de la UCR, y Maximiliano Ferraro, de la CC-ARI) encabezaron la reunión virtual, junto al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, y los líderes parlamentarios de la mesa nacional. Participaron Martín Lousteau, Mario Negri y Luis Naidenoff por la UCR; Cristian Ritondo por el macrismo, y Juan López y Maricel Etchecoin por la CC-ARI. El encuentro duró más de dos horas, y desde los distintos espacios la calificaron de «muy productiva», en contraposición a las discusiones internas que siguieron al comunicado de la coalición luego de la muerte del ex secretario de Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez.
«Acordamos oponernos a la moratoria para Cristóbal López, a la eventual reforma judicial y ampliación de la Corte a medida del kirchnerismo y trazamos un plan para la pospandemia», coincidieron dos de los dirigentes que participaron, y cuyas conclusiones quedarán plasmadas en un comunicado conjunto que verá la luz por la tarde. Durante la discusión, recordó otro testigo, Macri sostuvo las posiciones más «duras» contra el kirchnerismo, mientras Rodríguez Larreta pidió «conocer en detalle el proyecto» de reforma del oficialismo, aún no presentado formalmento y sus consecuencias en la justicia porteña, pero se sumó a la crítica. «Sabíamos que a Fernández le iba a costar mantenerse en el centro y que se iba a terminar radicalizando por presión de Cristina Kirchner», se resignaban desde el sector dialoguista de Pro.
Desde el partido de Elisa Carrió ya habían planteado su cerrada negativa a apoyar la iniciativa presidencial. «Presidente, en vez de distraernos en este momento con una reforma judicial para nombrar jueces afines y la impunidad de su vice, llámenos para ver cómo entre todos podemos sacar al país adelante en medio de una profunda crisis económica social y de seguridad», afirmó la diputada Paula Oliveto, en línea con su jefa política, quien anoche, a través de las redes sociales, dejó clara su postura. «No nos vamos a prestar a ningún tipo de acuerdo para facilitar la ampliación del número de la Corte, ninguno», twiteó la ex diputada en la noche del lunes, con la intención de aglutinar al espacio opositor en el rechazo y no dejar cabos sueltos. Se consensuó, finalmente, no colaborar con los dos tercios cuando la reforma judicial llegue al Senado.
Desde el radicalismo también se oyeron voces que preanunciaban un rechazo, al menos parcial, de la iniciativa, que incluye la conformación de una comisión asesora que analizará eventuales cambios en la Corte Suprema. «Poner en la comisión que debe analizar la ampliación de la Corte al defensor de la vicepresidenta en las causas de corrupción sólo provoca que la comisión nazca muerta en términos de confianza pública», afirmó el diputado Mario Negri, una postura a la que se sumaron el también legislador Facundo Suárez Lastra y el ex senador Ernesto Sanz.
Durante la reunión también se decidió apoyar al ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y otros ex funcionarios procesados por Canicoba Corral. «Aunque nos quieran igualar, no todos somos lo mismo. En los últimos cuatro años, trabajamos para traer transparencia a la obra pública y bajamos un 40 por ciento los costos. Sigo con la misma convicción de que Argentina puede ser un país mejor. Siempre me van a encontrar peleando por eso», escribió Dietrich por twitter mientras la reunión se llevaba a cabo.
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