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Por incumplimiento de deberesSanta Victoria Este: La Justicia imputará al intendente Rojelio Nerón

La acusación contra el jefe comunal wichi es por incumplimiento de deberes de funcionario y está promovida por caciques de varias comunidades de Santa Victoria Este
Tras las denuncias efectuadas contra el intendente de Santa Victoria Este, Rojelio Nerón, por parte del vicepresidente del Concejo Deliberante de esa localidad, Samuel Gilobero, y caciques de varias comunidades originarias, la Justicia decidió citarlo para mañana martes.

Así se desprende de la notificación que fue emitida el 31 de julio por la fiscalía penal de Salvador Mazza, que citó a audiencia de imputación al intendente Nerón para las 11 horas de mañana martes, en la sede de la Ciudad Judicial de Tartagal.

Allí se le harán conocer los cargos en su contra y podrá declarar o abstenerse de hacerlo, de acuerdo a la estrategia de la defensa.

En las últimas horas y como consecuencia de los incidentes ocurridos en esa localidad de Rivadavia Banda Norte, donde los caciques tomaron la sede comunal, dos denuncias penales surgieron a partir de presentaciones que se hicieron desde el Concejo Deliberante, en la persona de su vicepresidente Samuel Gilobero y posteriormente de otros caciques como Abel Mendoza y Mateo Torres. Estas últimas denuncias se precipitaron tras el desalojo por la fuerza de la sede municipal, ocurrido el jueves de la semana pasada a la noche y luego de varios días de protestas dentro del edificio municipal.

Carta orgánica

Fuentes judiciales consultadas por El Tribuno aclararon que la imputación a Nerón se aplica de acuerdo a lo que establece la carta orgánica municipal de Santa Victoria Este, que tiene en la normativa la exigencia legal para los funcionarios de responder a los informes que son solicitados por el Concejo Deliberante. Pero al margen de ello, la Justicia tuvo en cuenta otros aspectos en la determinación para imputar a Nerón.

«Independientemente de lo que determine el Concejo Deliberante como órgano político, desde el punto de vista del delito, la supuesta infracción determinada en el artículo 248 del Código Penal dispara la investigación y en función de eso se lo imputa», expresaron las fuentes judiciales.

La lectura es que ante la falta de los informes que el Concejo Deliberante viene reclamando desde hace tiempo y sin respuesta oficial, la situación de tensión en la comunidad se fue agravando con el correr de los días y es necesaria la intervención judicial para «evitar las convulsiones sociales y que el funcionario público se presente ante la Justicia, en forma independiente a lo que políticamente pueda ocurrir».

«Los vecinos y las comunidades de Santa Victoria Este tienen mucha vinculación con estos procesos y están muy atentos a las cuestiones que tienen que ver con el manejo de la Municipalidad, en base a las necesidades sociales del lugar. Existen acusaciones de uno y de otro lado y una tensión que va en aumento. En consecuencia, se amerita el requerimiento» indicaron las fuentes judiciales consultadas

Las protestas en Santa Victoria Este comenzaron la semana pasada con el corte de la ruta 54 en el acceso al pueblo, aunque los reclamos desde el Concejo Deliberante se sostienen desde hace semanas por la falta de información sobre los fondos públicos que deberían llegar al municipio. Los caciques también reclaman los fondos sociales que no llegan pese a los anuncios.

Reunión con los concejales

Para hoy, el intendente Nerón tiene planeada una reunión en el Concejo Deliberante, órgano que viene reclamando desde hace tiempo los informes y las rendiciones de cuentas de las supuestas ayudas que llegaron al municipio luego de conocidos los casos de desnutrición infantil que fueron noticia nacional. De hecho, la audiencia de imputación de la Justicia no fue notificada para hoy justamente con motivo de este encuentro.
Rojelio Nerón asegura que “no solo yo estoy al tanto de lo que pasa, sino también las autoridades de la Provincia a las que mis paisanos les piden que intervengan porque según ellos yo soy un ladrón que se roba la ayuda alimentaria y que se quedó con plata de los pozos de agua y de la indemnización que tenía que pagarle a la viuda de (el recientemente fallecido funcionario de su gestión) Pedro Lozano. Pero si hay alguien que sabe que todo eso es falso es el gobernador y la ministra de Desarrollo Social de la Provincia. Los únicos que todavía creen eso son mis paisanos porque sus dirigentes les mienten como le mienten muchos criollos.

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