Locales

Siguen las dudas sobre las supuestas amenazas a Sáenz

La defensa calificó las detenciones como «ilegítimas». La Policía informó que no hay pruebas de que sea un «sicario» el que iba a amedrentar al intendente.

Tras el arresto de tres personas por la difusión de un audio en el que un exconvicto dice que trataron de contratarlo para amedrentar al intendente Gustavo Sáenz, la defensa de los acusados calificó como «arbitrarias e ilegítimas» las detenciones. Desde la Policía de la Provincia, en tanto, relativizaron la posibilidad de que el hombre al que supuestamente querían pagarle para amenazar al jefe comunal sea un «sicario», como se lo presentó en medios de comunicación, según informó El Tribuno.

Gustavo Tolava, exconvicto, Pablo Delaloye, empresario de la noche, y Juan Urzagaste, un colaborador, fueron detenidos acusados de coacción, instigación a cometer un delito y asociación ilícita, ilícitos que habrían cometido supuestamente como consecuencia de que Sáenz prohibió que funcionen boliches en la calle Balcarce.

«Los tres delitos por los que están acusando a nuestros defendidos son actos preparatorios. No existe nada en el Código Procesal Penal de Argentina que castigue algo que no se cometió», dijo Luciana Andolfi, la abogada de Urzagaste y Delaloye.

«Estas detenciones son arbitrarias e ilegítimas, por lo que sostenemos que esta causa es un papelón jurídico», calificó.

El audio por el que se inició la causa se difundió la semana pasada en una página de internet. En la grabación se escuchaba que un hombre le contaba a un periodista que Delaloye quiso contratarlo para asustar a Gustavo Sáenz.

«No hay pruebas»

Ayer hubo conferencia de prensa en la Central de Policía de la Provincia para informar sobre cómo sigue el proceso investigativo.

«No hay pruebas ni indicios de que (Gustavo) Tolava sea un sicario», dijo el titular de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia, Emilio Tomás Albornoz.

«Tolava tiene antecedentes por robos, amenazas y por abusos sexuales; también tiene dos o tres condenas. Es muy conocido en el ambiente delictivo de Salta, aunque eso no brinda la certeza de que pueda ser un sicario. Los otros dos detenidos también tienen antecedentes, pero menores», dijo el jefe del área de Investigaciones.

El funcionario policial confirmó que a Tolava lo detuvieron el sábado a las 10.30. Y a Urzagaste y a Delaloye, el domingo, a las 1.30, antes de ingresar al local comercial en donde trabajan.

Albornoz dijo que se completaron seis allanamientos en diferentes domicilios de la ciudad. Se secuestraron computadoras, teléfonos celulares y equipamiento tecnológico.

«La causa la está llevando la Fiscalía VI, a cargo de Horacio Córdoba, quien ordenó que los secuestros estén a cargo de la división Investigaciones Tecnológicas de la Brigada», dijo Albornoz.

La situación legal es complicada

La jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, tomó ayer audiencia de control de legalidad de detención a los tres imputados por los delitos de coacción agravada, instigación a cometer un delito y asociación ilícita en concurso real. Posteriormente, el fiscal penal VI, Horacio Córdoba Mazuranic, realizó la audiencia de imputación. 
Gustavo Tolava, Pablo Delaloye y Juan Urzagaste fueron detenidos por orden de la jueza Puertas, acusados provisoriamente de los delitos de “coacción agravada, instigación a cometer un delito y asociación ilícita en concurso real”. 

Junto con las detenciones, la jueza ordenó una serie de allanamientos.

Tolava, Delaloye y Urzagaste están acusados como presuntos responsables por planear amenazas contra el intendente Gustavo Sáenz. Delaloye y Urzagaste cuentan con letrados particulares, mientras que Tolava, tiene una defensa oficial.

“No recibieron pruebas”

Luciana Andolfi, defensora de dos de los detenidos, aseguró que se presentaron ante la Justicia y que no les recibieron material de prueba. Los delitos por los que están acusados pueden tener penas de cuatro años de prisión.

Andolfi trabaja junto a René Gómez en la defensa de Juan Urzagaste y Pablo Delaloye. 

“Les quitan la libertad a nuestros defendidos por los dichos que un supuesto sicario le dijo a un periodista. No hay pruebas de nada, no hay peligro de fuga ni probabilidad de que interfieran en la investigación, así que no existe argumentos para que estén detenidos”, concluyó. 

El titular de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia, Emilio Tomás Albornoz, explicó en tanto que el área a su cargo tuvo la función de buscar audios, videos y otras pruebas. El material se peritará en el CIF.

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