Los arzobispos y obispos a partir del primer día del nuevo año ya no recibirán una asignación mensual. Tampoco habrá otras ayudas menores. Si bien el monto total es pequeño, la ayuda había suscitado críticas por tratarse provenir de un Estado no confesional.
La Iglesia católica ya no recibirá el aporte económico del Estado. La Conferencia Episcopal Argentina anunció oficialmente que el último día de 2023 concluyó el proceso que había iniciado hace cinco años con vistas a la renuncia a la asignación mensual que recibían los arzobispos y obispos de todo el país.
Si bien el monto no era significativo -un poco más de un centenar de prelados recibían unos 55 mil pesos mensuales-, el aporte suscitaba polémica porque implicaba un privilegio hacia una religión de parte de un Estado no confesional y porque había sido dispuesto por una ley de la última dictadura.
En mayo de 2018, durante el primer debate por la legalización del aborto en que se alzaron voces pidiendo la «separación» entre la Iglesia y el Estado, la Iglesia anunció que iniciaba el proceso para renunciar al aporte que venía analizando internamente. Y puso en marcha un plan de autosostemiento.
En rigor, la ley -enmarcada en el artículo dos de la Constitución que dice que el gobierno federal sostiene al culto católico- decía que los arzobispos y obispos recibirían una asignación equivalente al sueldo de un juez de primera instancia, pero hacía años que el monto no se actualizaba.
También se establecía una pequeña ayuda a párrocos de frontera que en los últimos años comenzó a ser reemplazada por ayuda social. Y otra a unos pocos seminaristas diocesanos que se encamina a su total eliminación.
Por una disposición de la secretaría de Culto, permanecerá una asignación de 98 mil pesos a un puñado de arzobispos y obispos ancianos y con invalidez que se tramitará de manera particular.
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