Mirá cómo es la ley para menores en otros lugares: cuántos menores privados de la libertad hay en la Argentina y cuál es la postura de Unicef sobre cambios en la legislación.
La baja de la edad de imputabilidad volvió a ponerse en agenda. El Gobierno adelantó que trabajará en una propuesta al respecto. En la región, la edad mínima de responsabilidad criminal va desde los 7 años, en Trinidad y Tobago, hasta los 18 en Brasil, según un informe de Unicef.
«En muchos países hay un régimen intermedio de «responsabilidad social» de niños por debajo de la edad de responsabilidad criminal. Bajo esta perspectiva, niños por debajo de la edad mínima de responsabilidad criminal pueden estar sujetos a alguna forma de responsabilidad social, que incluye la posibilidad de sanciones», sostiene el estudio, titulado «Edades legales mínimas y la realización de los derechos de los adolescentes. Un repaso sobre la situación de América Latina y el Caribe».
«En los países en que existe esto, generalmente se aplica para acciones que son consideradas ofensas criminales cuando son cometidas por una persona por encima de la edad de responsabilidad criminal», señala Unicef.
La situación de los menores institucionalizados en Argentina
Según el último relevamiento realizado por Unicef, hay 1305 menores privados de su libertad en centros cerrados.
Casi la totalidad son varones, argentinos, mayoritariamente entre 16 y 17 años.
Al momento del relevamiento, el 6,3% eran niños menores de 16 años.
El 80% de adolescentes privados de su libertad se concentran en 5 jurisdicciones: Buenos Aires, Córdoba, CABA, Mendoza y Santa Fe.
La postura de Unicef
«La normativa a nivel nacional es incompatible con la Convención sobre los Derechos del Niño».
«De acuerdo al Régimen Penal de la Minoridad vigente desde el año 1980, entre los 16 y los 18 años de edad los adolescentes son punibles penalmente y tienen menos garantías procesales que los adultos».
«La ausencia de una ley marco nacional favorece discrepancias entre provincias».
«En el caso de los adolescentes menores de 16 años, aunque la ley vigente establece que no deben ser penados, en algunas jurisdicciones existe la posibilidad de que el juez dicte medidas de privación de su libertad, contraviniendo los estándares internacionales en materia de derechos humanos».
«La escasa implementación de medidas alternativas a la privación de la libertad y de justicia restaurativa, las malas condiciones edilicias de los centros de detención, el bajo grado de especialización del sistema de justicia juvenil así como el incumplimiento de sus derechos cuando están privados de libertad (acceso a una defensa efectiva, conocimiento del proceso penal al que se ven sometidos, acceso a la educación, al esparcimiento y a la salud) son retos que aún perduran en el sistema de justicia».
Unicef propone «la aprobación de una Ley de Justicia Penal Juvenil que no disminuya la edad de imputabilidad, que cree un sistema especializado en línea con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos, que garantice que cada adolescente sea sometido a un proceso penal con las debidas garantías, en el que se le apliquen -como regla- medidas no privativas de la libertad, dejando como sanción excepcional (solo en casos de extrema necesidad) la restricción de la libertad personal»
«Es clave que una reforma legislativa esté acompañada de una fuerte inversión en políticas públicas de protección integral de la niñez y adolescencia».
«Sería importante que se amplíe y mejore la oferta de medidas alternativas, justicia restaurativa, instancias de mediación y justicia comunitaria».
«Sería un gran avance contar con un sistema de información nacional sobre niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal para poder dimensionar el fenómeno y diseñar políticas públicas pertinentes y eficaces para abordar esta problemática».
En qué trabaja el Gobierno
Durante el 2016, el Gobierno comenzó a trabajar para la elaboración de un proyecto para crear una nueva ley penal juvenil. La Comisión para la Redacción de este proyecto va a trabajar en el ámbito de la Subsecretaria de Política Criminal, a cargo de Martín Casares. Estas son algunas de las actividades que se vienen llevando a cabo:
Ciclo de Diálogos: Hacia una Nueva Ley Penal Juvenil organizados con UNICEF con tres representantes de todas las provincias del país del Poder Ejecutivo, Judicial, sociedad civil y especialistas donde se trabajo en mesas de debate donde se intento llegar a diferentes consensos en temas tales como: justicia especializada, medidas alternativas al proceso, medidas alternativas a la privación de libertad, condiciones de detención, edad de imputabilidad, sanciones adecuadas a jóvenes y condiciones de centros de detención.
En el marco de Justicia 2020 existe un eje relativo al Sistema Penal Juvenil, donde se recibieron aportes concretos de operadores de todo el país sobre la necesidad de contar con una justicia penal especializada que de una respuesta integral a los jóvenes que delinquen para prevenir y evitar su reincidencia.
Grupo de trabajo para que todas las provincias cuenten con algún sistema de monitoreo de las condiciones de detención y tratamiento socio educativos orientado a que puedan tener una función constructiva en la sociedad.
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