«Para robar hay que ser inteligente y yo me considero inteligente».
La frase de Julio Antonio Jalit se hizo viral, meses antes de que perdiera la reelección a su intendencia, en Pichanal. Desde el 10 de diciembre de 2019, día en que dejó su cargo, se inició una profunda investigación que demuestra que, al parecer, cometió varios ilícitos, de manera no tan inteligente.
La fiscal penal Mónica Araceli Viazzi amplió la imputación contra Jalit, quien se encontraba imputado desde 2019 por supuesto enriquecimiento ilícito.
Viazzi empezó a investigar de oficio a Jalit, a raíz de las publicaciones del 12 de marzo de 2019, cuando llevaba 15 años y 3 meses de gestión al frente del ejecutivo municipal y en la que el imputado contaba con un patrimonio que superaba entonces los 500 millones, el cual se multiplicó desde 2005 con vehículos de alta gama, maquinarias agrícolas y equipos varios y más de una decena de fincas
Este lunes, se le imputaron también los delitos de estafa por fraude a la administración pública; negociaciones incompatibles con la función pública; peculado de servicios, todos hechos de forma reiterada; enriquecimiento ilícito reiterado; utilización de residuos peligrosos que contaminaron de un modo peligroso para la salud el suelo, el agua, la atmósfera y el ambiente en general; omisión maliciosa de presentar y por falsear u omitir insertar datos en las declaraciones juradas patrimoniales y fraude a la administración pública por administración infiel, en concurso real.
Jalit se presentó este lunes en la Fiscalía y anticipó que declarará por escrito. Además, la fiscal Viazzi citó a otras ocho personas, que serán imputadas por distintos delitos, entre este martes 25 de agosto y el martes 1 de septiembre próximo. De distintas manera, habrían participado en las maniobras fraudulentas que encabezó Jalit.
Viazzi decidió también imputar al extesorero municipal, Ricardo Murúa Enrique, por el delito de coautor del delito de estafa por fraude por ser en perjuicio de la administración pública, (hechos reiterados); y a César Gómez, (propietario de Mirador Servicios), como partícipe necesario de los delitos el delito de peculado de servicios y estafa por fraude en perjuicio de la administración pública (hechos reiterados). En tanto, a Luis Enrique Juárez (propietario de Servicios Generales Victoria); Renzo Reynaldo Ruiz (Contador Público Nacional), Sergio Daniel Castillo Jalit, (empresario); Sergio Castillo (empresario); Leonardo Darío Macaron y Lilia Amanda Klarmann, los imputará como participes necesarios del delito de estafa por fraude por ser en perjuicio de la administración pública (hechos reiterados).
Entre otros hechos, de la investigación surgió que el exjefe comunal emitió casi 1400 cheques irregulares, que sumarían más de $23.000.000 aproximadamente. El dato se suma a lo dicho en el primer decreto de imputación, en el que se señaló que Jalit “tuvo un incremento significativo de bienes desde el inicio de su gestión hasta su cese, de los ingresos derivados de la inyección de fondos de origen espurio e ilegal”. Muchos de esos 1400 cheques terminaron en negocios o empresas de los que él era dueño o socio.
Acerca de Servicios Generales Victoria y El Mirador, de propiedad Cesar Gómez y Luis Enrique Juárez, respectivamente, la funcionaria estimó que prestaron sus nombres a fin de aparecer como dueños de empresas unipersonales que ni siquiera declaraban ingresos en AFIP, pero figuraban en libros, bancos, órdenes de pagos, de compra y facturas, como encargados de realizar obras públicas. Pero, en realidad los montos dinerarios dispuestos por Jalit y Murúa a través de cheques, eran negociados o percibidos por Astillero SRL.
Además, Juárez y Gómez cobraban haberes en relación de dependencia con el Municipio. Sin embargo, Gómez no trabajaba y solo iba a cobrar mensualmente. En cambio, sí se desempeñaba en las empresas rurales privadas de Jalit.
También quedó comprobado que Jalit compraba combustible a la empresa Astillero SRL para sus fincas privadas y era proveedora del Municipio. Jalit y Murúa, con la participación de Renzo Ruiz, firmaban las órdenes de pago y cheques destinados a Macaron–Klarmann.
Además, se constató que las farmacias Rivadavia y Cejota SRL, pertenecen a la sociedad de hecho Jalit -Castillo Sergio y que recibieron pagos cuantiosos con títulos de crédito con fondos del Municipio. Hasta hoy, se contabiliza que se libraron 108 cheques a favor de Cejota SRL y 68 a favor de Farmacia Rivadavia.
Grave contaminación ambiental
Con respecto del delito de contaminación ambiental imputado a Jalit, se probó que el exfuncionario ejerció acciones claramente abusivas de su poder de intendente municipal, se introdujo invadiéndola en propiedad privada ajena y luego mandó a proceder al vertido y vaciado de la totalidad de la recolección de residuos domiciliarios, patógenos y líquidos cloacales en un sector cercano río San Francisco. Además de provocar la contaminación del suelo, aire, agua, atmósfera y en general el ambiente de un modo peligroso para la salud, puso en peligro a personas que realizan cirujeo y animales, de los cuales algunos son de consumo humano.
Es que por decisión de Jalit, se ocuparon dos inmuebles, donde se vertieron líquidos cloacales previa apertura de canales desagüe, que formaron una laguna y se originaron dos basurales. Tal acción fue demandada y tramitada en la justicia civil, que condenó al Municipio a pagar al propietario de un terreno, la suma de $ 3.500.000, al determinar que hubo negligencia del jefe comunal en las acciones realizadas sobre una fracción de 100 has correspondiente a uno de los inmuebles. La suma total de la condena no fue cancelada, lo que significó el embargo de la Coparticipación Federal Impositiva del Municipio.
Jalit, funcionario público desde 1991
Jalit fue proclamado como concejal en noviembre de 1991 y fue jefe comunal desde 2003 a diciembre de 2019. Viazzi empezó a investigar de oficio a Jalit, a raíz de las publicaciones del 12 de marzo de 2019, cuando llevaba 15 años y 3 meses de gestión al frente del ejecutivo municipal y en la que el imputado contaba con un patrimonio que superaba entonces los 500 millones, el cual se multiplicó desde 2005 con vehículos de alta gama, maquinarias agrícolas y equipos varios y más de una decena de fincas. A la investigación se sumó la información brindada por la Auditoría General de la Provincia.
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