El fallo de la Casación alcanza también a dos empresarios; el Gasoducto del Noroeste es una megaobra inconclusa que preveía abastecer a Chaco, Santa Fe, Misiones y Formosa.
La Cámara Federal de Casación Penal dejó firmes las condenas a prisión contra un exintendente kirchnerista del norte de Salta y dos empresarios por el robo de 228 caños del inconcluso Gasoducto del Noroeste, una megaobra destinada a importar gas de Bolivia, que nunca se terminó. El exintendente alegó que provocaban un daño al ambiente y ordenó extraerlos.
El fallo alcanza al exintendente de Aguaray Jorge Enrique Prado, sentenciado a seis años y medio de prisión efectiva, y a los empresarios Diego Andrés Alos y Adrián Antonio Vera, condenados a seis años y a tres años y ocho meses de prisión, respectivamente, por el delito de robo agravado en despoblado y en banda.
La Sala IV de la Cámara de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, confirmó las condenas impuestas por el Tribunal Oral de Juicio Nro. 2 de Salta. Se usó el nuevo Código Procesal Penal Federal en vigor en Salta y Jujuy para revisar la sentencia tras una audiencia realizada en la nueva sala de audiencias “Malvinas Argentinas”, con tecnología digital.
En la misma audiencia, los jueces hicieron lugar al recurso del fiscal y condenaron a Andrés Ayala como autor del delito de robo agravado en despoblado y en banda; y a Matías José Rossi como autor del delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, por haber adquirido caños provenientes del GNEA, aunque aplicando una calificación legal más favorable que la pedida por los acusadores.
Los camaristas tuvieron por acreditada la responsabilidad de los imputados en la sustracción de 228 caños del Gasoducto del Noreste Argentino entre diciembre 2019 a abril de 2020.
El gasoducto fue declarado de interés público y concesionado para su realización a Enarsa, hoy Energía Argentina, para transportar gas desde Bolivia a Argentina. La obra beneficiaría a 1.700.000 habitantes de las zonas aledañas al trazado de la obra. Este proyecto preveía importar gas desde Bolivia para abastecer a varias provincias argentinas, como Chaco, Santa Fe, Misiones y Formosa, entre otras.
Según información oficial, el proyecto –gestado en 2007– “contempló originalmente una inversión de 2375 millones de dólares para construir 4144 kilómetros de gasoducto (el troncal, de 1468 kilómetros, y el resto para conectar 168 localidades) con una capacidad de transporte de 11,2 millones de m³/día adicionales, destinados al consumo residencial e industrial”. La obra quedó completamente paralizada en 2015. Recientemente, el gobierno nacional informó a través de la firma Integración Energética Argentina SA (Ieasa, hoy Energía Argentina) que evalúan retomar la construcción. Se requerirían, para finalizar el trazado, aproximadamente 150 millones de dólares.
Tal como se desprende de la acusación contra Prado efectuada por el Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF), fue el exintendente “quien posibilitó la desafectación de los caños, a partir de una resolución municipal, que sirvió para el saqueo del material por parte de distintos implicados”. El titular de la Unidad Fiscal Salta, Eduardo Villalba, informó que “Prado avaló la extracción de los caños y su entrega a la empresa OSYP SA, bajo la excusa de que causaban un grave daño al ambiente, condición que aseguró a partir de su profesión como ingeniero”.
La investigación federal contra Prado, uno de sus laderos políticos y diferentes empresarios, comenzó con denuncias de ciudadanos y empleados de Ieasa, que advirtieron la sustracción del material. Se recuperaron 260 caños de los 288 caños.
Los conductores de los camiones que trasladaban los bienes estatales sustraídos fueron testigos que declararon contra la red que ejecutaba el fraude.
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