Secretaría de Niñez y Familia Acuerdo en Infancia y Niñez

El secretario Abeleira se comprometió a asumirán descargos ante la Justicia

«El ministro y secretario asumen las responsabilidad ante las autoridades judiciales y del Ministerio Público por todas aquellas faltas de intervención en las que los agentes que se desempeñan en el ámbito de la Secretaría de Niñez y Familia pudieren incurrir, como consecuencia de las carencias o falencias en la provisión de recursos económicos o humanos, o medios necesarios y/o suficientes para el normal cumplimiento de las tareas a desempeñar en el ámbito de actuación que les sea propio», indica el artículo 2 del acta acuerdo firmada entre el ministro de Primera Infancia, Carlos Abeleira, el secretario de Niñez, Rodrigo Fernández, y los trabajadores de la Secretaría del área representados por la delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Nelly Sánchez.

Este acuerdo es producto de una larga lucha que llevan adelante los trabajadores de la Secretaría de Infancia y Niñez que se exacerbó debido al caso Thiago, en el que están imputadas tres profesionales de esa Secretaría.

Nelly Sánchez en conversación con El Tribuno informó que los trabajadores de ese organismo se encuentran en una situación de «angustia permanente porque están desbordados por los oficios de la Justicia». La profesional aclaró que el programa de Fortalecimiento Familiar es el que más atención demanda y no cuentan con los profesionales, recursos y técnicos suficientes para afrontarlos. «Por eso pedimos que los responsables políticos, que son los que manejan los recursos, se hagan responsables y no como ocurre con el caso Thiago, que no están en el banquillo», dijo Sánchez.

En uno de los párrafos de este acuerdo quedó sentado por escrito que en caso de «procesos penales iniciados por supuestas faltas de respuestas a oficios judiciales, el ministro de Primera Infancia y el secretario asumen el compromiso de presentarse en forma personal en las mismas a formular los descargos y aclaraciones pertinentes, deslindando las eventuales responsabilidades de las profesionales intervinientes».

Nelly Sánchez informó a El Tribuno que no es la primera vez que firman actas y luego son incumplidas por el Estado, exponiéndolos a situaciones de vulnerabilidad.

«Tenemos angustia de que nos quiten el título. Hay gente con más de 30 años de servicio y no por falta de recursos vamos a poner en riesgo todo», dijo Sánchez, a la vez que informó que van a solicitarle al Colegio de Trabajadores Sociales de Salta y al de Psicólogos que se pronuncien acerca de lo que están viviendo las profesionales de la Secretaría.