Condena de 6 años a prisiónEl fiscal Diego Luciani apeló el fallo contra Cristina Kirchner, pidió que sea condenada por asociación ilícita y acusó a Alberto Fernández de avalar la corrupción

El funcionario criticó a los jueces de la mayoría con acidez al hablar de miopía, dijo que el actual gobierno es “condescendiente” con la corrupción y que los condenados actuaron con “cinismo”.

El fiscal federal Diego Luciani apeló la condena a seis años de prisión impuesta a Cristina Kirchner por fraude en el caso Vialidad y solicitó ampliarla para que la vicepresidenta sea condenada también por el delito de asociación ilícita. En su texto denunció también que el actual gobierno es “condescendiente” con la corrupción y que el presidente Alberto Fernández viene agraviando a los jueces y fiscales que intervinieron en el caso.

“Si en el supuesto más grave de corrupción de la historia de nuestro país, en el cual se encuentran reunidos y acreditados todos los requisitos legales, no hay asociación ilícita, ¿en qué caso la habrá?”, se preguntó con amargura Luciani en su extenso recurso ante la Casación, para fundar su pedido.

También acusó a los condenados de mostrar “cinismo al intentar colocarse como víctimas de una imaginaria persecución judicial, lawfare o un fantasioso plan de proscripción que no es más que un nocivo recurso retórico de emergencia relacionado con el aspecto político, ante la falta de estrategias defensivas eficaces para revertir la prueba irrefutable que las condenó”.

El escrito, de 528 páginas, busca revisar, además, la absolución que recibieron los exfuncionarios kirchneristas Julio de Vido y Abel Fatala, Héctor Garro y Carlos Kirchner en el juicio. Para ellos, Luciani también había pedido condenas en la causa en la que se constataron irregulares en la entrega de obras públicas en Santa Cruz para el empresario kirchnerista Lázaro Báez. Las apelaciones deberán ser analizadas ahora por la Cámara Federal de Casación Penal.

Luciani apuntó directamente en su escrito contra el gobierno de Alberto Fernández. “Vemos con suma preocupación –por la inusitada gravedad institucional y el menoscabo a la independencia de la Justicia– que, desde los poderes del gobierno actual, existe una sorprendente resistencia a que se pongan límites a estas acciones criminales, y una condescendencia inadmisible con la gran corrupción”, advirtió.

Luciani fue ácido en su texto en el que criticó, por momentos, con aspereza el voto de la mayoría del tribunal compuesta por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, que entendieron que solo se se debia condenar por fraude y no por asociación ilícita. Por eso, los jueces impusieron a Cristina Kirchner una pena de 6 años de prisión y no de 12 años como había el fiscal.

“¿Qué más necesitaban los jueces de la mayoría para subsumir esta conducta en el tipo penal correcto? La respuesta es sencilla: absolutamente nada; tan solo aplicar la ley”, escribió el fiscal.

Luciani afirmó: “Solo una visión miope y sesgada de la prueba producida durante el debate puede interpretar ello [la inexistencia de una asociación ilícita], exclusivamente, como el agotamiento del delito de administración infiel”.

Habló de una “grave yerro” y dijo, con ironía, que iba a “resistir jurídicamente la proscrpción del delito de asociación ilícita” cuando se trate de aplicarla a la administración pública.

En cambio, el fiscal elogió el voto del tercer juez, Andrés Basso. Habló del “impecable” voto del doctor Basso que hizo una “sana y ajustada intrepretación del tipo penal de la asociación ilícita” y calificó su voto de “distinguido” . Habló no solo de su “acierto” al considerar el delito de asociación ilícita sino también de su “determinación”.

Luciani dijo que el alegato es una “pieza procesal categórica, irrebatible y aplastante” para los acusados y que la sentencia mostró “de manera palmaria el acto de corrupción más grave de la historia de nuestro país desde el advenimiento de la democracia”.

“Entre 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una auténtica asociación ilícita que creó, diseñó, proyectó y ejecutó un plan sistemático de corrupción. Se trató de una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país, debido a sus características inusuales, su complejidad y a su extensión en el tiempo merced a la decisión de quienes ocuparon las jerarquías más altas del Poder Ejecutivo Nacional”, escribió el fiscal.

Dijo que si bien solo el juez Basso consideró con “acierto y determinación” que los acusados cometieron el delito de asociación ilícita, “sinceramente no comprendemos los motivos por los cuales la mayoría del Tribunal no acompañó la lógica hermenéutica de aquel magistrado”.

Su argumento es que la descripción de los conductas que hicieron los jueces de la mayoría se ajustan al tipo penal de asociación ilícita. “Se trataba de un ‘traje a´medida’ y la mayoría del Tribunal convirtió esta figura en un ‘traje estrecho’ o, peor aún, en un tipo penal prácticamente inaplicable para casos de corrupción”, se quejó Luciani.

Dijo que el razonamiento de Gorini y Giménez Uruburu es “inadmisibe, contrario a los postulados doctrinarios y jurisprudenciales nacionales e internacionales más básicos, como resultado de un llamativo esfuerzo intelectual, absolutamente sesgado”.

Habló de Gorini y Giménez Uriburi “se escudaron en una ficción jurídica, efectuaron una interpretación inédita, forzada y errada de la figura penal y hasta se atrevieron a añadirle al tipo penal exigencias imaginarias” que no están contempladas.

Insistió el fiscal es que se trató de “una asociación ilícita piramidal, en la que los exjefes de Estado estuvieron en la cúspide, como jefes de la asociación; y diversos funcionarios públicos la integraron y la organizaron de manera de ejecutar los aportes necesarios para llevar a cabo la maniobra”.

Dijo que lo hicieron valiéndose de las competencias de sus cargos y del “poder político que ejercían”. Su finalidad fue “detraer los fondos del Estado para un beneficio particular o de un tercero” y para lograrlo “se eligió la adjudicación de obras viales en Santa Cruz y, así, se direccionó la obra pública de esa provincia a Lázaro Báez, amigo del entonces presidente de la Nación y socio comercial de este y su esposa en negocios y contratos privados obscenos”.

Reiteró la idea de que “se convirtió a Lázaro A. Báez, de la noche a la mañana, en un empresario de la construcción” y asi se creó “un sistema de corrupción institucional aceitado y eficiente que contó con mecanismos de manipulación de la contratación pública, en el cual se violentaron todos los principios esenciales que la regulan”.

Criticó a algunos de los condenados y a algunos medios que dijo que actuaron con cinismo y habló de que utilizaron una “manipulación maliciosa”. “No se trató de una, dos, tres o cuatro licitaciones públicas ilegales, sino que fueron cincuenta y un proyectos delictivos diferentes amañados en los que se cometieron todo tipo de tropelías, abusos de poder e ilegalidades para que Lázaro A. Báez fuera beneficiado ilegalmente con obras públicas ejecutadas de manera aviesa y para obtener así recursos económicos millonarios”.

Aclaró que no todo el Gobierno de Cristina Kirchner fue una asociación ilícita, sino “cinco funcionarios infieles que se apartaron de su verdadera misión, con la grave particularidad de que algunos de ellos eran los máximos responsables políticos de la administración general del país y los otros ocupaban cargos jerárquicos en el Poder Ejecutivo”.

Dijo que montaron una organización criminal por su su efectividad al desarrollar las actividades ilícitas; el colosal monto defraudado; su permanencia en el tiempo; el poder real de decisión que tenía tanto en la Administración pública nacional como en la provincia de Santa Cruz; la estrecha relación de confianza y cercanía de sus miembros, la pertenencia férrea e indisoluble; la sujeción de sus integrantes a estrictos códigos de comportamiento y de silencio –que perduran hasta la actualidad, sin la más mínima manifestación de arrepentimiento–; la capacidad de parasitar o desmantelar todo el sistema de control y de destrozar los principios que regulan la contratación pública por medio de fórmulas de aparente legalidad, y el dominio absoluto del plan y el poder de neutralizar o paralizar cualquier investigación de los organismos que estaban bajo su órbitaPara que se entienda

“Para que se entienda bien, estamos hablando de 12 años consecutivos e ininterrumpidos de corrupción en la obra pública de Santa Cruz”, dijo Luciani.

Si el tribunal coincidió con esta mirada de Luciani, el se preguntó poeque no condenaron por asociación ilícita entonces. “Frente a la flagrante contradicción entre la valoración de la prueba y sus conclusiones, surge un segundo interrogante: ¿Qué más necesitaban los jueces de la mayoría para subsumir esta conducta en el tipo penal correcto? La respuesta es sencilla: absolutamente nada; tan solo aplicar la ley.

Fue enfático por escrito tanto como lo fue ante el tribunal en su alegato: “No vamos a consentir la impunidad de las personas condenadas por graves hechos de corrupción y menos que se pretenda cancelar, acallar o censurar la discusión real que tenemos que dar jurídicamente. Estamos persuadidos de que, de tolerar la inadmisible línea de interpretación de la mayoría del Tribunal, el tipo penal se transformará en letra muerta y tendrá un efecto meramente simbólico, aplicable a casos menores y no a aquellos que tengan verdadera relevancia institucional”.

Dijo que con esta interpretación se daría “carta blanca (del francés carte blanche) a quienes traicionaron la confianza de la ciudadanía. Es decir, significaría darles un permiso tácito par que estas acciones, que provocan intranquilidad pública y desasosiego en la sociedad, vuelvan a cometerse con total impunidad”.

“Téngase en cuenta que, en un país donde los niveles de pobreza son alarmantes, la corrupción sistemática tiene una entidad más perversa, pues se le quitan a la sociedad recursos que no abundan. Es decir, se le sustrae lo que falta y no lo que sobra”, dijo en un párrafo de su escrito y señaló que “el desapoderamiento de recursos estatales por parte de quienes tienen el deber de cuidarlos y manejarlos con suma prudencia, transparencia y probidad se erige en un atentado contra el sistema democrático”.

LO ocurrido dijo “jamás puede constituir una persecución política porque se trata de una obligación legal que hace al rol de los jueces. Son funciones constitucionalmente asignadas que suponen uno de los pilares esenciales del régimen republicano de gobierno”.

“Ante el inconmensurable daño cometido a las arcas del Estado y la colosal defraudación desarrollada durante 12 años, resulta ofensivo el papel que pretenden asumir las personas que fueron condenadas por haber cometido uno de los casos más graves de corrupción en los últimos 40 años de democracia”, se quejó Luciani.

Dijo: “Vemos con suma preocupación –por la inusitada gravedad institucional y el menoscabo a la independencia de la Justicia– que, desde los poderes del gobierno actual, existe una sorprendente resistencia a que se pongan límites a estas acciones criminales, y una condescendencia inadmisible con la gran corrupción”.

“Es alarmante que, en un Estado de Derecho, se realicen cciones públicas directas tendientes a influir en las decisiones de la Justicia, a sabiendas de que eso está vedado expresamente por la Constitución Nacional y por los pactos internacionales incorporados a ella”, denunció el fiscal y dijo que “algunos ministros y funcionarios del gobierno actual realizaron inútiles esfuerzos por descalificar la sentencia. Y lo hicieron sin ningún tipo de rigurosidad jurídica ni el más mínimo análisis de los fundamentos del fallo. Más alarmante aún, es que lo hayan hecho sin preocuparse por la degradación institucional que provocan estas acciones temerarias”.

Dijo que las acusaciones de Alberto Fernández son un “impensado e inconcebible modo de proceder” y uun “patético medio de ejercer una influencia indebida a la Justicia” realizada frente a dos jueces de la Corte que deben eventualmente interveir en este caso.

“La Justicia debe permanecer imperturbable, aferrada a la Constitución Nacional y a las leyes que son su derivación. Es necesario resistir todo intento de socavar la independencia judicial”, advirtió Luciani y llamó a “no sucumbir, ceder o claudicar ante las presiones, ni mucho menos callar o mirar hacia un costado. Por el contrario, tenemos la obligación de denunciar la violación flagrante de la Constitución Nacional cuantas veces sea necesario”.

“Frente a las afrentas de un gobierno, alzamos nuestra voz para seguir cuidando el equilibrio entre los poderes y para que la sociedad, los organismos de derechos humanos y los tribunales internacionales estén alertados de los ataques continuos a la independencia del Poder Judicial en la Argentina”, enfatizó.

Dijo que cuesta recordar en la historia de la democracia una agresión tan directa y desestabilizadora de la independencia del Poder Judicial como la que viene sucediendo en el último tiempo” y que “esta perniciosa práctica nos pone a prueba y muestra que la aprobación de declaraciones constitucionales de independencia judicial no crea automáticamente una Judicatura independiente. La independencia judicial tiene que ejercerse diariamente, fortalecerse y defenderse con templanza”.

“Este proceso penal debe marcar un antes y un después en materia de corrupción en la Administración pública y, en especial, en la contratación pública. Sin embargo, hoy vemos atónitos cómo los poderes del gobierno presionan de manera inadmisible a la justicia e inexplicablemente intentan proteger a las personas condenadas por graves hechos de corrupción.

“La obstinación del poder político por lograr la impunidad de las personas corruptas por fuera de los andariveles jurídicos ha pretendido invisibilizar que la condena a la que se arribó es el resultado de un juicio oral y público justo”, consideró. “Hoy, más que nunca, los jueces están llamados a ocuparse de los alores sociales y de los derechos humanos avasallados por la corrupción. Esperamos que sean capaces de trascender y dar un verdadero salto de calidad institucional. Solo así la Justicia podrá poner, de una vez por todas, un límite justo y firme a la gran corrupción”, dijo el funcionario.

El tribunal que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos entendió que la maniobra criminal por la cual se otorgaron obras públicas sin control al empresario Lázaro Báez tenía como objetivo asegurar el beneficio económico de Néstor Kirchner y de la vicepresidenta, y que el delito perjudicó al Estado en 84.335 millones de pesos.

Tal es así que dio por probado que ambos tenían negocios juntos, propiedades, alquileres y que se deba una transferencia de dinero entre el patrimonio de Báez, abultado merced a la obra pública y le de la familia presidencial. Tanto creció la fortuna de Báez que pasó de de declarar en 2002, unos 333.28 dólares, a declarar en 2014, un total de 16.065.176 dólares. es decir un 4720 % más.

Los jueces difundieron en marzo pasado las 1616 páginas de los fundamentos en una extensa sentencia, en la que explicaron las razones que los llevaron a considerar a la vicepresidenta responsable del delito de defraudación contra la administración pública por favorecer a Báez en las licitaciones de obras públicas en Santa Cruz.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso notificaron a la fiscalía a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola, y a los abogados de los acusados, subiendo el documento a la plataforma digital donde se vuelca el expediente. Poco más de un mes después, Luciani apela la decisión y reclama que a la vicepresidenta también se la condena por asociación ilícita, tal como lo había solicitado en sus exposición final durante el juicio.