Apesar de haber sido objeto de una inédita reunión de bloque un lunes a la mañana, justificativo que usó Cristina Kirchner para ausentarse a la audiencia del juicio oral que se le sigue por corrupción, el kirchnerismo faltó hoy a la comisión de Acuerdos del Senado.
La ausencia de los representantes del Frente para la Victoria (FPV), Marcelo Fuentes (Neuquén) y Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), dejó sin quórum la reunión, lo que obligó a postergar el tratamiento de las impugnaciones que pesan contra Federico Hooft, candidato a juez federal de Mar del Plata.
El análisis «urgente» de las impugnaciones contra Hooft fue, precisamente, la causa esgrimida por Cristina Kirchner para eludir la tercera audiencia del juicio oral que se le sigue por corrupción en la obra pública, en la que comparte el banquillo de los acusados con José López y Julio de Vido, entre otros exfuncionarios de sus gobiernos.
Al cumplirse 20 minutos después de la hora fijada para la audiencia, citada a las 10, el presidente de la Comisión de Acuerdos, Rodolfo Urtubey (PJ-Salta) informó que no había quórum, razón por la cual no iban a poder emitir dictamen ni tratar las impugnaciones.
En ese momento había siete senadores presentes, por lo que si el FPV hubiese aportado sus dos representantes la reunión hubiera alcanzado el número de legisladores necesario.
Desde el kirchnerismo se rechazó esta interpretación y se aseguró que el fracaso de la reunión obedeció a los cuestionamientos que existen en el Bloque Justicialista a la política del jefe de ésa bancada. Miguel Pichetto (Río Negro), de designar jueces en el último año del gobierno de Mauricio Macri sin saber cuál será el resultado de las elecciones. «La Comisión de Acuerdos tiene 17 miembros, así que mal se puede decir que no hubo quórum por nuestra culpa», argumentaron.
El único impugnado de los once candidatos citados esta mañana era Hooft, a quien se le comunicó que como consecuencia de la falta de quórum no se le iba a tomar la audiencia pública para la que había sido citado.
«Esto es una persecución ideológica», afirmó Hooft en diálogo con LA NACION luego de que se le comunicara que no iba a ser escuchado por la comisión.
En ese sentido, el postulante se defendió de las impugnaciones en su contra. «Tengo 30 años de servicio en el Poder Judicial, 15 de ellos como secretario del juzgado para el que me postulo, y tengo una foja intachable, sin una sola sanción», afirmó mientras abrazaba a su hija, que lloraba desconsoladamente por la situación.
Hooft es impugnado por organismos de derechos humanos que lo cuestionan por haber ejercido la defensa de su padre, Pedro Hooft, en un juicio de la verdad en el que fue finalmente absuelto.
Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza Mayo, explicó a LA NACION que Hooft no fue impugnado por defender a su padre sino «por la forma en que lo hizo, con una grabación subrepticia de una conversación con un fiscal», prueba que, señaló, implica «una actitud ‘reñida con la ética’, según la Cámara Federal de Mar del Plata».
También señaló que el postulante fue cuestionado «por los déficits que mostró su test psicotécnico y por lo problemas funcionales para la jurisdicción que implicaría su designación» en lo referente a los juicios de lesa humanidad que se podrían tramitar en el juzgado que pretende ocupar Hooft.
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