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Cuadernos de las coimas KEl fiscal ante la Cámara rechazó pedir la prisión preventiva para Paolo Rocca

Germán Moldes decidió no respaldar el pedido que habían realizado Carlos Stornelli y Carlos Rívolo días atrás. También alcanza a Abal Medina.

El fiscal ante la Cámara Federal porteña, Germán Moldes, desistió este miércoles de pedir la prisión preventiva para el CEO de Tenaris, Paolo Rocca, y del ex jefe de Gabinete kirchnerista Juan Manuel Abal Medina. La medida alcanza también a otros involucrados en la denominada causa de los cuadernos de las coimas. 

En un dictamen entregado a la sala I de la Cámara Federal que debe revisar los procesamientos, el fiscal ante esa instancia desistió de pedir las detenciones de los empresarios Rocca, Alberto Padoan, Rubén Aranda y de los ex funcionarios Abal Medina y Hugo Larraburu (que se desempeñaba bajo la órbita de Abal Medina).

«Entiendo que no hay riesgos procesalesque conminar con una detención preventiva», sostuvo. De esta forma, Moldes decidió no respaldar el pedido de prisión preventiva que días atrás habían hecho los fiscales del caso Carlos Stornelli y Carlos Rívolo.

«Los antecedentes de su participación y sujeción al proceso no permiten inferir que en el futuro no se someterán a las obligaciones del mismo o a las impuestas por el juez de la causa», sostuvo en el dictamen. 

«Creo que nada impone la necesidad de que los cinco mencionados pasen el proceso privados de su libertad», concluyó.

En ese mismo texto sí respaldó la apelación de los fiscales que pidieron a la Cámara confirmar el procesamiento de los cinco acusados como miembros de asociación ilícita y agravar el delito de dádiva a cohecho.

El Tribunal de Apelaciones realizó el viernes último la audiencia para recibir los argumentos de las defensas de los procesados en esta parte de la causa y de la fiscalía y se calcula que resolverá después de la feria judicial de enero.

Rocca fue procesado por el juez Claudio Bonadio como miembro de la asociación ilícita que comandó Cristina Kirchner y que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales. Además, le trabó un embargo de 4.000 millones de pesos.

Posteriormente, Stornelli y Rívolo le pidieron al magistrado que el procesamiento sea con prisión preventiva, tal como ocurrió con varios empresarios que están involucrados en la investigación.

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