El caso de M, la niña en situación de calle que fue presuntamente secuestrada y apareció 72 horas después, permitió por un instante visibilizar lo que viven cientos de miles de chicos que en la Argentina tienen vulnerados hasta el último de sus derechos: no tienen donde vivir, no pueden ir a la escuela y ni siquiera acceden a beneficios estatales pensados para las poblaciones vulnerables. “Más de 300.000 niños y niñas de todo el país están fuera del sistema, en la indigencia y privados de todo”, afirma Ianina Tuñón, investigadora responsable del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), de la UCA. Según sus cálculos, un 2,4% de la población infantil se encuentra en una marginalidad extrema. “Son las infancias que no solamente viven en el umbral inferior de la indigencia, sino que no tienen un espacio de vida, de hábitat propio, que muchas veces están en la calle, no tienen inserción escolar ni periodicidad en la atención de su salud”, detalla Tuñón.
Son unos 316.000 chicos y chicas de entre 0 y 17 años, con una fuerte concentración entre los 5 y 12 años y una mayor presencia en el Gran Buenos Aires, en el conurbano bonaerense y, en menor medida, en otras áreas metropolitanas del interior, como Rosario, Córdoba y Tucumán.
En este sentido, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, reconoció ayer, durante una reunión del Consejo Federal de Desarrollo Social (Cofedeso), que “el nivel más bajo de la pobreza está en la infancia”, y por eso realizó una serie de anuncios que apuntan a contrarrestar esta realidad.
Los chicos durmiendo en las veredas, revolviendo la basura, sin acceso a todas las comidas o en las colas de los comedores, confirman una vez más la especial vulnerabilidad de la infancia a la pobreza. Es que vivir en la calle o en una situación de extrema indigencia establece las bases de una privación estructural que se manifiesta en todos los aspectos. Tuñón explica que no es una problemática nueva, pero sí una “sistemáticamente creciente a lo largo del tiempo” y que se vio agravada por la pandemia. “Obviamente –agrega–, sufren muchos problemas para poder alimentarse, pero estar fuera del sistema significa además que no conocen lo que es un otro diferente al adulto que tienen al lado, es decir, se ven privados de procesos de socialización más ricos, porque muchas veces ni siquiera están escolarizados”. A su vez, esos adultos también tienen muchos problemas de malestar psicológico, estrés, consumos problemáticos, incapacidad de afrontamiento o construcción de un proyecto. “Son como niños a la deriva”, resume la responsable del ODSA.
Francisco Rodríguez, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y del colectivo Infancia en Deuda, destaca que las niñas, niños y adolescentes que viven en situación de calle están más expuestos a hechos de violencias de todo tipo, incluida la institucional. “Afrontan muchísimos inconvenientes para acceder a derechos humanos en general. Por eso, se requiere una intervención urgente del Estado”, enfatiza.
Pese a la gravedad de lo experimentado por las infancias en pobreza extrema, más allá de las estimaciones del ODSA, no hay cifras precisas. “Ni siquiera son un número. Aunque estas infancias deberían ser la razón de ser de las defensorías del niño y de las políticas públicas, no sabemos cuántos son exactamente ni cómo están distribuidos en las ciudades de la Argentina”, afirma Tuñón.
Para Rodríguez, esa “falta de producción de información e investigación de los estados nacionales y provinciales” un poco explica la carencia de diagnósticos acertados y precisos en relación, por ejemplo, a mostrar cuántos niñas y niños no tienen techo. “El último censo realizado por organizaciones sociales en la ciudad de Buenos Aires, en 2019, reveló que alrededor de 7.251 personas viven en situación de calle, de las cuales más de 871 son niños y niñas”, detalla Rodríguez y adelanta que están trabajando en un futuro relevamiento junto al gobierno porteño y otras organizaciones.
Soluciones que no alcanzan
Respecto a las políticas que buscan hacer frente a este cuadro, Tuñón considera que “pese a que los gobiernos han tomado medidas como reforzar la transferencia de ingresos, con la Tarjeta Alimentar, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la ya existente Asignación Universal por Hijo, eso no alcanza para erradicar ni bajar las cifras”. En todo caso, aclara, “sí, permitió que la indigencia no escale a un 40% y la pobreza, a más del 70”. Además, hay que tener en cuenta que muchas de estas personas, por no tener DNI de ellas mismas o de los niños, no pueden acceder a este tipo de beneficios.
Rodríguez detalla que, hasta el año pasado, los cálculos de Unicef eran que cerca de 1.200.000 menores, por ejemplo, no accedían a la AUH. Y si bien en 2020 se firmó un decreto para incorporar a 700.000 chicos y chicas, todavía hay miles que no perciben la Asignación. “El Estado tiene que salir a buscar activamente a estas niñas y niños, y, por ejemplo, si hay una problemática asociada a la falta de documentos, garantizar el acceso”, sostiene el integrante de Infancia en Deuda.
Otro punto son los montos entregados. “A febrero de 2021, la comparación daba que la AUH garantiza solo un 15,8% de la canasta básica total y un 30,4% de la canasta básica alimentaria”, detalla Rodríguez. Desde su mirada, si bien la considera “una política muy significativa y muy relevante para que los niños y las niñas salgan de situaciones más críticas de indigencia”, es evidente que las cifras entregadas, pese a los diversos aumentos, “no son suficientes y ni hablar para quienes no acceden”.
Tuñón va un paso más allá: “La transferencia de ingresos es una política que, podríamos decir, llegó para quedarse, pero es muy necesario que se activen las políticas de creación de trabajo”. La investigadora del ODSA entiende que esto no solo es importante en lo económico, sino que también es necesario para que las niñas y los niños se socialicen en hogares donde vean trabajar a sus padres. “Para reconocer el valor del trabajo, de las rutinas, del esfuerzo. En eso hay que trabajar fuertemente”, destaca.
De hecho, ante los integrantes del Cofedeso, el ministro Arroyo aseguró que en 2021, junto con la generación de 300.000 puestos de trabajos –que implica que una persona en el sector informal logre superar el ingreso mínimo— se crearán también 800 jardines para las niñas y los niños de todo el país.
Además, los especialistas consultados hacen hincapié en que hay que enfocarse en que los Estados garanticen en concreto los derechos tutelados. “Si nos jactamos de tener una educación y una salud públicas, entonces que sean realmente de calidad y que en esos servicios podamos lograr más equidad desde el inicio de la vida. En eso tenemos deudas muy importantes, y esta pandemia puso en evidencia esas desigualdades de una manera bastante escalofriante”, subraya Tuñón.
Por ejemplo, Rodríguez recuerda la dificultad de muchas familias para conseguir vacantes en el nivel inicial en la Ciudad, sobre todo “para quienes están expuestos a un altísimo grado de vulneraciones de derechos”. Por eso, desde Infancia en Deuda insisten en que es fundamental que los organismos de protección de las infancias provean rápidamente una red de contención a las familias en situación de calle, incluidas soluciones habitacionales permanentes. Pero, para eso, “el primer paso es que el Estado se interese y haga un diagnóstico de cuántos son y quiénes son estos niños y niñas”, concluye Rodríguez.
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