Por Laura Di Marco
Como en el caso Vicentin, gran parte de la sociedad argentina, por fuera del núcleo duro que vota al Gobierno, parece haber tomado esta reforma judicial como un símbolo de impunidad y venganza de Cristina Kirchner.
Así como Vicentin fue interpretado como un símbolo del vamos por todo, esta reforma es, para gran parte de la sociedad, un símbolo de una amnistía encubierta.
Históricamente, la Argentina reaccionó muy mal ante las amnistías y muchas veces salió a la calle y se tuvo que ir hacia atrás o pagar altos costos políticos. Te recuerdo algunos casos:
En 2017, cuando la corte dictó el fallo del 2×1 que beneficiaba a genocidas la reacción popular frenó el proyecto. En 1983, hubo que dar marcha atrás con la autoamnistía que proyectaban los militares y avalaba el peronismo.
El punto final, la obediencia debida también fueron proyectos que tuvieron un muy alto costo político.
Este es el primer límite con el que se encuentra la voracidad de Cristina: el balance de poder que votó la sociedad argentina cerró 41 a 48. Es bastante equilibrado. Ya no se puede hacer cualquier cosa como en 2011, sin que haya consecuencias.
Podríamos resumir, de manera brutal, el proyecto de reforma judicial que se está discutiendo así:
El primer capítulo, el de la impunidad, se centra en la ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué busca Cristina? Meter juristas afines del estilo de Peñafort,Alberto Beraldi, su abogado defensor, o Alejandro Rúa para que la ayuden a zafar de las causas que la complican.
El otro capítulo se centra más bien en dinamitar Comodoro Py; es decir, se mete con la Justicia Penal Federal que entiende en casos de corrupción política y narcotráfico. ¿Para qué? Para curarse en salud y manejar jueces amigos que eventualmente puedan meter presos a Macri y a sus amigos. Por esta instancia ya pasaron las causas de Cristina: por es el objetivo no es impunidad sino venganza.
Un detalle revelador: el presidente Alberto Fernández mandó el proyecto de reforma al Senado, donde Cristina tiene mayoría. Esta pista nos indica que no busca un consenso con la oposición, o un acuerdo político, sino una imposición.
El Presidente justificó ayer el envío de esta reforma en el supuesto de que «la sociedad demandó un nuevo sistema judicial».
¿En qué encuesta lo leyó? ¿Alguien en su sano juicio diría que la reforma de la Justicia es prioridad hoy en un país en pandemia, con un 50 por ciento de pobres y al borde del default? ¿Una reforma que implica la creación de 279 nuevos cargos y que demandará miles de millones de pesos?
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