Se excusaron todos los miembros del máximo tribunal y quedaron afuera tres camaristas. Nanni insiste en que la única vía legítima es la reforma constitucional.
El juez del Tribunal de Impugnación Ramón Medina es el primero de los seis conjueces que deberán resolver si son constitucionales los mandatos de seis años establecidos por la Constitución provincial para los miembros de la Corte salteña. Previamente ya se habían excusado los seis integrantes actuales del máximo tribunal, dado que el fondo de la cuestión los involucra. También lo hicieron los camaristas Eduardo Barrionuevo, por ser el presidente del Colegio de Magistrados; Luciano Martini, ex presidente de la Asociación de Jueces e impulsor de una de las acciones de inconstitucionalidad que desencadenaron este procedimiento, y Edgardo Albarracín, por similares razones, según informó El Tribuno.
Medina fue el primero en salir sorteado y ahora deberá llevar adelante el proceso de selección por sorteo entre los restantes jueces de Impugnación, solicitando previamente eventuales excusas.
El procedimiento
La Corte salteña no rechazó in límine las acciones planteadas por la Asociación de Jueces y por el ex juez Luis Villada, a pesar de que algunos letrados tenían expectativa de que eso sucediera.
El presidente Guillermo Catalano dispuso que se designaran los conjueces a través de un sorteo entre los vocales de la Cámara de Impugnación. Tal como está planteado hasta ahora, la Corte aceptaría la posibilidad de un cambio de la Constitución a través de un fallo, consideraría que si los conjueces declararan inconstitucionales los mandatos renovables cada seis años, ellos se convertirían en jueces vitalicios, y también, que el caso es de incumbencia penal.
Por lo pronto, la «Corte ad hoc» recién quedaría constituida a fines de esta semana.
Reforma constitucional
El presidente de la Unión Cívica Radical, Miguel Nanni ratificó ayer el apoyo de su partido a la posición adoptada el lunes en un documento. Allí expresaron que la Corte «no tiene ninguna atribución para reformar un artículo de la Constitución, por más críticas que merezca», y sostiene que «la vía elegida es manifiestamente inadmisible».
Nanni, anoche, añadió que «el único camino correcto es una reforma de la Constitución provincial». El diputado nacional coincidió en que los jueces de Corte deben tener mandatos vitalicios, aunque no se pronunció acerca de la oportunidad para convocar a la Constituyente. Entre los juristas prevalece en concepto de que «hay diferencias esenciales entre el poder constituyente y cada uno de los poderes constituidos», y consideran que una adulteración de los mandatos a través de un fallo «sería un golpe brutal contra la seguridad jurídica». Hasta ahora, la vía más lógica para resolver el conflicto planteado por la Asociación y por Villada es una reforma constitucional que defina este punto y, por lógica, dado que los actuales jueces recibieron un acuerdo acotado, la eventual inamovilidad o los períodos de gestión que se determinen tendrían vigencia a partir de los futuros acuerdos.
¿Reforma en ciernes?
La controversia sobre las atribuciones de la Justicia para definir los mandatos de los jueces parece dirigida a producir un fallo que, o bien declararía improcedentes los recursos planteados (por jueces) o terminaría en un escándalo a nivel federal; la tercera alternativa es la de llamar a una constituyente y modificar la Carta Magna.
Aquí también hay una razón institucional: con la actual constitución, un gobernador puede permanecer doce años en el cargo, mientras que los jueces tienen mandatos de seis. Este período era consistente con el régimen de una sola reelección para el gobernador.
Hoy, un amplio espectro político apoya la reforma, aunque algunos potenciales candidatos quieren hacerla después de 2019.
La posición más firme, en cambio, propone un acuerdo formal, que apunte a limitar los mandatos, asegurar la imparcialidad y la independencia de la Justicia, y optimizar los controles de auditoría. Y la idea es que la constituyente se elija, de ser posible, en las PASO de 2019.
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