Las autoridades de Malta indicaron conexiones entre un italiano encargado de blanquear fondos de la petrolera PDVSA con la compra de propiedades y el argentino Néstor Marcelo Ramos vinculado al empresario de la obra pública
Un modesto edificio en Bérgamo, Italia, en cuya planta baja funciona una verdulería. Ese el punto en común que encontraron las autoridades de Malta para relacionar a los Kirchner con uno de los casos de lavado de dinero más complejos de ex funcionarios chavistas. “Via Masone N°5″ es el domicilio legal del argentino Néstor Marcelo Ramos, el financista que le permitió al empresario Lázaro Báez blanquear más de USD 30 millones. En ese edificio residencial también fijó dirección el italiano Aldo Ventola, clave para montar una estructura que habría permitido lavar 14,5 millones de euros provenientes de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
La información se desprende de un informes remitido por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta a la jueza de la Audiencia Nacional de España Ana Tardón, que instruye la causa judicial más importante por lavado de dinero del chavismo en España. Los documentos oficiales, a los que accedió Infobae, hacen un repaso de toda la estructura de blanqueo que en Estados Unidos fue bautizada “Money Flight”, cuyas ramificaciones llegaron a este país a través de la compra de propiedades y que ahora, por primera vez, ofrece una conexión oficial con la Argentina.
“Destaca que el abogado italiano-argentino Néstor Marcelo Ramos – un hombre de negocios que vive y trabaja en Suiza y contra el cual Buenos Aires ha emitido una solicitud de extradición en 2017 –comparte esta misma dirección en Italia. Además, la dirección de Ventola en Suiza es también la misma dirección que tiene Ramos. Esto indica que Ventola tiene una relación cercana con Ramos quien está acusado de blanqueo de alrededor de 30 millones de dólares para Lázaro Báez, un empresario vinculado a Néstor y Cristina Kirchner, los anteriores presidentes de Argentina”, relataron los investigadores malteses.
El informe fue firmado por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta en septiembre de 2020, pero recién ayer algunos fragmentos fueron publicados por el medio español El Confidencial. El documento principal y su anexo ofrecen una lista de personas investigadas y se centra en un fondo de inversión maltés administrado por Ventola. Este instrumento financiero se habría ocupado de realizar la triangulación para que 14,5 millones de euros que podrían provenir de la corrupción en PDVSA ingresaran al mercado legal a través de la compra de propiedades en España.
“A la vista de la información mencionada, la Autoridad [Financiera de Malta] considera que existe una alta probabilidad de que la actividad de Southern Cross Sicav Plc no sea legítima y podría utilizarse para actividades delictivas, incluido el blanqueo de capitales”, indica el informe al que accedió Infobae.
La gran mayoría de los involucrados son italianos, entre ellos está Ventola, el hombre que comparte dirección con el argentino Ramos. En base a distintas fuentes de información, las autoridades de Malta reconstruyeron que el italiano Ventola declaró que la sede central de casi todas las empresas que conforman el grupo empresarial Wic funcionan “en su despacho en 5 Vía Masone, Bérgamo”. El informe aclara que Wic es controlada por una sociedad en los Emiratos Árabes Unidos, “y parece ser una pieza de la presunta red secreta de contables de la Liga del Norte” a través del cual ese partido político italiano habría blanqueado 49 millones para financiar su campaña electoral.
Las autoridades de Malta hicieron referencia a la extradición de Ramos que había sido requerida por el juez federal Sebastián Casanello, que intentó que este argentino radicado en Suiza declarara por la causa conocida como “la ruta del dinero K”. Ramos es un viejo conocido en los tribunales de Comodoro Py. De 57 años, nacido en la provincia de Córdoba, Ramos tiene pasaporte italiano pero reside en Suiza desde principios de los 2000. Casanello dio por probado que su empresa Helvetic Service Group funcionó como una sociedad vehículo y fachada para que Báez, sus hijos y su entorno lavaran al menos USD 33 millones, fugándolos al exterior y reingresándolos en bonos de la deuda argentina. Las maniobras de blanqueo fueron realizadas desde fines de 2010 hasta principios de 2013, a través de una red de empresas offshore que controlaba cuentas bancarias en Suiza.
No es el primer indicio de que prestó servicios para Venezolanos. Infobae reveló en FinCEN Files que Ramos actuó como testaferro de la familia Ceballos en Venezuela. Liderada por Alejandro Ceballos Jiménez, un magnate de la construcción con lazos estrechos con el gobierno chavista, el clan familiar es dueño de empresas sospechadas de maniobras de corrupción con funcionarios de ese país. El abogado cordobés figuró como “accionista nominal” y director de Sarleaf Limited, una firma creada por la familia Ceballos, un clan dedicado a la industria de la construcción y la obra pública, y sospechado de actos de corrupción en Venezuela.
El presente de Ramos es una incógnita, aunque las últimas noticias que pudo reconstruir Infobae es que su estado de salud era delicado hace unos meses. Cuando la Justicia argentina reclamó su extradición a Suiza para investigarlo por “la ruta del dinero K”, este cordobés vivía en un pueblito suizo de Ticino, un cantón al sur de los Alpes donde se habla italiano. Pero ese país rechazó el pedido del juez Casanello.
El otro argentino
La investigación por los millonarios fondos de PDVSA comenzó en 2016, cuando la Justicia de Estados Unidos recibió una denuncia anónima de un involucrado en una red de lavado proveniente de la corrupción chavista. Como parte de esas operaciones, la persona habría recibido USD 78 millones para invertir en Miami, dinero generado mediante préstamos espurios con PDVSA, relató la fuente. La investigación logró finalmente desmantelar una red global de blanqueo de dinero que movió fondos por 1200 millones de dólares, todos del Estado venezolano, un caso conocido como “Money Flight”. Lejos de concluir, la investigación judicial tuvo ramificaciones en España y en Argentina.
La investigación de la justicia española tuvo un quiebre en 2018, cuando la Policía Nacional lanzó la operación “Carabela”, que contó decenas de allanamientos y la detención, entre otros, de un argentino: Luis Fernando Vuteff. Como parte de la operación, se embargaron 115 inmuebles en España por un valor aproximado de 60 millones de euros. Vuteff fue liberado un año después, pero la investigación continúa adelante en los juzgados de Madrid.
Vuteff era el administrador de Columbus One Properties, el hombre que manejaba entre Madrid y Caracas esta gestora de capitales que se dedicaba a comprar inmuebles en España. Desde allí le habría dado servicio a exfuncionarios y contratistas de PDVSA para la compra de propiedades y hoteles en ese país. El argentino comparte esa sociedad con José Vicente Amparán Croquer, uno de los venezolanos acusados en Estados Unidos por el presunto blanqueo de esos 1200 millones de dólares.
Como ocurre con Ramos, el nombre de Vuteff también está presente en los tribunales argentinos. La Justicia investiga las inversiones de este empresario por presunto blanqueo de dinero de la corrupción chavista a través de la compra de activos en el país por al menos tres millones de dólares. Vuteff compró propiedades, vehículos de lujo y otros activos financieros en la Argentina, según consta en una investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
La denuncia de la fiscalía detalla que Vuteff y su familia compraron cuatro inmuebles, dos camionetas importadas y, además, adquirieron más de un millón de dólares en el mercado cambiario entre 2015 y 2018, período en el que el empresario no registró ningún ingreso formal en la Argentina. Grandes movimientos de dinero en efectivo, transferencias bancarias fraccionadas, viajes relámpago a Montevideo y Madrid, y la adquisición de Cedines, un elemento financiero que habilitó el blanqueo de 2013, llamaron la atención de las autoridades argentinas.
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