Análisis¿Vuelven los «años felices»?

Por Pablo Sirvén

El FMI y Netflix se peronizan; Baradel, Yasky y varios gremialistas más se vuelven amables y pacientes, el ajustazo jubilatorio es «solidario», el Presidente asiste a lugares que se rebautizan «Néstor Kirchner»; el Vaticano trabaja a favor de aliviar la deuda argentina, por más que lo amenacen con el aborto; al jefe del Estado lo mencionan oficialistas y hasta detractores solo por su nombre de pila y a nadie se le ocurre decir que está de vacaciones si desembarca un fin de semana en Mar del Plata. ¿Cómo se llama la obra?: el peronismo volvió al poder.

La tolerancia social hacia esa franquicia política, toda vez que reconquista el gobierno, es mucho mayor que hacia cualquiera de sus alternativas que intentaron manejar el país sin invocar a Juan Domingo Perón y a los demás santones vivos o muertos, del altar justicialista. Gremios, organizaciones sociales y de derechos humanos, piqueteros y otros factores del poder se encolumnan, pierden bríos y se vuelven sumisos. Bajo la advocación del «amor y la igualdad» de la marchita (con cuya melodía le cantaron el feliz cumpleaños a la supervicepresidenta días atrás) se consuman acciones más drásticas del todo vedadas a administraciones de otro signo a las que, igual, se someten a constantes y peligrosas desestabilizaciones. No se discutirá aquí si era o no necesario otorgarles solo ínfimos $197 más de lo que marcaba el esquema de movilidad jubilatoria derogado a los que percibían la mínima, en tanto que el resto de los pasivos percibirá quitas sustanciales, sino que el nuevo relato gubernamental pretenda convertir eso en una conquista social para aplaudir y se enoje con todos aquellos que pronuncien la palabra «ajuste». De hecho, el mismísimo presidente salió a desmentir a su propio jefe de Gabinete al que se le escapó el jueves que habría aumento de tarifas en junio. Ni la más mínima nubecita debe ensuciar el diáfano cielo peronista durante los «años felices» por venir hasta volver a ser una «nueva Argentina», una «Argentina potencia» o una «Argentina de pie» (los tres primeros, eslóganes históricos de otros tiempos justicialistas, y el último, del gobernante Frente de todos).

Roberto Baradel es comprensivo cuando Axel Kicillof posterga una mejora ya otorgada por su antecesora; Hugo Yasky, titular de la CTA, razona ahora que «la cláusula gatillo genera dinámica inflacionaria», aunque la reclamara hasta hace pocos meses; Aníbal Fernández produce 417 bajas en Yacimientos Carboníferos Fiscales mientras los sindicatos locales miran para otro lado. Hasta el Fondo Monetario Internacional, que con Christine Lagarde reclamaba un ajustazo fiscal sin precedentes, ahora con Kristalina Georgieva a la cabeza, descubre que la deuda argentina generada con ese organismo es «insustentable» y propondría quitas del 30% a los bonistas. Netflix se convierte en el videoclub preferido de Cristina Kirchner, más que complacida con el documental sobre Alberto Nisman y, ni qué decir, seguramente, con el anuncio de que la afamada multinacional del streaming producirá El Eternauta, ese personaje de historieta que el kirchnerismo se le ocurrió «nestorizar» y convertir en emblema. Su CEO, inclusive, tuvo la gentileza de bajar a Buenos Aires. Ya lo dijo el General: somos todos peronistas.

Mientras los planetas se le van alineando con el oficialismo, esta semana que pasó se nos ha puesto por delante dos inquietantes huevos de serpiente que se incuban ¿casualmente? en el Senado: un proyecto pretende limitar las prisiones preventivas de imputados en hechos de corrupción; el otro busca la intervención lisa y llana de la justicia jujeña. El primero, más que coartar la libertad de expresión, propone algo mucho más perverso: que la mera publicación de una investigación, en vez de poner bajo la lupa a la persona observada, sea un real pasaporte a la impunidad. El segundo tiene un exclusivo móvil: liberar a Milagro Sala.

Cinco senadoras muy allegadas a la viuda de Kirchner quieren convertir en salvoconducto para presuntos corruptos cualquier publicación que los aluda con el argumento de que afectaría «la percepción pública respecto del principio de inocencia». Del mismo cuerpo surge la idea de intervenir por un año el Poder Judicial de Jujuy. En una palabra: reponer la situación de los menemistas años 90, cuando empezaron a tallar fuerte las investigaciones periodísticas sobre la corrupción en el Estado, pero entonces sin mayores consecuencias judiciales para los avivados que se enriquecían con ella.

Tal como sucedió con anteriores globos de ensayo hiperpolémicos, la dirigencia peronista en un primer momento observa sin intervenir para no desgastarse gratuitamente con qué grados de tolerancia son recibidos por la sociedad estos globos recién inflados.

Sobre la primera iniciativa, el Gobierno tomó distancia, pero ya se sabe cómo funciona este mecanismo: se la deja correr igual a ver si «germina» (como sucedió con la «Conadep del periodismo», de Dady Brieva, que sigue dando brotes significativos en las tribuneras redes sociales, en un juzgado de Dolores y en las ensoñaciones del doctor Eduardo Barcesat. Respecto del segundo, al Presidente, casi al mismo tiempo, se le ocurrió subir a la Web un video en el que avala el «lawfare» e ilustró el tema, entre otras imágenes, con la de Milagro Sala. Mucha casualidad.