La Cámara de Diputados analiza la conformación de una comisión investigadora para ver si se aplica la ley de no desajolo de campesinos.
Quedarse sin casa es quedarse sin cobijo, sin paredes. Los hermanos Valentín, Antonio y Plácido Álvarez saben desde hace 13 días lo que es vivir así, sin más resguardo que unas chapas clavadas sobre cuatro postes y el monte de Anta como única escenografía de su desalojo. Son campesinos y trabajaban como pastajeros en una finca que, de un día para otro, dejó de ser su casa para convertirse, por designio judicial, en la tierra de otro.
Los Álvarez y los Díaz -pequeños productores- son las dos familias afectadas por un fallo de la jueza Civil y Comercial de Primera Nominación de Metán, Olga Zulema Sapag, quien el 26 de septiembre pasado ordenó su expulsión de la finca El Líbano, aun cuando el artículo 9 de la ley provincial 7.658 de regularización dominial impide los desalojos en tierras donde residen familias rurales y pequeños productores.
Desde el 27 de septiembre, los Álvarez se vieron obligados a abandonar su humilde casa de madera y sus animales para quedarse a la vera de la ruta provincial 5, a la altura del kilómetro 27. Valentín y su hermano Dolores Antonio permanecen ahí en un gesto de resistencia y también de esperanza, y porque no tienen adónde ir.
Improvisaron una especie de toldo en medio de los pastizales, junto a un chañar, y debajo de esos despojos esperan que la Justicia revea la decisión. Hasta hace un mes los Álvarez eran ellos y su madre, doña Valentina Avendaño, nacida y criada en la zona, conocida por su amor a los caschis y sus ojos azules. La matriarca falleció hace un mes, pisando los 90 años. De ella quedaron una huerta generosa (hoy arrasada) y doce perros cuzquitos que todavía ofician de guardianes a la vera de la ruta.
El resto de los animales
El resto de los animales de los Álvarez quedaron dentro del campo que hasta hace un par de semanas fue su hogar. Para atenderlos caminan a diario cerca de 3 kilómetros y, sin recursos ya para alimentarlos, a la desolación de haberse quedado sin casa se le suma la desesperación de ver enflaquecer a su puñado de cabras y vacas.
Los pocos muebles de la familia Álvarez se pueden adivinar en medio de las matas amarillentas que bordean la ruta. La escena desoladora se completa con dos camas pequeñas, dispuestas debajo de un techo enclenque, sin paredes que las resguardan del viento seco del Chaco salteño. Las víboras y los mosquitos también son parte del paisaje.
Además de soportar el clima hostil, los hermanos Álvarez tienen que lidiar con la falta de agua, que es una característica de la zona. Con la colaboración de la otra familia desalojada, los Díaz, deben recorrer varios kilómetros a caballo para recoger en bidones el líquido que brota de algunas aguadas prodigiosas que todavía conserva esa tierra.
Valentín y Dolores tienen 62 y 44 años, respectivamente. No saben hacer otra cosa que levantarse a las 5.30, tomar su mate cocido, ensillar sus caballos y salir al monte a pastorear sus animales. Los cuidan del hambre, de la sed, de las víboras, del ocelote y del puma. De la mirada atenta del hombre depende en gran parte la subsistencia del ganado. Y el favor es mutuo, porque el pequeño productor de Anta vive fundamentalmente de sus animales.
Comisión investigadora
El diputado Jesús Ramón Villa, impulsor de la ley que mantiene suspendidos los desalojos de pequeños productores, pidió a la presidencia de la Cámara Baja la conformación de una comisión investigadora. “No es la primera vez que la Justicia avala a titulares registrales sin atender las pruebas acreditadas por legítimos poseedores”, remarcó el legislador de Rivadavia. El marco protector de la Ley 7.658 cesa el 31 de diciembre próximo, pero diputados analizan una nueva prórroga para mantener protegidas a las familias rurales hasta tanto la Provincia complete los relevamientos que están pendientes. “El Estado no puede permanecer indiferente ante hechos como los que muestran a los campesinos desalojados en Anta sin asistencia alguna”, acotó Vi lla.
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