Tras la promulgación, se designará a Abel Cornejo como nuevo ministro de Seguridad.
El Senado sancionó ayer las modificaciones solicitadas por el gobernador Gustavo Sáenz en la ley de ministerios.
Los senadores también aprobaron la ley para prorrogar dos años mas, hasta el 31 de diciembre de 2023, los desalojos judiciales a familias rurales y pequeños productores.
El cuerpo no trató la ley de emergencia sociosanitaria para Orán, San Martín y Rivadavia. Este proyecto, que ya tiene media sanción de Diputados, ingresó en la tarde de ayer al Senado, se explicó.
La inclusión de Seguridad en el esquema de Justicia, que estaba en la cartera de Gobierno, pone al procurador Abel Cornejo a la puerta de asumir como nuevo ministro de Seguridad provincial.
Con el visto bueno de las dos cámaras legislativas, la ley que modifica la estructura ministerial pasó al Ejecutivo para la promulgación.
El titular de la comisión de Legislación General, Dani Nolasco, destacó que los cambios son una herramienta para el desarrollo de las acciones del Gobierno provincial.
«Son en beneficio del trabajo gubernamental y de la sociedad salteña toda», señaló el senador por La Poma.
Tras la sesión, Nolasco opinó que Abel Cornejo es una persona con una formación integral, con conocimientos en materia de justicia y que ahora se encargará de llevar adelante las políticas de seguridad, «un tema muy candente» en la provincia.
Desalojos rurales
En la sesión de ayer el Senado también sancionó la ley que prorroga por dos años mas, hasta el 31 de diciembre de 2023, los desalojos judiciales a familias rurales y pequeños productores.
Con esta ampliación se pone freno hasta la nueva fecha las ejecuciones de sentencias, medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación o modificación de la situación de hecho de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios que se encuentren en casos previstos en los artículos 1.898 o 1.899 del Código Civil y Comercial.
La medida fue establecida a través del artículo 9§ de la Ley 7.658, sancionada en 2010. Dispone un programa de regularización de dominio y asistencia, confección de un registro y beneficios para desarrollo agroindustrial y productivo de estos sectores. Varias acciones por parte del Estado siguen pendientes.
En la sesión de ayer el senador Carlos Rosso insistió para que Aguas del Norte responda por escrito pedidos de informes sobre la crisis del agua y advirtió que si hasta el martes no hay respuestas «vamos a actuar de otra manera».
De esta manera, aludió a la posibilidad de requerir la presencia de los responsables de la empresa en el recinto de la Legislatura.
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