La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros advierte sobre la crisis en el transporte público en las provincias, tras la eliminación de fondos estatales y falta de sustentabilidad en el sistema.
En un reciente comunicado, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) rechazó la abrupta decisión del Gobierno Nacional de eliminar el Fondo Compensador del Transporte y toda asistencia al Transporte del Interior, tras afirmar que se pondría fin a la discriminación financiera.
Desde FATAP aseguran que la situación se torna crítica para estudiantes, trabajadores, profesionales, monotributistas y adultos mayores, principales usuarios del transporte público, que enfrentarán un sistema precario, ineficaz e inseguro si no se toman medidas urgentes.
FATAP señala a quienes debían garantizar la sostenibilidad del transporte público del Interior como responsables de este deterioro, al haber erosionado el capital de las empresas prestadoras y su infraestructura, llevándolas al borde de la desaparición.
En ese sentido, la Federación indicó que será imperativo actuar con prontitud para retomar el respeto a los contratos, privilegiar el profesionalismo y la toma de decisiones, y establecer reglas claras y duraderas que fomenten la inversión y protejan el empleo.
En su comunicado, FATAP asegura que «sin un plan de acción inmediato, la República Argentina será menos federal y menos igualitaria», ya que los ciudadanos del interior se verán «privados del único servicio de transporte público disponible», esencial para su desarrollo social y económico.
Este es el comunicado completo de la FATAP:
“TRANSPORTE PÚBLICO DEL INTERIOR. CRÓNICA DE UNA CRISIS CON RESPONSABLES”
Desde hace varios años, FATAP viene advirtiendo que la movilidad masiva de las ciudades del Interior se encaminaba hacia un triste final.
La intempestiva decisión del Gobierno Nacional de eliminar el Fondo Compensador del Transporte y toda asistencia al Transporte del Interior, después de haber afirmado que terminaría con la discriminación que este último sufría en la asignación recursos, es la culminación del proceso de deterioro denunciado.
Lamentablemente las consecuencias de la desidia suelen hacerse presentes en los momentos más inoportunos, como el actual, cuando la pobreza no encuentra su piso, ensañándose con los estudiantes, trabajadores, profesionales, monotributistas y adultos mayores -principales usuarios del transporte público- quienes padecerán un sistema precario, ineficaz e inseguro, si no se adoptan medidas urgentes.
Esta situación reconoce como responsables a que quienes tuvieron la obligación de garantizar la sustentabilidad del transporte público del Interior y han contribuido, por acción u omisión, a esmerilar el capital de las empresas prestadoras, su infraestructura y material rodante, llevándolas a una situación de impotencia y riesgo cierto de desaparición.
La preocupación de las autoridades locales, titulares del servicio público, parece llegar a destiempo pero, como dice el saber popular, “más vale tarde que nunca”. Lamentablemente, recién hoy ven las consecuencias de la destrucción del capital de las empresas y de establecer irresponsablemente tarifas que destruyeron el concepto de precio del servicio, quebrando así la ecuación económica de los contratos que ellas mismas diseñaron.
Las apelaciones al federalismo y la equidad en el reparto de fondos estatales son banderas que FATAP ha levantado desde siempre, mientras los titulares de los servicios privilegiaban la coyuntura y soslayaban las consecuencias de la discriminación que sufrió el Interior durante varios años, que hoy los interpela.
En este contexto, NO HAY TIEMPO PARA PERDER EN DISPUTAS Y PASES DE FACTURAS, porque es urgente emplear las energías en retomar el respeto a los contratos; privilegiar el profesionalismo y la capacidad en la toma de decisiones y, en suma, elevarse por sobre la coyuntura generando reglas claras, previsibles y duraderas que faciliten y protejan la inversión y el trabajo.
Las más de 250 EMPRESAS ARGENTINAS nucleadas en FATAP han sido injustamente señaladas como responsables del deterioro del sistema, cuando, en verdad, fueron dramáticamente perjudicadas por la licuación de sus patrimonios y la asunción de numerosas deudas a causa de la necesidad de mantener la regularidad y continuidad de los servicios en condiciones anómalas, carentes de previsibilidad económica y financiera, con reglas de juego precarias y sometidas a decisiones arbitrarias, ajenas a toda consideración técnica.
Frente a ello, las definiciones de financiamiento a los usuarios expresadas por el Gobierno Nacional no son idóneas para superar el estado de cosas descripto, motivo por el cual afirmamos:
- El sistema de transporte público del Interior se encuentra en una crisis económica y financiera que no admite indefiniciones en ningún aspecto. Es imprescindible generar de modo muy urgente un marco legal y económico previsible, sostenible y duradero.
- No existe capacidad empresaria para absorber ningún costo operativo adicional, antes bien, se requieren imperiosamente aportes que permitan la recuperación del capital perdido.
- Los recursos deben ser generados en el momento en que el usuario consume el servicio, ya que las empresas del sistema han perdido el crédito comercial con sus proveedores, y las obligaciones asumidas a causa de la crisis generada por sus concedentes no pueden seguir agravándose a las tasas actuales.
- Se necesita, de modo inmediato, un plan de financiamiento a largo plazo de las obligaciones devengadas, impositivas y de adquisición de capital de trabajo e infraestructura, con cargo de los intereses a los responsables del sistema de transporte.
Sin un plan de acción que implemente inmediatamente lo expresado en los puntos anteriores, con la conformación de una mesa de trabajo integrada por las autoridades municipales, provinciales y FATAP, que genere las normativas y diseñe las acciones necesarias, la República Argentina será menos federal y menos igualitaria, ya que los ciudadanos del Interior serán privados del único servicio de transporte público del que disponen, que es esencial para el desarrollo social y económico de sus comunidades.
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