Tras permanecer nueve meses detenido, Matías Alejandro Macedo admitió ser responsable de simular tener contactos con funcionarios de organismos provinciales y de un sindicato a nivel nacional para entregar adjudicaciones de viviendas sociales a cambio de importantes sumas de dinero.
Además, confesó haber confeccionado y utilizado documentos privados con sellos y membretes de aquellas instituciones, las que entregaba a los damnificados como constancias del pago.
La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia mediante trámite abreviado en la que Matías Alejandro Macedo fue sentenciado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, la reparación económica del daño causado a las víctimas y reglas de conducta.
Macedo llegó al juicio luego de estar nueve meses detenido en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta y aceptó su responsabilidad en los seis hechos de estafa; falsedad de instrumento público y falsedad de instrumento privado (cuatro hechos), de los que lo acusó la fiscal Salinas Odorisio.
Como parte del acuerdo alcanzado, y teniendo en cuenta que permaneció privado de su libertad desde su detención el 19 de enero pasado, el condenado resarció económicamente a las víctimas de sus estafas.
La causa
El 19 de enero pasado, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, radicó denuncia al tomar conocimiento sobre una maniobra que realizaba Macedo, invocando tener influencias en el Poder Ejecutivo Provincial para, a cambio de sumas de dinero, gestionar la adjudicación de una vivienda del IPV.
Horas más tarde, la mujer damnificada, también realizó la denuncia al darse cuenta del engaño del que era víctima desde 2019.
Durante la investigación realizada por UDEC, se pudo determinar que Macedo había operado de la misma manera con dos conocidos del colegio secundario, a quienes les ofreció gestionar con supuestos contactos en un gremio a nivel nacional, la adquisición de una vivienda social a cambio de sumas de dinero, lo que nunca se concretó. El mismo modus operandi fue empleado para estafar a un hombre que trabajaba en el Hospital San Bernardo.
En otro hecho, recibió en préstamo una camioneta de parte de un conocido para que trabaje, y luego, con falsas promesas, ofreció a su propietario gestionar su venta, para lo cual entregó documentación apócrifa a nombre del Gobierno Provincial por una supuesta compra, que resultó ser falsa y no restituyó el vehículo a su dueño ni rindió su producido.
Tras reunir todas las pruebas necesarias, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, acusó al hombre de los delitos de estafas reiteradas (6 hechos), falsedad de instrumento público y falsedad de instrumento privado (cuatro hechos).
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