Certificó que todas las confesiones fueron corroboradas. Es un trámite que exige la ley para que accedan a los beneficios como “imputados colaboradores”.
Después de un año desde que comenzó la instrucción de la causa conocida como los cuadernos de las coimas, el juez Claudio Bonadio dio por corroborados los dichos de los 31 imputados colaboradores y asimismo, señaló en un informe de 120 páginas que sus aportes fueron «sustanciales» para confirmar la existencia de una «estructura delictiva» que se dedicó al cobro de «fondos ilegales». Así, el magistrado dio por cumplimentado lo que exige la Ley del Arrepentido.
«Corresponde efectuar la aclaración que en la presente resolución se valorarán los testimonios de los imputados colaboradores en base a la prueba incorporada hasta el momento, sin perjuicio que, mediante la incorporación de nuevos elementos, se corroboren nuevos aspectos de sus declaraciones», aclara Bonadio en la resolución.
El informe también consigna que los imputados Gerardo Ferreyra, Roberto Sosa, Pablo Barreiro y Perla Puente Resendez tuvieron negociaciones con la fiscalía de Carlos Stornelli para cerrar acuerdos de colaboración pero no los alcanzaron, y que Mariano Martínez Rojas, Alejandro Raele y Osvaldo Parolari sí llegaron a firmarlos, pero luego el juzgado rechazó su homologación.
«Habiendo analizado lo expuesto por cada uno de los imputados colaboradores y los aspectos de sus testimonios que pudieron ser corroborados mediante la prueba realizada, podemos afirmar que sus testimonios posibilitaron lograr un significativo avance en la investigación llevada a cabo en la presente causa y sus conexas», afirma Bonadio en sus conclusiones.
Todo comenzó el 1 de agosto de 2018, con ocho cuadernos escritos a mano por Oscar Centeno, ex chofer del asesor y mano derecha de Julio De Vido, Roberto Baratta. Las puntillosas anotaciones de Centeno, quien durante doce años consignó minuto a minuto sus viajes para recolectar sobornos, se expandieron en la justicia hasta niveles impensados para los investigadores: la causa tiene 172 personas procesadas, de las cuales 71 ya fueron confirmadas por la Cámara Federal y están listas para el juicio oral. Del total de procesados se puede hacer otro desglose: hay 136 empresarios, 22 exfuncionarios y 14 testaferros. No es todo: entre aquellos 172 procesados hay 31 “arrepentidos”.
Pero pese a la cantidad de procesados, quedan pocos detenidos en la causa: solo 7. El único empresario preso es Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, que nunca se arrepintió y consiguió el beneficio de la prisión domiciliaria. También siguen detenidos por este expediente Julio De Vido, Roberto Baratta, Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa y Oscar Thomas (ex directivo de Yacyretá), aunque este último con domiciliaria.
La causa principal -que en el juzgado federal 11 a cargo de Bonadio estiman será elevada a juicio oral en los próximos días- avanzó gracias a una herramienta clave: la ley del «imputado colaborador», más conocida como «ley del arrepentido». Este instituto legal aprobado por el Congreso en 2017 sólo había sido utilizado en dos causas por corrupción de repercusión mediática, la «ruta del dinero K» -con el testimonio de Leonardo Fariña- y el caso Ciccone, con la confesión del testaferro de Amado Boudou Alejandro Vanderbroele.
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