El índice de precios tuvo en enero una variación interanual de 254,2%, mientras que los ingresos sufrieron subas mucho menores, del 97,3% al 167,3%: los haberes están congelados desde diciembre y en marzo deberá haber un reajuste por la ley de movilidad.
En enero de este año, los jubilados y pensionados de la Anses pudieron comprar con sus ingresos entre un 24,5% y un 44,3% menos de lo que podían adquirir con lo percibido en el primer mes de 2023. El dato muestra cómo se profundiza la caída del valor real de los haberes previsionales, que es dispar, dado que el trato que les dio a las jubilaciones el gobierno de Alberto Fernández frente a la alta inflación no fue igual para todos.
En el período de 12 meses terminado en enero, quienes tienen el haber mínimo perdieron 24,5%, quienes nunca cobraron bonos compensatorios tuvieron una caída de 40,5%, y para quienes un año atrás percibían un refuerzo y dejaron de cobrarlo en septiembre, el deterioro trepa a 44,3%. En 2023, medido el año de punta a punta, la pérdida para los bolsillos fue de entre 14,2% y 37,4%.
Según informó este miércoles el Indec, la inflación del primer mes del año fue de 20,6%, lo que significó una caída de los haberes en términos reales de 17% en tan solo un mes. En tanto, el aumento interanual promedio de los precios trepó a 254,2%, también según el organismo oficial.
Mientras tanto, los jubilados del sistema general de la Anses que nunca recibieron bonos -sino que solo vieron incrementado su ingreso según el índice de movilidad- son un 110,9% más altas que las de un año atrás. En tal caso, que es, por ejemplo, el de quien tiene un haber mensual de $250.000, la pérdida de valor es de 40,5%. Expresado de otra manera: si en enero de 2023 con el monto percibido se podía comprar el 100% de un determinado conjunto de bienes y servicios, en el comienzo de este año solo se pudo adquirir, con el ingreso, algo menos del 60%.
Los importes percibidos en enero y febrero son los mismos que los de diciembre, cuando se otorgó el último aumento según la fórmula de movilidad que rige desde 2021 (con la salvedad, claro, de que a fines de 2023 se recibió el aguinaldo). Pese a la elevada inflación, que en diciembre trepó a 25,5% y que en dos meses (el último de 2023 y el primero de 2024) acumuló un 51,3%, no se decidió ningún aumento de emergencia ni se estableció ningún refuerzo.
En rigor, para los jubilados del ingreso mínimo se repite en ambos meses el bono de $55.000 abonado en diciembre, y se les paga un plus de menor importe solo a quienes tienen un haber bruto mensual de hasta $160.713 (el adicional es equivalente a la cantidad de pesos necesaria para llegar a esta última cifra).
También se mantuvo sin cambios el suplemento, en estos meses, de hasta $22.207, para que el haber mensual (sin contar el bono) sea no inferior a $127.920. Este último número es el equivalente al 82% del salario mínimo, vital y móvil (que no varía desde diciembre). Existe una garantía legal, vigente desde 2018, por la cual el haber bruto no puede ser menor a ese valor de referencia. Esa garantía es válida solo para quienes se jubilaron sin moratoria, es decir, habiendo completado al menos 30 años de aportes (en el caso de quienes perciben el haber mínimo, el grupo que cumple esa condición es muy minoritario, tal como informó LA NACION días atrás).
La licuación de las prestaciones previsionales en un contexto de tan alta inflación explica en buena medida que se haya llegado al equilibrio financiero de las cuentas públicas anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en enero el Gobierno hizo un ajuste muy fuerte del gasto de la Nación en jubilaciones y pensiones: medido en términos reales (es decir, corregido por inflación) fue un 32,5% más bajo que el de igual mes de 2023.
En tanto, a solo dos semanas del inicio de marzo, no se sabe qué suba tendrán los ingresos según la ley de movilidad, ni tampoco se conoce qué ocurrirá con el bono pagado a quienes tienen ingresos más bajos. Según estimaciones de economistas, la fórmula creada por el gobierno anterior (que es compleja y no es transparente) arroja un resultado de entre 26,5% y 29,5%, muy lejos de la inflación del presente trimestre, que rondaría el 60%. Si no se pagara un adicional, muchos pasarían a cobrar menos que en el período de diciembre a febrero.
Caída dispar de la capacidad adquisitiva
Incluso con bonos, quienes cobran el haber mínimo tuvieron en los últimos 12 meses una pérdida de 24,5% de su poder adquisitivo. En enero de 2023 el ingreso básico era de $50.124 y se sumaba un refuerzo de $10.000; ahora el ingreso es de $105.713 y se agrega un plus de $55.000. En mano, eso implica un ingreso actual de $157.541.
A eso se suma el dato de que el costo de la canasta básica, es decir, el de los bienes más imprescindibles, aumentó interanualmente un 264,9%, según el Indec. Contra ese índice, las jubilaciones perdieron aún más que cuando se miden contra la inflación promedio; concretamente, cayeron en un año, dependiendo del nivel del ingreso, entre 26,7% y 46%.
¿Cuáles son los casos en los que la pérdida de poder adquisitivo es más pronunciada? Quienes tienen ahora un haber bruto de alrededor de $200.000 cobraban un año atrás un bono, pero dejaron de percibirlo en septiembre pasado. Alguien con un haber de $100.000 en enero de 2023, tuvo entonces un adicional de $7000, que luego bajó a $5000 y más tarde dejó de abonarse. Hoy ese jubilado tiene un ingreso, antes del descuento al PAMI, de $210.900 (neto, de $201.417), que sirve para comprar un 44,3% menos que lo que podía adquirirse con lo percibido un año atrás.
Una política distorsiva
La política de bonos, establecida por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner ante la insuficiencia de la fórmula de movilidad, provocó crecientes distorsiones y un achatamiento de la pirámide de ingresos, en el contexto de pérdidas del poder de compra para todos. La modalidad de actualizaciones trimestrales rige desde 2021 y fue propuesta por la gestión anterior, que mantuvo suspendida la ley previa durante 2020 para concretar un ajuste a la baja sobre las jubilaciones.
El desequilibrio provocado por esa estrategia se profundizó en la gestión de Sergio Massa en el ministerio de Economía, porque -como ya se explicó- se redujo el número de beneficiarios, y porque creció el peso que sobre el ingreso total tiene el bono que, al no estar incorporado al haber, podría ser quitado. Para el haber mínimo, de hecho, los $55.000 son hoy algo más del 34% del ingreso total de $160.713. A principios de 2023, el refuerzo de $10.000 representaba el 16,6% del total cobrado, de $60.124.
Esa ampliación de la incidencia del bono llevó también a acrecentar las distorsiones y la posibilidad de que, con un haber bruto más elevado que el mínimo, se perciba prácticamente lo mismo, o incluso menos en algunos meses. Ese efecto se da porque sobre el bono no se aplica ningún descuento, mientras que del haber propiamente dicho se resta el 3% para el PAMI si se trata del haber mínimo, o un porcentaje mayor y creciente si el ingreso es mayor.
Así, por ejemplo, con un haber bruto que, en función de los aportes, es de $170.000 -monto bajo, pero mayor en más de un 60% al básico- se cobra prácticamente lo mismo que con el mínimo, de $105.713.
En los últimos años, las políticas diferenciales según el nivel de ingresos llevaron a que las caídas de poder adquisitivo también fueran diferentes. Entre enero de 2020 y diciembre de 2023 los haberes perdieron entre 32,4% y 44,6%, en términos reales. Y si se mira lo ocurrido desde septiembre de 2017, el deterioro llega hasta el 55,4%.
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