Los presidentes de ambas cámaras aún no formalizaron la designación de los legisladores Roxana Reyes y de Luis Juez, que impulsa Juntos por el Cambio
El oficialismo quedó en jaque. El fallo de la Corte Suprema que ordenó el inmediato funcionamiento del Consejo de la Magistratura, aunque su conformación esté aún incompleta, dejó maniatados a Sergio Massa y a Cristina Kirchner, presidentes de ambas cámaras, que ahora deben decidir si acatan la resolución judicial y firman la designación de los dos representantes del Congreso que restan para integrar el organismo.
Massa admite que no tiene demasiadas alternativas. En charlas reservadas en su entorno, sabe que si no formaliza de inmediato la designación de la diputada Roxana Reyes, la representante elegida por el bloque radical para el Consejo de la Magistratura, se enfrentaría a una embestida opositora en el recinto para forzarlo a firmar la resolución correspondiente. Por caso, mañana al mediodía, los diputados y los senadores de Juntos por el Cambio escenificarán en una conferencia de prensa una fuerte presión para que Massa y Cristina Kirchner acaten el fallo del máximo tribunal.
Esta postura es acompañada por el interbloque Federal. “No hay que aceptar que nos lleven al barro de la imprudencia institucional y no vamos a alimentar una confrontación entre poderes de la República”, enfatizó el jefe del interbloque, Alejandro “Topo” Rodríguez.
En Juntos por el Cambio no descartan acudir a la Justicia si persiste la desobediencia oficialista. “Recurriremos al juzgado de primera instancia que declaró inconstitucional la actual composición del Consejo de la Magistratura y reclamaremos que se les tome juramento a los dos representantes del Congreso ante la desobediencia incurrida por las autoridades de ambas Cámaras”, advierten en Juntos por el Cambio.
Massa no querría llegar a esa instancia –no le entusiasma en absoluto la idea de enfrentarse con la Corte Suprema–, pero nada garantiza cuál será la actitud de la vicepresidenta, obsesionada en su rechazo a que la Corte Suprema y su presidente, Horacio Rosatti, encabecen el Consejo de la Magistratura.
Convencido de que el máximo tribunal avasalló las facultades del Congreso al reponer la vieja composición de 20 miembros del Consejo, el kirchnerismo había logrado que un fallo del juez federal de Paraná, Daniel Alonso, demorara la designación de los representantes del Congreso en el organismo. Sin embargo, el máximo tribunal, en un fallo lapidario, echó por tierra la jugada oficialista.
Conocida esta resolución, Cristina Kirchner y sus voceros mantuvieron un hermético silencio.
“Hasta el momento todo sigue igual”, dijo un vocero, limitándose a recordar las declaraciones del senador Oscar Parrilli (Neuquén) de la semana pasada. El senador neuquino desconoció el fallo de la Corte que declaró inconstitucional la ley que desde 2006 reguló los destinos del organismo encargado de seleccionar y sancionar a los jueces. No sólo lo calificó como “una locura total” sino que, además, lo consideró “un golpe de Estado al Consejo de la Magistratura”.
En el mismo sentido se expresó el diputado Leopoldo Moreau, quien acusó a Rosatti de ostentar “vocación bonapartista” por avasallar facultades legislativas y provocar un conflicto de poderes. En tanto, el jefe del bloque de diputados oficialistas, Germán Martínez, advirtió que la postura del máximo tribunal generó “un escenario de gravedad institucional” y sugirió, como alternativa de solución, que antes de asumir la presidencia del Consejo se le otorgue un plazo mayor a la Cámara de Diputados para apruebe una nueva ley del Consejo de la Magistratura, la cual ya tiene media sanción del Senado.
“Los posibles caminos están bien definidos: darle tiempo al Congreso para legislar, o insistir en un escenario de gravedad institucional”, sostuvo el diputado, quien subrayó: “Será una decisión política de la Corte y especialmente de su presidente. Esperemos que prime la cordura y la defensa de las instituciones”.
Sin embargo, la Corte desconoció el pedido del oficialismo y decidió tomar las riendas del Consejo. En esta situación, Cristina Kirchner tiene dos alternativas: una sería mantener lo dicho por Parrilli y desconocer el fallo. Otra posibilidad sería jugar la baza de una designación polémica, basándose en la conformación del Senado en 2018. En este escenario, el nombramiento recaería en otro senador oficialista.
Más allá de estas especulaciones, Parrilli anticipó que concurrirá en queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para recurrir el polémico fallo del máximo tribunal. Sin embargo, será un camino de largo aliento.
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