Política

Enormes pérdidasEmiliano Durand recurriría a la justicia por el abandono de la obra del Canal Irigoyen en la gestión de Bettina Romero

El Intendente de Capital, además, adelantó la planificación en obras, a partir de marzo, para dar respuesta a los reclamos de los vecinos de la ciudad.

En oportunidad de los actos por el 211° aniversario de la Batalla de Salta, el intendente de la Ciudad de Salta, Emiliano Durand habló, en Aries, sobre el plan de obras de su gestión en el corto plazo y la obra abandonada en la gestión de Bettina Romero en el canal de la Yrigoyen.

“Tenemos una planificación de inversión sobre todo en arreglo de calles que es lo que la gente más demanda”, manifestó el jefe comunal, y añadió, que luego de la temporada de lluvias, estimó en marzo, “le vamos a dar prioridad al arreglo de las calles, arreglo de las plazas y el reemplazo de luminarias”, detalló.

Durand recordó que de un relevamiento del estado de las calles de ejido municipal, se determinó priorizar las grandes avenidas, por donde transitan las líneas de colectivos en los barrios, luego las calles secundarias para continuar con las calles que bordean a los establecimientos educativos y centros de salud.

En otro orden, el Intendente, se expresó sobre el reclamo, junto a sus pares del país, por el subsidio al transporte.

“No son ayudas, son derechos que tienen tanto las provincias como municipios y están reconocidos por leyes nacionales”, evaluó, y adelantó que no descartan los reclamos por todas las vías que la ley habilita.

Otro tema al que se refirió fue a las obras inconclusas de la gestión de Bettina Romero en el canal de la Yrigoyen.

“Está en la unidad de renegociación de la UNACODE, se intimó a la empresa y sino hace las obras que están a su cargo, se pasarán los antecedentes a la justicia”, remató.

El jefe comunal creó, a través del Decreto N° 0293, la Unidad de Análisis de Contratos y Deudas (UNACODE), para el análisis de toda la documentación respaldatoria de las diferentes deudas pendientes al 10 de Diciembre de 2023, como también de toda aquella documentación que dio lugar a contratos de obras públicas, servicios públicos, suministro y otras prestaciones en curso de ejecución; ello con el objeto de verificar la existencia de elementos suficientes que acrediten su legalidad normativa, contractual, presupuestaria y financiera.

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