AnálisisUnas PASO sin sentido

Por Fernando Laborda

El 11 de agosto próximo, la ciudadanía argentina deberá concurrir, una vez más, a Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que tendrán un colosal costo para el erario público y no representarán mucho más que una gran encuesta de cara a las elecciones generales de octubre, ya que ninguna fuerza política dirimirá su fórmula presidencial y tampoco habrá competencia para definir las listas de diputados y senadores nacionales en los distritos más importantes del país.

El propósito de las PASO, de acuerdo con la ley que las creó en 2009, durante el gobierno de Cristina Kirchner , es muy claro: dirimir las candidaturas a cargos electivos nacionales dentro de cada partido o alianza electoral, con participación de toda la ciudadanía. Pero ocurre que para la selección de los candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación se han inscripto nueve fuerzas políticas y en ninguna de ellas habrá competencia interna. Mauricio Macri (Juntos por el Cambio), Alberto Fernández (Frente de Todos), Roberto Lavagna (Consenso Federal), José Luis Espert(Frente Despertar), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda de los Trabajadores), Juan José Gómez Centurión (Nos), Manuela Castiñeira (Nuevo MAS), José Antonio Romero Feris (Partido Autonomista Nacional) y Alejandro Biondini (Frente Patriota) se postulan a la presidencia de la Nación sin rivales internos, desnaturalizando el sentido de las elecciones primarias.

Más aún, en la gran mayoría de los distritos esas mismas coaliciones políticas presentarán listas únicas de postulantes a diputado nacional y, allí donde corresponda, a senador nacional.

En consecuencia, el Estado nacional gastará entre 4000 y 4500 millones de pesos para llevar a efecto primarias abiertas en las cuales no se decidirá prácticamente nada, por cuanto las fórmulas presidenciales han sido ya acordadas previamente entre unos pocos dirigentes partidarios. Apenas servirían para definir si todas las alianzas que concurran a las urnas alcanzan el 1,5% de piso de votos necesario para poder participar de las elecciones generales, convocadas para el 27 de octubre.

Se trata de un gasto descomunal en un país que debería hacer de la austeridad un mandato irrenunciable.

Como era esperable, concluido el plazo para la presentación de listas de candidatos, se conocieron algunos pedidos e incluso proyectos de ley para suspender por esta vez las PASO y ahorrarle un dineral al Estado en los difíciles tiempos que corren, o bien para modificar la norma legal y limitar las elecciones primarias a aquellos distritos y partidos políticos en los que efectivamente pueda haber competencia interna.

Para eliminar las PASO haría falta un acuerdo político y una ley del Congreso, que no solo debería ser sancionada muy rápidamente, sino también con el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara legislativa.

Entre las propuestas conocidas ayer, la diputada nacional del radicalismo Gabriela Burgos presentó una iniciativa legal que reformula el artículo 19 de la ley de partidos políticos, que regula las PASO. Propicia añadir que, en el caso de que no exista pluralidad de listas que compitan en forma interna dentro de los espacios políticos para los cargos nacionales, «no se llevarán a cabo las PASO». Si existiera más de una lista para algunos de los cargos en disputa, solo se realizarán las elecciones en el distrito correspondiente para definir únicamente esas categorías y no para el resto de los cargos nacionales, según el proyecto.

En igual sentido, se manifestó el gobernador de Mendoza y titular del comité nacional de la UCR, Alfredo Cornejo .

Con anterioridad a ese reclamo, en febrero pasado, un grupo de intendentes bonaerenses de Cambiemos, encabezados por Jorge Macri , había pedido la eliminación de las PASO, un sistema que al actual Presidente nunca lo convenció tampoco.

Independientemente de lo que ocurra con las PASO previstas para agosto, habrá que pensar seriamente frente a los próximos años sobre el sentido de estas primarias. Porque ha quedado demostrado que la dirigencia política argentina no ha sabido o no ha querido darle el uso para el que fueron diseñadas.

Fuente La Nación