Los productores de Salta y Jujuy presentaron un reclamo contra la tabacalera Cigarrillos y Tabacos SA, fabricante de la marca CJ, por ventas a valores inferiores al mínimo de tributación.
El proceso de constitución de una empresa cigarrera que vende sus productos a valores inferiores al mínimo de la tributación vigente puso en alerta a las cámaras del tabaco de Salta y Jujuy, entidades que se presentaron ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para denunciar la situación y pedir que se investigue a la compañía.
La intención de las entidades que nuclean a los productores es evitar que se genere una situación similar a la que se presentó con Tabacalera Sarandí, compañía que incurrió en la misma práctica y que luego presentó cautelares ante la Justicia que le permiten, desde 2016, no tributar al fisco lo que marca la ley por tener ingresos por ventas menores a lo que debiera tributar. Sarandí vende a valores más bajos que sus competidores y, desde hace cuatro años, evita cumplir obligaciones fiscales.
El 22 de enero último, el vicepresidente de la Cámara del Tabaco de Salta a cargo de la presidencia, Ariel Aprile; y el presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy, Pedro Pascuttini, ingresaron en la Regional Salta de AFIP un petitorio con el objeto de «denunciar la extraña declaración jurada y solicitar inicie el proceso de fiscalización» o lo que se «considere correspondiente, al contribuyente «Cigarrillos y Tabacos’ Sociedad Anónima en formación, toda vez que este comerciante declara, conforme página de AFIP, precios de ventas de cigarrillos marca CJ Tradicional y CJ Mentolado, en un valor de $30».
En su presentación, los productores advirtieron que «la tributación derivada de la comercialización de cigarrillo sin cumplir la Ley 27.430 de Impuesto a las Ganancias, ocasiona la existencia de un tema de gravedad institucional que, teniendo en cuenta los intereses involucrados, ocasiona serios perjuicios a los miembros de la Cámara del Tabaco de Salta y de Jujuy, al fisco nacional, a los restantes manufactureros de la industria cigarrera y al interés económico general».
El ingreso económico de la actividad tabacalera está integrado por el precio que el productor percibe por las ventas del tabaco producido, como así también por los recursos que recibe del Fondo Especial del Tabaco, creado por Ley 19.800, e integrado económicamente con el 7% del precio total de venta al público de cada paquete de cigarrillos.
Los tabacaleros remarcaron que su sistema de recaudación «se está viendo afectado por la circunstancia que el contribuyente Cigarrillos y Tabaco SA en formación, ha declarado precio de ventas al público de sus productos en valores inferiores al que se debe tributar en relación al impuesto mínimo fijado por la Ley 27.430 por la comercialización de atados de cigarrillos; hoy en valor de $56 por atado de 20 cigarrillos, o el 70% del precio de venta resultando que todo manufacturero debe tributar de estas dos hipótesis la de mayor valor». De cumplirse la normativa vigente, Cigarrillos y Tabaco SA, debería pagar, en concepto de impuestos por cada paquete de cigarrillos, 26 pesos más que el precio de venta de su producto.
«Como consecuencia -indicaron- si Cigarrillos y Tabacos SA en formación se encuentra tributando sobre sus valores declarados, se procede a desfinanciar al FET y por ende a los productores tabacaleros nucleados en las cámaras de Salta y Jujuy».
Finalmente, los empresarios solicitaron que «de encontrar alguna inconsistencia, o irregularidades que acrediten la actuación penal, se remitan las presentes al fiscal penal» de turno.
Actividad central para el norte
Salta y Jujuy producen anualmente unas 35.000 hectáreas de tabaco, sobre un total de 64.000 que se cultivan en el resto de las cinco provincias tabacaleras de la Argentina.
Según los referentes del sector, en Salta y Jujuy la actividad tabacalera es la mayor empleadora después de los estados provinciales, por lo que consideran “una cuestión de Estado provincial la defensa y tutela de esta actividad social”.
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