La abogada y panelista de La Cornisa Silvina Martínez informó que presentará en la Justicia una carta en la que fundamenta que los magistrados son parte de un “plan sistemático de impunidad de la vicepresidenta”
La abogada Silvina Martínez anunció esta noche que presentará mañana una denuncia para solicitar se investigue a los jueces que sobreseyeron a Cristina Kirchner, Daniel Obligado y Adrián Grunberg, integrantes del Tribunal Oral N° 5, ante el presunto delito de prevaricato.
En el documento al que tuvo acceso LA NACION se indica: “Solicito que se investigue por presunta comisión del delitos de prevaricato previsto en el art. 269 del Código Penal por parte de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grunberg integrantes del Tribunal Oral N° 5 y en el marco del plan sistemático de impunidad de Cristina Kirchner”.
En su denuncia, la abogada sostuvo que el beneficio que le fue concedido a la vicepresidenta es “extraordinario e ilegal”, tanto para ella como para sus dos hijos, Máximo y Florencia Kirchner. El viernes pasado fueron sobreseídos en las causas Hotesur y Los Sauces evitando el juicio oral y público. “En ambos casos, se los procesó como parte de una asociación ilícita que utilizó sus empresas comerciales privadas para lavar dinero de origen ilegal proveniente de fondos públicos”, manifestó Martínez.
Y argumentó: “Los argumentos de la defensa y de la resolución que ordena el sobreseimiento de la familia Kirchner lejos de ser novedosos, constituyen una reiteración de planteos rechazados”.
Asimismo, denunció que “el único ámbito valido para discutir la totalidad de los planteos formulados por los defensores debe ser el debate oral y público, el cual favorece la confrontación de las pruebas recabadas durante la instrucción y la discusión de los hechos, frente a un tribunal imparcial, que garantice el cumplimiento de los principios y garantías constitucionales que informan el proceso penal”.
En tanto, Martínez consideró que la resolución dictada por los jueces Obligado y Grunberg desnaturaliza la instancia del juicio oral, al decidir “anticipadamente” sobre el fondo de la cuestión sin llevar adelante el juicio. “Esta decisión se enmarca dentro del plan de encubrimiento para lograr la impunidad de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y su entorno que es investigado en la presente causa”, enfatizó.
Además, mencionó algunas medidas que vinculó como parte sistémica del mismo “plan de impunidad de la vicepresidenta”. En esta línea, enumeró: “El retiro de la OA como querellante en el juicio oral por lavado de dinero contra Cristina, Florencia y Máximo Kirchner a través de Hotesur y los Sauces; la designación de militantes en cargos públicos claves para entorpecer las investigaciones penales y decisiones judiciales (Zannini, Mena, Pietragalla, y Nissen, entre otros); la presión por parte del poder ejecutivo a los jueces para que se jubilen y así obtener gran cantidad de vacantes; el impulso de una reforma judicial arbitraria y orientada a la impunidad de una sola persona: la vicepresidente de la Nación; la creación de la Comisión Beraldi y la embestida contra el procurador General Dr. Eduardo Casal; el avance sobre los Camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi; liberación masiva de exfuncionarios kirchneristas presos por delitos de corrupción; la modificación de la normativa para permitir a Cristóbal López abonar en cuotas la deuda con la Afip por haber defraudado al Estado”.
El delito previsto por el art Art. 269 del Código Penal consta de la pena de “una multa de $ 3.000 a $ 75.000 e inhabilitación absoluta perpetua el juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por él mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas. Si la sentencia fuere condenatoria en causa criminal, la pena será de tres a quince años de reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetua”.
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