El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, señaló que “hubo dos acciones previas al inicio de la convención Constituyente, que a mi modo de ver la Corte no debería dejar de resolver, porque aparecería prácticamente como una suerte de desdén hacia el pueblo de Salta, que se declare abstracto”.
Uno de ellos fue el cuestionamiento planteado por el abogado Pedro Arancibia y el médico Edmundo Falú, quienes señalaron que la mera enumeración de artículos produce una automática reducción del ámbito del debate de la asamblea constituyente y la misma impacta de forma negativa en el derecho fundamental de las personas a participar en la dirección de los asuntos públicos, sea directamente o a través de sus representantes. El otro argumento fue el presentado por el FOCIS, que señala que la ley impugnada incurre en una grave afectación de principios constitucionales, derechos humanos esenciales de los ciudadanos como son el derecho al igual valor del sufragio, al principio de razonabilidad y a la igualdad ante la Ley.
“Si hay planteos judiciales que han sido admitidos y se les dio trámite, hay una obligación constitucional de tratarlos. Y me parece que esas dos acciones las dos están lo suficientemente bien fundadas como para que la corte se pronuncie”, afirmó Cornejo.
Para el procurador, “si la Corte no se pronuncia de alguna manera está herida la legitimidad de la Constitución y el oficialismo particularmente debería tener en cuenta esto porque es quien está impulsado la reforma la Constitución y debería exigir que la Corte de Justicia se pronuncia en ese sentido”.
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