El cadáver del financista Aldo Ducler se está instalando como un nuevo signo de interrogación fúnebre sobre el kirchnerismo y su entramado de negocios. Se agrega al del fiscal Alberto Nisman y al de Raúl Espinosa, el empresario pesquero asesinado en Puerto Madryn, en 2003, como parte de un enredo comercial y una lucha de poder. Ducler se desplomó anteayer, a las 15, en Corrientes y San Martín.
Según el parte médico, murió minutos después de llegar, en ambulancia, al Argerich. Sin embargo, aparecieron algunos detalles inquietantes: a su hijo, Juan Manuel, le informaron que antes del desmayo habría sufrido un intento de robo. Es raro que nadie le sacara el reloj o la billetera. Según los testimonios familiares, durante los últimos tiempos Ducler vivía amenazado.
En una de las cartas que entregó al Gobierno, Ducler acosejaba investigar una presunta asociación ilícita entre los Eskenazi, los Kirchner, Alberto Fernández, el ex embajador en España Carlos Bettini, Julio De Vido, Axel Kicillof y Carlos Slim, uno de los financistas de la «argentinización» del 25 por ciento. Las insinuaciones de Ducler sobre funcionarios del Credit Suisse parecen apuntar a Pedro Chomnalez, íntimo amigo de Sebastián Eskenazi, y a Andrea Camp. Habrían sido los responsables de la operación en ese banco. Hoy Chomnalez es director de Telecom Argentina, en representación de Fintech.
Ducler adelantó parte de su denuncia en una entrevista radial, a fin del año pasado. Pero se acercó al Gobierno para colaborar en el juicio que iniciaron los Eskenazi en Nueva York. A cambio, pretendía una recompensa. Si las tesis de Ducler se comprobaran, esa demanda, tercerizada en parte en un fondo buitre, sería el tercer saqueo kirchnerista de YPF. El primero habría sido la captura en cuentas offshore de los fondos obtenidos por su privatización. El segundo, la aplicación de esos mismos fondos para respaldar a los Eskenazi en su adquisición del 25% de la compañía. El tercero estaría en trámite: sería el pleito iniciado en los Estados Unidos.
Después de presentarse en concurso en España, las dos compañías a través de las cuales los Eskenazi ingresaron a YPF vendieron a Burford, en 15 millones de euros, su reclamo contra la compañía y contra el Estado argentino. El acuerdo incluye el derecho de ambas sociedades a recibir el 30% de una eventual sentencia favorable. Se presume que el monto total en discusión rondaría los US$ 3000 millones. El argumento de Burford/Eskenazi es que la estatización violó el estatuto de la petrolera. Sobre todo, el artículo que establece que para adquirir más de un determinado porcentaje del capital social, debe hacerse una oferta por la totalidad. Ese incumplimiento habría impedido a los Eskenazi, alegan ellos, cumplir sus obligaciones con Repsol. Hay que recordar que ellos adquirieron su participación en YPF de un modo insólito: pagándole a Repsol con los dividendos que cobraban en la propia empresa. Cuando anunció la jugada, el catalán Antoni Brufau elogió a Enrique Eskenazi como «experto en mercados regulados».
La defensa argentina fue pobrísima. Como no podía patrocinar al país porque representa los intereses de los Eskenazi, el estudio Cleary Gottlieb recomendó a los abogados de Akerman, un bufete de Miami, en cuya sede neoyorquina trabaja el argentino Martin Domb. La jueza Preska falló contra el Estado e YPF con un argumento principal: los maltratos y amenazas contra los abogados del estudio King & Spalding, patrocinantes de la contraparte, por parte de la procuradora del Tesoro kirchnerista, Angelina Abonna. Lo curioso es que, con el ascenso de Mauricio Macri, la Procuración, a cargo de Carlos Balbín, no cambió de estrategia ni de estudio jurídico. Tampoco Eugenio Bruno, el responsable jurídico del Ministerio de Finanzas, en quien Balbín habría descansado. Esas modificaciones se produjeron hace semanas, a raíz de una intervención de Fabián Rodríguez Simón, director y responsable del comité jurídico de YPF. Rodríguez Simón viajó varias veces a Nueva York a estudiar el expediente con el sucesor de Balbín, Bernardo Saravia Frías. ¿Habrá que buscar aquí las razones del reemplazo? Como consecuencia de esas diligencias se acaba de reemplazar a Akerman por el estudio Skadden.
Los abogados de Skadden irán a la audiencia del 15 con un argumento central: sobre la base de la Foreign Sovereing Inmunity Act, una expropiación no puede ser considerada como una transacción comercial. Por lo tanto, ni siquiera tiene sentido el litigio abierto en los tribunales neoyorquinos. La encrucijada es relevante, en la estela de Burford/Eskenazi ha planteado otra demanda el fondo Eton Park. Este segundo caso puede ocasionar algún inconveniente: el representante de Eton es el estudio Garrido, uno de cuyos socios, en uso de licencia, es Eugenio Bruno.
Si el hijo de Ducler documentara que la adquisición de las acciones de YPF por parte de los Eskenazi fue fraudulenta, el conflicto judicial terminaría. Las afirmaciones que dejó por escrito Aldo Ducler son bastante verosímiles. Los Eskenazi han tenido con los Kirchner un vínculo tan estrecho como oscuro. Por ejemplo, cuando el juez Norberto Oyarbide lo «investigó» por enriquecimiento ilícito, el matrimonio justificó parte de su fortuna en que el Banco de Santa Cruz, perteneciente a esa familia, remuneraba sus ahorros a tasas exorbitantes. A ningún fiscal se le ocurrió indagar en ese privilegio.
El provincial fue el principal punto de contacto de los Eskenazi con el kirchnerismo, sobre todo con Francisco Larcher, quien, antes de comandar la ex SIDE para Kirchner, fue director de esa entidad en representación de la provincia. Enemistados con Cristina Kirchner, los Eskenazi y Larcher migraron hacia Sergio Massa. La conexión explica la cercanía de Sebastián Eskenazi con los servicios de Inteligencia, gracias a la cual se habría beneficiado con algunas prestaciones del tenebroso Antonio Stiuso. Estos vínculos se mantendrían hasta ahora y son de una opacidad inconveniente. Sobre todo, después la muerte de un financista que sabía demasiado.
Carlos Pagni Para La Nación
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