La docente estaba denunciada por peculado, luego de que se detectara que faltaban rendiciones. Admitió su culpabilidad.
La Justicia condenó a dos años de prisión condicional a la exdirectora de la escuela de Cachi, Isabel Hortencia Bega, por irregularidades en la administración de fondos de la institución.
En un procedimiento abreviado llevado a cabo en la Sala III del Tribunal de Juicio se consideró que la docente es autora material y penalmente responsable del delito de peculado.
Las actuaciones se iniciaron por el expediente caratulado “Escuela 4063 Dr. Victorino de la Plaza, Dpto. Cachi s/ Irregularidades en el manejo de fondos detectados por cambio de dirección”, efectuado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Salta.
La investigación comenzó a raíz de notas y actas presentadas por la directora interina de la escuela, correspondientes al año 2010, cuando la dirección se encontraba a cargo de Isabel Hortensia Bega de Vargas. En ellas se denunciaban irregularidades en la rendición de fondos del Programa PIIE (Programa Integral para la Igualdad Educativa). Se advertían deudas con diferentes proveedores del comedor escolar.
Además, dos docentes de la institución realizaron una exposición policial y aseguraron que sus firmas habían sido falsificadas para dos supuestas compras. También se detectaron irregularidades en relación a una orden de pago correspondiente al Programa Volver a la Escuela. De esta forma, se identificaron falencias administrativas dadas por la ausencia de registros contables y comprobantes.
El término peculado hace referencia a una “estafa o fraude del patrimonio público”. Este delito consiste en la sustracción indebida de recursos pertenecientes al Estado por parte de quienes se encargan de su resguardo y supervisión.
El capital faltante por el que se demandó a la acusada era de 34.146,63 pesos. Actualizada esa suma desde el 1 de noviembre de 2009 hasta el 10 de mayo de 2022, con tasa activa del Banco Nación, se concluyó que la deuda por parte de la demandada ascendía a 162.774 pesos.
El juez Pablo Farah homologó un acuerdo civil que propusieron las partes para la resolución del caso. Durante el juicio abreviado, la acusada expresó su conformidad con lo resuelto y admitió su culpabilidad.
La ex directora deberá fijar domicilio y someterse al control del Programa de inserción social y supervisión de presos y liberados.
En representación del Ministerio Público Fiscal intervino la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos, Ana Inés Salinas. La imputada fue asistida por Gustavo Martínez. Ejerciendo la acción civil por la Provincia de Salta intervino María Virginia Cabral, de la Fiscalía del Estado.
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