Política

Distintas denunciasTres diputados de Salta pasarán por tribunales este año

Como nunca antes sucedió en Salta, tres legisladores de la Cámara de Diputados deberán responder por graves delitos penales. El primero de ellos será el diputado, Gustavo Orozco, de Salta Somos Todos. Por detrás, le siguen Tomás Salvador Rodríguez y Kuldeep Singh, de Frente Para la Victoria y Cambiemos. ¿Quiénes son, como llegaron y qué delitos les achaca la justicia?

De los tres diputados, llamativamente la Cámara sólo actúo presurosamente con uno de ellos, Kuldeep Singh, quien después de ser destituido fue a parar a la cárcel por los graves delitos de robo a mano armada y privación ilegítima de la libertad, acusación penal que se mantiene y por la cual se espera que sea juzgado este año.

Con los otros dos legisladores que están en la misma fila, Rodríguez y Orozco, en tanto, desde la Cámara baja no hicieron prácticamente nada pese a los graves delitos que la justicia dio por comprobados, al menos, con un alto grado de probabilidad suficiente como para mandarlos a juicio.

La situación que se vive en el seno de la Legislatura a raíz de las acusaciones penales en contra de tres de sus integrantes es incómoda, de acuerdo a lo que pudimos saber desde InformateSalta. Y un poco más podría decirse, aunque hasta el momento nadie salió con el dedo del escarnio en alto en contra de los tres colegas caídos en desgracia.

Tal vez al único que sí le “dieron vuelta” la cara fue a Singh, a quien los legisladores prácticamente no consideraron en ningún momento un colega que haya surgido de cepa política, sino más bien un empresario que no se esforzó demasiado en andar por la calle y conocer los verdaderos problemas de la gente.

Además, de los tres diputados con causas penales en su haber, Singh es el que más comprometido se encuentra, pues la fiscalía penal de Unidad Contra Robos y Hurtos, a cargo de Federico Jovanovics, le achacó delitos penales que podrían derivar en una condena de hasta 45 años de prisión.

Con descendencia hindú, Singh se convirtió en escándalo nacional el año pasado cuando salieron a luz fotografías y videos de su participación en un robo comando a la firma Nutribras SA, en el Parque Industrial de General Güemes, a donde llegó previo privar de la libertad a un empleado de dicha firma.

En 2017, Singh, al igual que Orozco, llegaron a la Cámara de Diputados con un triunfo rotundo en Rosario de la Frontera. En realidad el empresario arrasó, siendo seguido por el ex policía, quien ya estaba en la mira de la justicia por los delitos por los cuales ahora va a juicio.

Singh llegó de la mano del actual intendente, Gustavo Solís, bajo la bandera oficialista, sin embargo, apenas pisó la Cámara saltó al bloque de Cambiemos, mientras que Orozco se mantuvo bajo el ala del partido del diputado nacional, Alfredo Olmedo.

El ex policía no fue el único de la familia en incursionar en la política, pues su hermana, Valeria Orozco, fue diputada provincial por el Frente Plural y mantuvo un fuerte y largo vínculo con un hermano de un conocido juez de Corte de Metán, razón por la cual el ex policía habría logrado un fallo favorable que, en definitiva terminó por sacarlo de la cárcel.

Incluso, con el juicio cerca, las mismas voces adelantaron que el ex Jefe de la Brigada de Investigaciones de Rosario de la Frontera, contar con cierta ayuda desde la justicia metanense. Orozco, en tanto y públicamente, sólo se dedicó a negar los cargos y adujo que el juicio salió después de dar a conocer sus aspiraciones de ser intendente rosarino.

Graves cargos

La situación de Rodríguez y Orozco, en tanto, no es muy diferente, pues las acusaciones por las que deben responder ya tienen en su haber, al menos, dos fallos que confirman la necesidad de ambos legisladores vayan a juicio oral y público, algo que, a excepción del diputado de Salta Somos Todos, se espera que suceda en el primero semestre del año.

A Rodríguez, la Fiscal Penal de Violencia de Género 3, Liliana Jorge, le imputó el delito delesiones leves agravadas por la relación de pareja y violencia de género en perjuicio de su ex mujer, a quien el diputado golpeó y le rompió la nariz.

La calificación impuesta no deja de causar cierto escozor entre sus colegas, pues se trata de un flagelo por el cual la provincia se encuentra declarada en emergencia, condición que este mismo diputado aprobó en su condición de legislador por la Capital.

Por otra parte, cabe recordar que Rodríguez fue denunciado en la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos por la ausencia de rendición de fondos por 27 millones de pesos del ítem “1.3.1 Becas, Subsidios y Subvenciones”, cuando Rodríguez presidió el Concejo Deliberante de Salta.

El caso de Orozco, tampoco es menor, pues al mismo se le imputaron casi la mayoría de los delitos relacionados a la violación de Derechos Humanos, entre ellos los de apremios ilegales, vejaciones agravadas, severidades, coacción, privación ilegítima de la libertad y torturas.

De todos estos delitos, el más grave es el de “torturas”, considerado una práctica usual en las distintas dictaduras por las que atravesó nuestro país, sin contar que a nivel internacional se trata de un grave delito dentro de los hechos de lesa humanidad, lo que justifica la escala penal de 8 a 25 años de prisión, según lo establecido por el Código Penal Argentino.

A diferencia de Rodríguez y Singh, el diputado de Salta Somos Todos ya tiene fecha de jucio: entre el 27 y 29 de marzo próximo en la ciudad judicial de Metán, bajo la dirección de la jueza, Carolina Poma, según lo informado oficialmente por el Poder Judicial.

Respecto a Rodríguez y Singh, en tanto, aún no hay fechas de juicio, aunque se especula que el diputado de Rosario de la Frontera sea el segundo en ir a juicio, pues en su caso la justicia ya resolvió de manera desfavorable para dicho legislador una serie de planteos que interpuso.

Rodríguez, por lo tanto, podría ser el vagón de cola de este trío de diputados pseudos delincuentes que pasarán de ocupar una banda en la Legislatura de la Provincia a sentarse en el banquillo de los acusados de la Ciudad Judicial, en un hecho inédito para la historia legislativa de Salta.

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