AnálisisVicentin: un decreto que el Gobierno pulverizó en pocas horas

Por Diego Cabot

Bastaron unas pocas horas para que se pulvericen los efectos de aquel decreto que dispuso la intervención de Vicentin. Y no fue necesario que algún juez disponga ninguna medida que irrite a la Casa Rosada sino que bastó con toparse con algún funcionario que leyó con cuidado el precario herramental jurídico que se trazó para desandar el camino que termine en la expropiación. Fue el Gobierno el que dejó de lado la letra que escribió el lunes pasado.

Cuando el interventor ingresó a la empresa ya se había desarropado de la impronta que le trazó el Poder Ejecutivo con la famosa «ocupación temporaria anormal», un instituto diseñado en 1977. Lo hizo con un traje modelado por el concurso preventivo y con las herramientas que sí le entrega la ley de quiebras.

El punto es el siguiente. En el marco de un concurso preventivo, un juez puede nombrar un interventor a pedido de cualquier deudor. Y si se trata del principal acreedor individual, aunque no con la mayoría de la deuda, la posibilidad es más grande.

Quizá el presidente Alberto Fernández podría haber hecho memoria para encontrar un antecedente. Cuando era Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner se dio un caso similar. La caída en desgracia era la curtiembre Yoma y el Banco Nación era el principal acreedor con el 60% de la deuda. La Casa Rosada diseñó una estrategia para salvar la empresa pero tomó una previsión que ahora, 15 años más tarde, pasó por alto. El entonces presidente envió a La Rioja a Felisa Miceli, número uno de la entidad bancaria. Aquí el primer punto: no es la misma persona jurídica el Banco Nación que el Estado Nacional. Pero la confusión regulatoria de estas horas arrasó con los límites. El banco es el acreedor y el Estado es su accionista.

Con la intervención que se dispuso ahora, que necesitará la venia del juez del concurso, se volvieron a trazar esas fronteras. Más allá de que se simule igual, el que pedirá la intervención al juez deberá ser el Banco Nación, real acreedor.

A esta altura vale preguntarse por qué no se utilizó esta herramienta en vez de acudir a un arrasador decreto. La respuesta la tienen en los despachos de la Casa Rosada -o del Instituto Patria-. No era necesario para hacer pie en la compañía.

Sería un error intentar explicar esta situación sin mirar el ADN del kirchnerismo, sea en su vieja versión o con el nuevo pelaje que se colocó en 2019 cuando se vistió de moderado. La configuración del relato patriótico como escudo de otras intenciones es constitutivo de muchas medidas. Y el decreto, inconstitucional según la mirada de muchos especialistas, es un libro abierto de términos que ya se instalaron en la discusión.

El de empresa testigo ya se usó cuando Kirchner creó una petrolera estatal. «Enarsa será una empresa ‘testigo’ en el mercado energético y constituirá en su interior diversas unidades de negocio que generarán iniciativas que puedan, en forma diferencial, captar necesidades de inversión en el sector energético y ofrecimientos financieros en cada zona en particular». Tan poco testigo fue que aquella criatura energética que sirvió para la llegada de la venezolana Pdvsa no pasó de ser un intermediario para evitar algunos controles a la hora de comprar combustibles importados o hacer obra pública por fuera de la administración central.

Otros términos como «utilidad pública» o «soberanía alimentaria» aún deben ser definidos. Quizá este último es el más necesario de puntualizar porque si hay un lugar donde la Argentina es soberana es en la alimentación. Tan soberana que siempre surge el mismo problema: se come fronteras adentro mucho lo que exportamos. Y cada vez que los precios internacionales suben la inflación se escapa y llegan los controles, las retenciones y las cuotas para el mercado interno.

Empezará ahora a trazarse un camino mucho más moderado para estatizar Vicentin, de acuerdo al derecho comercial. Detrás de la cáscara expropiadora seguramente el Banco Nación negocie comprar acciones a cambio de su acreencia. Deberá renunciar a verificar su crédito y el Estado se convertirá en accionista del grupo. Es posible que ese sea el camino. Y entonces sí, será dueño de una empresa testigo, y de sus deudas.