El Departamento Técnico Científico del Área Ambiente del CIF también señala que “el valor obtenido para el parámetro de DQO supera ampliamente lo establecido en la normativa legal”. El fiscal Civil, Comercial, del Trabajo y en lo Contencioso Administrativo Nº 1, Rodrigo Erazo Schmidt, solicitó la suspensión provisoria de la actividad industrial que realiza la firma en Atocha.
El fiscal Civil, Comercial, del Trabajo y en lo Contencioso Administrativo Nº 1, Rodrigo Erazo Schmidt, solicitó al Juzgado Civil y Comercial la suspensión provisoria de la actividad industrial que realiza la firma Lauju SRL (ex Jamo), en un inmueble de Atocha, en el municipio de San Lorenzo.
La medida cautelar genérica –que se sustenta en los principios precautorio y de prevención que rigen en materia ambiental- fue solicitada luego de que el Departamento Técnico Científico del Área Ambiente del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) confirmara que “los efluentes vertidos sobre el curso de agua (arroyo Isasmendi) poseen, en su composición química, metales pesados tales como Cromo, Cobre y Manganeso. Asimismo, el efluente analizado en el punto de vuelco detectado sobre el arroyo Isasmendi posee las mismas especies químicas (Cromo, Cobre y Manganeso) que las encontradas en la pileta de tratamiento de la firma Lauju.
El informe del CIF también señala que “el valor obtenido para el parámetro de DQO supera ampliamente lo establecido en la normativa legal (resolución Nº 011/01SEMADES para volcamiento de efluentes líquidos a cuerpos de agua superficiales)”
Basado en los resultados brindados por el CIF, Erazo Schmidt consideró que “resulta evidente y palmaria la urgente necesidad de hacer cesar los efectos degradantes para el medio ambiente y para la salud de las personas que implica el derrame de efluentes con metales pesados sobre aguas de un arroyo y el desarrollo de la actividad altamente contaminante sin cumplir con los recados legales exigidos por las autoridades estatales con competencia ambiental en defensa y protección del medio ambiente y los derechos de incidencia colectiva en general”.
Cabe recordar que el 7 de junio pasado, la Procuración General promovió una acción de Amparo Ambiental Colectivo en contra de la firma Lauju SRL (ex Jamo), en defensa y protección del medio ambiente y los derechos de incidencia colectiva en general.
Ello, porque a pesar de las reiteradas intimaciones efectuadas tanto por los organismos estatales con competencia ambiental como por el Ministerio Público Fiscal, Lauju omitió cumplir con los recaudos legales exigidos para el desarrollo de su actividad de curtido de pieles de animales para convertirla en cueros (que desarrolla en un inmueble ubicado en Atocha, Municipio de San Lorenzo), careciendo de un Plan de Gestión de Efluentes Industriales líquidos y sólidos y del Certificado de Aptitud Ambiental (CAAM).
Como resultado del proceso, el juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, dispuso la comunicación pertinente al Registro de Procesos Colectivos de la Corte de Justicia de Salta y ordenó que la demandada presente en el plazo de 10 días –plazo que se cumplirá mañana- un informe circunstanciado, aportando todas las pruebas que estime pertinentes en sustento de sus derechos.
Cargando ...
Agregue un Comentario