Por Joaquín Morales Solá
Ahora también hay juicios vip. La Justicia inauguró un sistema para privilegiados, al que solo acceden los que integran la casta gobernante. Nunca antes hubo una audiencia preliminar a un juicio oral y público, y ante el mismo tribunal que llevará luego el juicio (si es que lo lleva), para recibir el pedido de nulidad de una causa. Cristina Kirchner logró establecer ese sistema con una Justicia que no le puso límites. A la vicepresidenta se le ocurrió que debía ser así, y así fue. El tribunal fue recusado por la DAIA, la entidad que representa a la comunidad judía, porque es querellante en la causa del memorándum con Irán. La prudencia indicaba que el tribunal debía abstenerse de hacer nuevos actos mientras no se resuelva la recusación. Los hizo, sin pudor ni prudencia.
La DAIA había pedido también que se postergara el día de la exposición de Cristina Kirchner, porque coincidía con la conmemoración del mayor atentado registrado en la Argentina, el que voló el edificio de la AMIA y dejó 85 muertos y más de 300 heridos. El tribunal solo postergó la perorata de Cristina dos horas para que no coincidiera con el acto de recordación. Debió postergarlo para otro día, y es la propia vicepresidenta la que debió sumarse al razonable pedido de la comunidad judía. El tribunal le dio 45 minutos para su exposición; Cristina habló casi dos horas. Nunca se refirió a la causa misma, sino a un universo de conspiraciones mundiales y hasta cósmicas. El tribunal nunca le ordenó que acotara su discurso a la causa, que es lo que hubiera hecho con cualquier otro mortal. “Ningún otro acusado hubiera hablado así ante un tribunal más de dos minutos”, dijo un funcionario judicial con larga trayectoria. Imposible imaginar más privilegios. ¿Es ilegal lo que se hizo? Tal vez, no. Pero forzó los márgenes mismos de la legalidad.
En la historia, los tribunales orales concedieron audiencias preliminares al juicio oral y público solo para ordenar las pruebas, pero nunca para que se pidiera la nulidad de la causa. Para eso está el propio juicio oral, donde los acusados pueden hablar y pedir lo que creen justo. Los tribunales no son (no deberían ser, al menos) un teatro para montar un show político, sobre todo dentro de una causa judicial demasiado sensible para cualquier argentino sensible. La causa por supuesto encubrimiento de los autores del atentado contra la AMIA fue abierta por el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de su trágica muerte. Nisman fue asesinado, según la conclusión actual de la Justicia argentina. Es la víctima 86 del atentado contra la AMIA. La causa se reabrió por el presunto delito de “traición a la patria” y el juicio oral podría durar un año o más. Es el trámite que Cristina Kirchner quiere evitar. Los fueros de vicepresidenta la protegen de la cárcel, pero no de asistir a todos los requerimientos previos de la Justicia.
Podría haberse limitado, aun en medio de semejante excepcionalidad, a pedir la nulidad de la causa porque considera al memorándum una decisión política no justiciable. En lugar de caminar por la senda que le indicaban los códigos y procedimientos judiciales, se explayó con un discurso político en el que predominó más la inferencia que la certeza. La conspiración contra ella abarcó, según se desprende de sus encendidas palabras, desde los fondos buitre hasta Macri, pasando por imperialismos que buscan el atraso de la Argentina y de sus ciudadanos. El nacionalismo cerril y ciego es el último refugio de los que carecen de razones consistentes. La causa se inició cuando ella era presidenta y tuvo las demoras propias de la burocracia judicial argentina.
¿Fue una decisión política no justiciable? La respuesta habría sido más clara si solo hubieran participado los organismos institucionales del Estado; esto es: la Presidencia, la Cancillería y los asesores formales de unos y otros. El elemento que enturbia la respuesta es que en la causa están metidos también Luis D’Elía, el exlíder de Quebracho Fernando Esteche y Andrés “Cuervo” Larroque, que nada tenían que ver con las relaciones exteriores. Grabaciones de conversaciones telefónicas captadas por el fiscal Nisman dan cuenta de que D’Elía y Esteche se ufanaban de haber escrito ellos el memorándum que al final terminaron firmando los gobiernos de Irán y la Argentina. Por presión de Cristina, el Congreso argentino aprobó en un trámite exprés el memorándum con Irán. El Parlamento iraní no lo aprobó nunca, porque poco después cambió el gobierno de ese régimen teocrático. La administración de Cristina Kirchner ni siquiera tuvo en cuenta la fragilidad política del gobierno con el que firmaba un acuerdo. El pacto significaba en los hechos una cesión de la soberanía judicial argentina a Irán, cuyos dirigentes son culpables, según los jueces argentinos, de la autoría intelectual y financiera del atentado más grande que sufrió la comunidad judía desde la Segunda Guerra. Fue también una criminal agresión a la Argentina y a toda su sociedad. De todos modos, la expresidenta cuenta con margen judicial como para pedir la nulidad del juicio por tratarse de una decisión política no justiciable. No lo hizo.
Se empecinó en destruir la causa por las visitas a la Casa de Gobierno y a Olivos que hicieron los jueces de la Cámara de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Esos dos jueces fueron fundamentales para reabrir la causa por el memorándum con Irán. Ella sostiene que fueron a la Casa de Gobierno y a la residencia presidencial a hablar con Macri de ese expediente. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo probará semejante afirmación? Hornos y Borinsky tienen abierta una causa penal por esas visitas y hasta podrían recibir sanciones disciplinarias por parte del Consejo de la Magistratura. Pero son dos cosas muy distintas. El memorándum con Irán es una; las visitas de los jueces a dependencias presidenciales son otra. Mezclar ambas cosas y sacar febriles conclusiones es propio de los que buscan conspiraciones hasta debajo de la cama.
La expresidenta sostuvo que esa causa la promovieron los fondos buitre porque ella no les pagaba ni les pagaría. ¿No pensaba pagarles a pesar de la sentencia definitiva de la Justicia norteamericana, instancia que había aceptado el Estado argentino? ¿Qué tienen que ver los fondos buitre con una causa iniciada por un fiscal argentino en enero de 2015? La victimización es otro recurso extremo de los que carecen de razón. También dijo que era perseguida porque solo buscaba un país mejor para sus nietos, y deslizó que detrás de esa persecución están monumentales intereses políticos y geoestratégicos. No nombró a los Estados Unidos, pero la potencia norteamericana estuvo en la punta de su afilada lengua. Resulta, sin embargo, que el gobierno de Biden acaba de donarle a la Argentina 3.500.000 dosis de la vacuna Moderna, una de las más prestigiosas del mundo. Gratis. El propio Alberto Fernández suele decir que la negociación más difícil por las vacunas fue con China, que empezó pidiéndole 60 dólares por dosis y terminó arreglando por poco más de 40 dólares. El gobierno de Putin también cobra, y cobra caro, el envío de sus vacunas. El imperio innombrable inmunizará en cambio a 1.750.000 argentinos (la vacuna de Moderna necesita dos dosis) a cambio de nada. Es uno de los laboratorios con los que, según Máximo Kirchner, el Gobierno no debió acordar. Ya hay más de 100.000 muertos. Basta de generalizaciones que no dicen nada. El verseo ideológico debe terminar.
El cristinismo está edificando procesos judiciales espejo con Macri. A la causa por lavado de dinero en Hotesur y Los Sauces, empresas de la familia Kirchner, le interpone ahora una causa contra Socma, la empresa de la familia Macri. Frente a la causa por el memorándum con Irán, que interpela a Cristina, crea una causa por contrabando de armas a Bolivia que acusa a Macri. Macri deberá arreglárselas solo. La Justicia vip atiende solo al cristinismo, sus caprichos y sus extravíos.
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