AnálisisUn entramado mafioso en el centro de la democracia

Una de las consecuencias de la polarización que organiza el tablero del poder en blanco y negro, es que infantiliza el debate hasta extremos delirantes. Es decir, satisface la fantasía pueril según la cual el propio mundo es un paraíso de valores, inmaculado y luminoso, y el del rival concentra todos los vicios y miserias. Ese antagonismo irreflexivo presta un servicio invalorable: impide entrar en contacto con las perturbadoras contradicciones de las que está plagado el propio campo. Sobre todo, con una, principal: que el sector al que uno pertenece presenta algunos rasgos del contrincante al que se abomina. Cada facción obtiene, entonces, un beneficio. El conjunto, por supuesto, se degrada. Porque esa visión maniquea de los problemas y dificultades bloquea cualquier intento de reforma o solución.

Desde hace varios años el país está atrapado en esta disociación. Aun cuando aparezcan informaciones que demuestran que entre los dos ejércitos en pugna existen vergonzosas continuidades. La presentación judicial que la jefa de la AFI, Cristina Caamaño, formuló el lunes, denunciando el montaje de causas judiciales contra sindicalistas durante la gestión de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal pone en evidencia esa zona de intersección. Demuestra que entre las gestiones del kirchnerismo y de Cambiemos ha habido una lamentable continuidad respecto de una patología: la manipulación de la justicia federal a través de los servicios de Inteligencia para ejecutar persecuciones políticas. Cuando se examina en detalle esa historia, sale a la luz una urdimbre que carece de fronteras partidarias. Quedan al desnudo complicidades cada vez más ostensibles que se extienden entre dos fracciones, al parecer, irreconciliables. La constatación es desagradable: en el centro de la democracia se ha ido expandiendo un entramado mafioso en el que conviven el espionaje y los tribunales. Hay nombres que se repiten. Prácticas que vuelven. Son las ruinas circulares del sistema, donde prospera la corrupción. Y donde ahora asoma el narcotráfico.

Cuando presentó a su gabinete, en diciembre de 2015, Mauricio Macri admitió que no tenía todavía el nombre del nuevo director del área de Inteligencia. Pero prometió que la AFI “estará al servicio de la seguridad nacional, y no como en los últimos años, que se usó para hostigar y espiar a los ciudadanos”. Es evidente que no pudo, no supo o no quiso cumplir. En los expedientes judiciales relacionados con la inteligencia clandestina desbordan las evidencias. La primera denuncia detallada sobre esta deformación se publicó en LA NACION el 2 de abril de 2017. El video que divulgó Caamaño es sólo una corroboración visual irrebatible. Pero sobre estas desviaciones no se escuchan autocríticas. Un silencio relevante, porque el mandato central con el que Cambiemos llegó al poder tenía que ver con la regeneración de las instituciones.

En las imágenes de la reunión en la que Marcelo Villegas, el ex ministro de Trabajo de Vidal, confiesa su fantasía de armar una Gestapo para perseguir a gremialistas, se superponen varios significados. El más obvio es que presta inmerecidos servicios a Cristina Kirchner y, centrando el foco, a Pablo Medina, “el Pata”. La escena parece haber sido diseñada a medida de la coartada que suele exponer la vicepresidenta: durante la gestión de Macri existió un dispositivo integrado por funcionarios, espías, jueces y fiscales, destinado a hostigar a los adversarios. Es la explicación con la que ella aspira a salir impune de una serie interminable de causas ligadas a hechos inocultables de corrupción.

Medina se acopla a la teoría del lawfare. A pesar de ser “un personaje nefasto, si los hay”. La caracterización pertenece a la señora de Kirchner, quien en una entrevista con Beto Casella del 15 de octubre de 2017 aclaró que cuando, en 2005, ella había sido candidata a senadora, el sindicalista había apoyado a la lista de Hilda “Chiche” Duhalde. A la luz de sus declaraciones actuales, aquellos dichos parecen contribuir al lawfare contra el mártir Medina. Una curiosidad de esa conversación con Casella: la entrevistada defenestra también al ya por entonces fallecido gremialista Gerónimo “Momo” Venegas, recordando que su hija reclamaba la fortuna de su padre, con la que se habían quedado sus sucesores en el sindicato de rurales. Quien era el segundo de Venegas, Cecilio Salazar, es el actual intendente de San Pedro, por el Frente de Todos.

La grabación de la reunión, que ocurrió en la sede porteña del Banco Provincia de San Martín y Bartolomé Mitre, presenta pormenores muy interesantes. Villegas requiere a empresarios de la construcción pruebas contra Medina, dándoles la garantía de que ya contaba con la colaboración del juez, la fiscal y la Procuración. Se refería a funcionarios federales, ya que las acusaciones se realizaron en ese fuero. El juez era Luis Armella, magistrado de Quilmes al que el kirchnerismo denunció en el Consejo de la Magistratura porque, al encargarse de ejecutar una sentencia por la limpieza del Riachuelo, contrató a empresas de familiares. Armella fue subrogante de Juan Pablo Augé, el juez que investigó en Lomas de Zamora el espionaje ilegal del gobierno de Macri. Por suerte se excusó de tomar esa causa, que siguió en manos de Augé. Dijo que temía que el titular originario del juzgado, Federico Villena, quedara imputado en el expediente, como al final ocurrió. ¿Habrá previsto Armella que lo mismo podría haberle sucedido a él?

La fiscal a la que se referiría el ex ministro Villegas sería Silvia Cavallo. Sin embargo, la sorpresa estaría en la Procuración, que según el mismo funcionario apoyaría la investigación. En junio de 2017 la procuradora seguía siendo Alejandra Gils Carbó. A lo mejor también para ella, como para Cristina Kirchner, el “Pata” era “un personaje nefasto”. Va a ser interesante ver a Gils Carbó aclarar en tribunales que ella no recibía órdenes de la AFI de Macri.

Otra capa de los múltiples significados del video divulgado por Caamaño, acaso la más densa, tiene que ver con la presencia de tres funcionarios de la AFI en el encuentro. Sebastián De Stefano, Diego Dalmau Pereyra y Darío Biorci. La primera perla, la más superficial, es idiomática. Biorci, en su fonética argentinizada, es “biorsi”. Así llama el lunfardo al cuarto de baño. Deriva de “servicio”. Para volver a Borges, el nombre es arquetipo de la cosa.

De Stefano era el director de Jurídicos de la AFI. Es decir, el encargado de las relaciones con los tribunales. Su padrino es el binguero Daniel Angelici. Biorci es el cuñado y jefe de Gabinete de la subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani. Y Dalmau Pereyra es el agente al que Majdalani designó como jefe de Contrainteligencia, después de haber tomado con él un curso sobre espionaje, de dos semanas, cuando era diputada. Dalmau ocupaba el sillón que había correspondido a Antonio “Jaime” Stiuso en la antigua Secretaría de Inteligencia. Hay que prestar atención a una peculiaridad de Majdalani, que demuestra las continuidades profundas de este averno: Macri la hizo designar en 2009 en la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia del Congreso por pedido de Francisco Larcher, el hombre de Néstor Kirchner en el espionaje. Larcher es íntimo amigo de Majdalani. Y Majdalani llegó a la AFI no sólo por ser compinche de Nicolás Caputo, el hermano de la vida de Macri, sino por esa afinidad con Larcher. Sobre esta genealogía no hay tweets de la vicepresidenta. Arribas suele alegar que, cuando él llegó desde San Pablo, después de dedicarse durante 15 años a la compraventa de jugadores de fútbol, Majdalani ya había sido designada. Estos lazos y antecedentes han sido toda una definición política sobre lo que el ex presidente se proponía en esa área de gestión.

Entre muchas otras operaciones irregulares, a De Stéfano y Dalmau se le atribuyeron responsabilidades en las escuchas clandestinas avaladas por el juez Villena en el penal de Ezeiza. Fue al controlar las conversaciones de los presos kirchneristas que aparecieron las referencias del diputado Eduardo Valdés al caso que estallaría en Dolores contra el fiscal Carlos Stornelli y Marcelo D’Alessio. La célebre causa “puf”. Entre los vigilados de ese modo estuvo también el “Pata” Medina: a raíz de una supuesta pelea con Fabián de Sousa y con “Nariga” Núñez Carmona, Villena intervino las comunicaciones del sindicalista. Alegó cierto temor a que organice atentados desde la cárcel, debido a enfrentamientos violentos de su nieto con rivales de la UOCRA. En las minuciosas investigaciones que llevaron adelante en Lomas de Zamora los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, aparecieron numerosas pruebas de la responsabilidad de agentes penitenciarios en estas maniobras. Iban desde el jefe de Inteligencia del servicio carcelario, Cristian Suriano, hasta el director, Emiliano Blanco. Pero los camaristas federales Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi exculparon a esos agentes.

El papel de Villena en el monitoreo de los presos de Ezeiza ha sido crucial. Y le ha costado el cargo, al que había llegado cuando el juez natural de Lomas de Zamora, Alberto Santa Marina, se mudó a Madrid. Santa Marina fue designado por Majdalani delegado de la AFI en esa capital. Así “la Turca” creó la vacante para su amigo Villena. Desde el primer día Majdalani estableció un vínculo con la Justicia. Para eso designó en la AFI al fallecido fiscal Eduardo Miragaya. Duró poco. Miragaya debió renunciar cuando se descubrió que era el autor de una patraña: inventó una reunión de Cristina Kirchner y el juez Sebastián Casanello con Lázaro Báez, en Olivos, para acordar la impunidad del empresario. La intención final era desplazar a Casanello de ese caso. Miragaya soñaba con asignárselo a su madrina, María Servini. No sólo demostrarían la culpabilidad de la señora de Kirchner. También se aproximarían a la billetera de Báez. Servini hoy investiga la existencia de una presunta “mesa judicial” del macrismo para perseguir a la vicepresidencia. Si lo hace bien, tal vez se encuentre con un espejo. En ese expediente, impulsado por el opulento Cristóbal López, Servini tiene en la picota a Fabián Rodríguez Simón, “Pepín”. Es el adversario eterno de Angelici, a cuyos cumpleaños Servini trata siempre de no faltar.

La presencia de De Stefano en el video pone en primer plano otra dimensión de este submundo. El rol de Angelici. Se trata de un engranaje principal en el microcosmos de Macri. Proviene del negocio del juego y del fútbol. Pero adquirió un poder extraordinario en el campo judicial. El representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura durante la gestión de Cambiemos, Juan Bautista Mahiques, fue puesto allí por Angelici. Hoy Mahiques es el fiscal general de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Entre otras tareas, Mahiques se encargó como consejero de la Magistratura de proteger todo lo posible a jueces como Eduardo Freiler y Rodolfo Canicoba Corral. En el caso de este último, Mahiques llegó a ser su mensajero ante funcionarios de Macri a los que el magistrado pretendía procesar. Angelici fue también el padrino del consejero Juan Pablo Más Vélez, otro protector de Canicoba. Y hoy ejerce la supervisión de Carlos Matterson, quien llegó al Consejo de la Magistratura después de haber sido abogado de sus bingos.

A propósito del juego en Córdoba, muchos creen ver la mano de Angelici detrás del proyecto de legalización del juego on line del diputado provincial Orlando Arduh. Por ese proyecto, este radical de la línea Evolución, de Rodrigo De Loredo, acaba de ser suspendido como afiliado de la UCR. Macri, en cambio, lo respaldó, alegando que esa modalidad tecnológica es imparable. En la legislatura bonaerense la gravitación de Angelici es más nítida: es el protector de Cristian Gribaudo, el presidente del bloque de senadores de Juntos (ex “Juntos por el Cambio”), quien llegó a la legislatura impulsado también por Jorge Macri.

De Stefano, quien está en el centro de la tormenta del presunto montaje de causas judiciales que se ilustra en el video, es un tentáculo principal de Angelici. Dominó el área de Jurídicos de la AFI gracias al binguero y al abogado Darío Richarte. Mano derecha de Angelici, Richarte fue el hombre fuerte de la Secretaría de Inteligencia en tiempos de Fernando De la Rúa. Después pasó a defender a funcionarios kirchneristas: desde Amado Boudou hasta José López, pasando por Daniel Cameron y Alfredo Scoccimarro. Renunció a esos patrocinios cuando la señora de Kirchner expulsó a Stiuso del gobierno. Angelici lo impulsó al Comité de Disciplina de la AFA.

Satélite de este sistema, De Stefano tiene hoy dos funciones. Es el encargado, por orden de Angelici, de diseñar la lista de candidatos al Consejo de la Magistratura por los abogados de Juntos por el Cambio. Y es director de la empresa Subterráneos de Buenos Aires. El subsuelo literal de la ciudad. Una encrucijada para Larreta: ¿seguirá manteniéndolo en el cargo? Son definiciones como ésta las que decidirán si Larreta es un líder o un administrador.

El kirchnerismo fantasea con la mesa judicial del macrismo. Si se mira bien el mapa, el problema es Angelici. Él no fue una mesa judicial. Ha sido, hasta hoy, una mueblería entera. Su influencia es tan extendida que a la Justicia de Lomas de Zamora llegó en su momento un llamado desde la Casa Rosada para pedir por la absolución de De Stefano. Fue durante el actual gobierno.

Hay otro plano que se superpone en la crisis abierta por el video de Caamaño. Demuestra lo que se sabía: la AFI de Macri espiaba a altos dirigentes de Cambiemos. La filmación demuestra que se controlaban reuniones del gobierno de Vidal. El episodio está cargado de enigmas. Una versión indica que la cámara pertenece a la empresa privada que vigila el edificio. Y que alguno de los agentes de la AFI llevó un micrófono al encuentro. Es raro: las imágenes están demasiado bien sincronizadas con las voces. ¿Alguien cableó esa sala del Banco Provincia? La tarea lleva tiempo. Nadie la realiza para registrar sólo una reunión. ¿Era el único lugar bajo control? Hay mucha gente que no duerme en Juntos por el Cambio. ¿Cuántos videos irán a aparecer? Ya existían indicios irrefutables en el expediente iniciado en Lomas de Zamora. Pero el video que apareció este lunes demuestra que existía un sistema de espionaje interno cuya exposición, ahora, está destinada a convulsionar todavía más la interna opositora. Hay un antecedente de esas prácticas: la intrusión en la vida de “Chacho” Álvarez en la presidencia de De la Rúa. Casualidad: cuando Richarte dominaba a los espías.

Majdalani está desesperada por saber quién entregó ese material. Recibe, como es obvio, la presión de Macri y Arribas. Ella sospecha de Dalmau. No sólo porque era el jefe del área de tecnología, donde se organizó la filmación. Dalmau tendría un motivo personal para desatar esta tormenta. Llorens y Bertuzzi lo dejaron procesado. Es decir, no tuvo la suerte de Arribas, Majdalani y De Stefano, a quienes los camaristas relevaron de toda responsabilidad con la teoría de que las operaciones clandestinas eran aventuras de “cuentapropistas”. Dalmau se niega a ser “cuentapropista”. Quiere demostrar que recibía ordenes. Curioso: de Moe, Larry y Curly, los tres espías que aparecen en el video, él es el único que no habla. ¿La omertá se está quebrando? Un lugar interesante para verlo es la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. Allí se formó un subcomité para indagar en este caso. El kirchnerismo designó por Diputados a Valdés y al talibán Rodolfo Tailhade. Por Juntos por el Cambio se propuso Gerardo Millman. Pero Cristian Ritondo, el ex ministro de Seguridad de Vidal y tal vez su jefe de campaña a la Presidencia, lo frenó. Pidió consultar a la cúpula de la coalición. Va a ser un lindo zoom.

El último capítulo de esta saga tan poco edificante acaba de comenzar. Es la manipulación procesal para encontrar un juez amigo. Caamaño envió la denuncia a La Plata. Al parecer se confundió de sede bancaria: creyó que el episodio había ocurrido en la capital de la provincia. Ahora a su lado alegan que las operaciones ilegales se realizaron en esa ciudad. El caso le tocó al juez Ernesto Kreplak, hermano del ministro de Salud de Axel Kicillof. Desde Comodoro Py reclama el expediente Mariano Martínez de Giorgi, ligado al espionaje desde que le ofrecieron, por primera vez, el cargo. Le podría tocar a él. O a Ariel Lijo, quien acaba de recibir la causa de espionaje que seguía en Dolores Alejo Ramos Padilla. Lijo es ecuménico. Es amigo de Alberto Fernández. Y en su juzgado ha trabajado durante años Fernando Rey. El sobrino de Angelici.