Las muertes se triplicaron en Orán y Tartagal. Las funerarias trabajan a tiempo completo.Hospitales y clínicas, sin morgue, complicadas por demoras para retirar cuerpos.
Mientras desde el Ministerio de Salud se intenta establecer un número «más transparente» de fallecidos por COVID-19 y se calcula que son el doble de lo registrado oficialmente hasta ahora, las empresas fúnebres funcionan a tiempo completo. «Nadie reconoce el trabajo nuestro», lamentó María Inés Pieve, propietaria de la principal firma del rubro.
Con jornadas marcadas por el protocolo que les pisa los talones, los trabajadores de la empresa intentan cumplir con lo establecido aunque, con el doble de la demanda, la meta queda lejos. Coordinan la logística entre los hospitales o clínicas (que por sus faltas estructurales muchas veces acotan más los tiempos) con los horarios de los cementerios, mientras hacen frente a la ansiedad de los familiares. «Reciben constantes insultos», contó la empresaria.
Pieve pasó de 12 servicios diarios a 30, es decir, multiplicó su trabajo en un 250 por ciento. «La mitad son COVID-19», precisó la mujer. El trabajo comenzó a aumentar en los dos últimos meses: agosto y septiembre. La demanda fue por oleadas y por zonas. «En agosto fue Orán y Tartagal, y en septiembre fue Salta capital», indicó la representante de la empresa que tiene 13 sucursales en la provincia.
En el norte, los servicios fúnebres se triplicaron. En Tartagal, durante agosto la empresa realizó 150 servicios, mientras que en el mismo mes del año anterior habían sido 45. En Orán la situación fue similar.
El protocolo para el manejo de fallecidos con COVID-19 indica que no deben pasar más de 12 horas entre el fallecimiento y la disposición final del cuerpo. Para una estructura preparada para la mitad de la demanda actual, esto pone en aprietos a la empresa a cargo del servicio fúnebre. «Hemos afectado más personal para sepelios y conseguimos más vehículos. Pero si el número sigue aumentando, será más complicado cumplir con lo que manda el protocolo», aseguró Pieve.
Cuando una persona fallece en un hospital y se trata de un caso confirmado o sospechoso de COVID-19, los trabajadores tramitan el certificado de defunción. De lo contrario, son los familiares los que realizan el trámite. El Registro Civil emite la licencia de inhumación o cremación y entonces interviene la empresa fúnebre. En el caso de los que mueren en sus domicilios, los tiempos se dilatan más aún porque personal policial o bomberos se encargan del cuerpo y la familia tramita el certificado de defunción. El protocolo recomienda no realizar autopsias.
Pero no todas las instituciones sanitarias cuentan con la infraestructura necesaria para esperar por el retiro de los cuerpos. Algunas, urgidas por la falta de una morgue cargan contra las empresas fúnebres. «Es una situación muy crítica. Ayer (por el miércoles), desde Rosario de Lerma nos pedían por favor que fuéramos a buscar dos cuerpos porque los tenían en la sala de guardia. Pero con esta demanda no siempre podemos responder al momento», contó Pieve.
Las esperas pueden llegar hasta seis horas, por lo que de un lado presionan los trabajadores sanitarios y, del otro, las familias en las puertas de las oficinas. «Con toda la razón del mundo», reconoció la empresaria al mismo tiempo que pidió que el Estado interceda y tome alguna medida en este sentido. «Como la salud colapsará, los servicios fúnebres también tendrán más demora», advirtió.
Casos sospechosos
La guía para el manejo de cuerpos infectados prohíbe la realización de velorios y recomienda una serie de tratamientos para evitar la propagación del virus. Sin embargo, en muchos casos las empresas fúnebres se enteran al momento de retirar el cuerpo de que se trata de casos confirmados o sospechosos. «Nosotros, como empresa funeraria, nos tenemos que basar en el certificado de defunción que indica confirmación o sospecha y allí activamos el protocolo. Si dice neumonía o cardiorrespiratorio, nosotros retiramos y hacemos el servicio común. Pero pasó en algunos casos que el certificado no decía nada, ni sospecha, y al llegar el personal la gente de la morgue o la familia les dice que estaba aislado y que es COVID o creen que lo es y el cuerpo está en la bolsa. Por eso hemos activado el protocolo igual. Evitar los velatorios es proteger a las personas», aseveró Pieve, y advirtió: «Todos estamos aceitando procesos». Indicó que actualmente está más claro que deben poner «sospecha de COVID». Explicó que ahora, por prevención, ante la mínima sospecha le ponen caso sospechoso y que con eso se evita la concentración de personas en los velorios.
El protocolo indica que la inhumación se haga en tierra o por cremación, servicio que actualmente cuesta unos $60 mil pesos. Los nichos están prohibidos. Los costos inesperados que demande la disposición final del cuerpo dependerán de cada caso y del convenio con el cementerio.
Pieve recordó que intentan suplir la falta de velorio con otros servicios y no cobrando los gastos extras que demanda la atención de un fallecimiento en caso confirmado o sospechoso de COVID. Por prevención, se requieren equipos de protección personal, además de bolsas mortuorias estancas que impiden la filtración de líquidos cadavéricos y que, según indica el protocolo, deben ser devueltas a los hospitales públicos para que no se genere desabastecimiento.
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