Opinión

AnálisisUna bisagra en la persistente relación de la política argentina con la corrupción

Julio De Vido

Por Joaquín Morales Solá

La causa de los cuadernos mostró el teatro en el que actuaron funcionarios y empresarios durante más de una década. Las licitaciones de obras públicas fueron una mera representación, en las que de antemano cada uno sabía quién ganaría y quién perdería. Los largos monólogos de Cristina Kirchner por cadena nacional frente a un público que incluía muchas veces a empresarios era otra escenificación.

Algunos empresarios, no todos, estaban ahí porque tenían acuerdos obscenos con el poder kirchnerista. Saber que todo fue un teatro, y conocer qué papel ocupaba cada uno de los protagonistas, podría significar un antes y un después en la larga historia de la corrupción política argentina. Nunca antes hubo una crónica tan precisa de los sobornos a un gobierno. Nunca antes se conocieron casi todos los nombres de los funcionarios corruptos que recibían dinero privado y de los empresarios que pagaban. Tal vez sucedió porque tampoco antes había circulado tanta plata en coimas o, quizá, porque nunca el método fue tan tosco y rudimentario. El volumen del dinero y la chapucería de los procedimientos podrían explicar, en efecto, por qué se conoce ahora con precisión lo que solo se suponía o pertenecía al territorio de la rumorología.

La intensidad de los acontecimientos impide por momentos medir la dimensión cabal de lo que sucedió en los últimos tiempos. Basta señalar que casi todo el equipo de Julio De Vido en el entonces Ministerio de Planificación (incluido De Vido) está preso en las cárceles de Ezeiza y de Marcos Paz. La primera línea de los empresarios de obras públicas fue también presa o debió acogerse al régimen del arrepentido para eludir la prisión.

Apellidos emblemáticos del empresariado argentino aceptaron ante el juez Claudio Bonadio que pagaron sobornos durante años y que lo hicieron para obtener millonarias concesiones. Cristina Kirchner fue sindicada por primera vez como jefa de un monumental esquema de corrupción (tiene otras causas, como jefa de una asociación ilícita, pero ninguna tan importante como esta) que inauguró su marido muerto, pero que ella reanudó y lideró hasta que se fue de la presidencia.

Salvo Elisa Carrió , que había aludido directamente a ella como responsable de las prácticas corruptas (“Cristina también es ladrona”, dijo cuando todavía la expresidenta ocupaba la jefatura del Estado), el resto de la dirigencia opositora creyó que con la muerte de Néstor Kirchner se habían cortado el sistema de sobornos por obras públicas.

Los dólares del convento

Una de las más sorprendentes novedades fue la declaración de José López , el poderoso secretario de Obras Públicas durante la gestión de los dos Kirchner, de que los dólares que revoleó en un convento de General Rodríguez eran de Cristina.

Era junio de 2016. Cristina no tenía fueros entonces (los tuvo solo en diciembre de 2017) y su casa podía se allanada en cualquier momento. Por esa época también, la Justicia encontró una caja de seguridad con cerca de cinco millones de dólares a nombre de su hija, Florencia . Puede deducirse entonces que, en esos meses de 2016, Cristina trataba de deshacerse de dinero que tenía en su poder. Ya se habían iniciado y avanzado varias causas contra ella por corrupción, pero no, desde ya, la de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

Es necesario subrayar que por primera vez se conocen los nombres de los sobornados y de los sobornadores. Durante los últimos 28 años se habló mucho de una política corrupta, que existió, pero nunca se mencionó el nombre de los que pagaban la corrupción. Hubo excepciones, pero eran hechos puntuales. El caso IBM-Banco Nación, por ejemplo, se refería a una empresa y a los entonces directivos de un banco público. El caso Siemens también aludió a un empresa y a un grupo de entonces funcionarios de Carlos Menem . Durante el escándalo de los sobornos en el Senado, funcionarios importantes deFernando de la Rúa deslizaron que las coimas no habían sido pagadas por el gobierno, sino por empresas privadas interesadas en que se aprobara la ley de flexibilización laboral.

Pero nunca se dio el nombre de ninguna empresa en concreto. El hecho inaugural de los cuadernos de Centeno es que habla no solo de muchas empresas, sino también de sus dueños, como sobornadores seriales de funcionarios insaciables.

Esa novedad plantea la necesidad de un cambio sustancial en la cima del empresariado argentino. Deberán cambiar los directivos y los ejecutivos que participaron de tales maniobras para que las empresas sigan existiendo. De hecho, las empresas no son culpables de nada. Los culpables son las personas que estaban a cargo de ellas y que decidieron aceptar el esquema de corrupción de los Kirchner, que incluía a veces métodos extorsivos.

Ese recambio es imprescindible para que las empresas puedan acceder al crédito y moverse naturalmente en el mercado financiero. La mayoría de las empresas involucradas en el caso de los cuadernos había manifestado su intención de integrarse al programa PPP (participación pública privada) en la construcción de obras públicas. Lo harían mediante la obtención de créditos, a los que ahora no pueden acceder. El programa PPP es una idea del gobierno de Macri para continuar con un intenso plan de obras públicas, imposible de financiarse solamente con dinero público después del ajuste que provocó la crisis económica. Ese plan está ahora dentro de un paréntesis hasta que se resuelva la situación de las empresas de obras públicas, la mayoría bajo investigación judicial.

El rol de la Justicia

Un elemento no menor en los resultados de esta investigación es el papel que cumplió la Justicia. Tanto el juez Bonadio como el fiscal Carlos Stornelli (luego se integraría también el fiscal Carlos Rívolo ) mantuvieron los cuadernos de Centeno en estricto secreto durante casi cuatro meses, mientras corroboraban que lo que decían las anotaciones era cierto.

Bonadio, Stornelli y Rívolo, tres funcionarios con antecedentes de independencia frente al poder político, tomaron involuntariamente el papel de reivindicar a una Justicia observada y cuestionada por la sociedad argentina.

Si bien ellos habían enfrentado a los gobiernos de los Kirchner en distintos casos y en diferentes momentos, lo cierto es que la mayoría de los jueces, sobre todo, conservaron un estado de inexplicable apatía cuando se consumaba el más grande espolio de recursos del Estado. Paralelamente se producía también una renovación decisiva en la Cámara Federal Penal, que es la que debe y deberá revisar todas las decisiones de Bonadio. Eyectados de sus cargos los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, la Cámara se integró con magistrados hasta ahora no cuestionados. El presidente del tribunal es el juez Martín Irurzun, también con antecedentes de independencia frente a los que mandan en la política.

Aunque ya se sabe cómo fue la monumental recaudación de dinero espurio durante los doce años de los Kirchner, se carece hasta ahora de una cifra exacta sobre la riqueza acumulada por el exmatrimonio presidencial.

Fuentes judiciales suponen que Lázaro Báez podría ser el testaferro de bienes por unos 400 millones de dólares, pero es probable que haya otros testaferros. Tampoco se sabe con precisión dónde está parte del dinero. Lo único que se repitió entre los exfuncionarios arrepentidos es que el dinero de los sobornos (siempre dólares o euros) eran enviados al sur del país.

¿Hubo también una parte del dinero que salió del país y se encuentra escondida en cuentas secretas en paraísos fiscales? ¿Para qué enviarían los dólares y euros al sur si luego los sacarían del país? ¿O, acaso, una parte fue al interior del país y otra parte al exterior? Estas son las preguntas que la investigación todavía no ha respondido. Obvio: primero tenían que constatar que lo que había escrito Centeno, sobre el pago y el cobro de sobornos a lo largo de muchos años, era cierto. Y esa duda ya no existe: es cierto.

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