Salta necesita generar trabajo porque el Estado está agotado. Actualmente hay 65 empleados públicos cada mil habitantes.
Entre 2007 y 2017 la planta de empleados provinciales salteños creció de 48.531 agentes a 73.997. Esto equivale a un incremento del 52%, o la designación de 6 empleados por día.
Comparando ese tramo de diez años, el presupuesto provincial de 2007 fue de $ 2.566 millones, contra $46.506 millones de 2017. En dólares, el salto fue del 219%: US$ 809 millones en 2007 (dólar a $3,17) contra US$ 2.583 (con un dólar a $18).
Los números hablan por si solos. A pesar del aumento relativo de recursos, que le ganaron a la inflación, la Provincia concluyó 2017 con un déficit de $ 4.000 millones que obligó a un cambio drástico de todo el gabinete. Y a un severo ajuste, según informó El Tribuno.
La dependencia
Hoy, miles de empleados transitorios reclaman a través de sus gremios que el gobierno de JUAN MANUEL URTUBEY los incorpore a planta permanente. El «dogma neoliberal» suele ser cáustico con esos reclamos, pero estos expresan necesidades reales de esos empleados y, al mismo tiempo, la realidad de una economía que no genera empleo genuino. Por cierto, no es un dogma, sino una evidencia: el trabajo se crea cuando hay posibilidades económicas de sostenerlo. Si la Provincia frena el desarrollo agroganadero, pone trabas a la producción minera y deja de lado la política de turismo receptivo, la generación de empleo privado, necesariamente, naufraga.
El sistema «rentístico» genera una dependencia insostenible con respecto a la coparticipación federal. Las provincias esperan que llegue la partida, cuando probablemente lo razonable sería que ellas coparticiparan a la Nación. Y se va generando así una dependencia de la gente con respecto al empleo municipal, dependencia que se transforma también en subordinación clientelar a la hora de votar. Con el personal municipal, Salta ya suma 94.000 empleados públicos. Unos 65 empleados públicos cada mil habitantes.
La ilusión esfumada
Esto es lo que sucedió en estos años, en Salta y en el país. Entre el 2005 y el 2015, durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, la administración pública nacional incrementó su tamaño 88,9%. En tanto, en el sector público nacional el aumento fue del 49,5 %.
En ese lapso, la administración nacional pasó de 127.200 empleados, a 240.600; el sector público nacional, de 521.900 a 780.200 empleados; las administraciones provinciales, 1.508.500 empleados a 2.283.895, y en los municipios de todo el país, de 414.700 a 442.560. Durante los cuatro años de Mauricio Macri hubo una leve reducción de personal en los estamentos nacionales, pero siguió un fuerte crecimiento en provincias y municipios.
Según el economista Manuel Alvarado Ledesma, al comienzo de la gestión de Néstor Kirchner el gasto público consolidado era de aproximadamente 29%. Con Cristina Fernández de Kirchner llegó a 47%, en el año 2015. «Con este porcentaje, y dado que los ingresos eran en total de 39% del PBI, la cruda realidad fue que el déficit fiscal total subió a un alarmante 8% del PBI». El déficit público consolidado pasó de 5% del PBI en 2001 a 8% del PBI en 2015.
En este tema hay que «sacarse la camiseta»: vivimos en un país y un continente castigados por una macroeconomía inestable, que condiciona a los gobiernos, las instituciones y a cualquier decisión por desarrollar políticas públicas.
La designación de personal en la administración pública solo agrava el problema del empleo, aunque resuelva transitoriamente la situación de algunas familias.
Los salarios de los empleados públicos en la Argentina representan el 12% del PBI y el 30% del gasto, superior al 24,2% promedio de la OCDE. En Salta representan más del 60% del presupuesto.
Salta no puede escapar al contexto nacional. La escasez y la baja calidad del empleo y el deterioro de las coberturas sociales son la causa de la pobreza estructural, que afecta al 25% de los argentinos, y que en estas condiciones tiende a reproducirse. El gobernante que termina el mandato no debería hacer designaciones en planta permanente, que en muchos casos no consiste más que en un reconocimiento a sus cuadros políticos.
En realidad, en la Argentina de hoy, la prioridad de cualquier gestión -desde el primer día- debería ser la de generar empleo decente y genuino, económicamente sustentable. A pesar de los maremotos macroeconómicos, y de la ilusión que nunca se cumple del «derrame», hace falta que el gobernante se ponga objetivos concretos que cambien la inercia de la destrucción del empleo.
Un plan heterodoxo
El presidente electo, Alberto Fernández, sabe que la marejada es complicada.
La tecnología cambia a velocidades de vértigo la realidad laboral y en cuatro años todo puede cambiar. Por eso, cualquier estrategia laboral debe afirmarse en la formación profesional y tecnológica desde el preescolar. Es decir, en políticas educativas nuevas.
La guerra comercial entre China y EEUU afecta a nuestra región y cuesta imaginar por ahora una «revolución productiva».
Aparentemente, Fernández prestó atención a la propuesta del sociólogo Agustín Salvia, el director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, quien propuso un plan de fomento y sistematización de la «economía popular» para la creación de cuatro millones de empleos en un plazo de cinco años y empezar a reducir la pobreza estructural.
El plan aspira a crear proyectos productivos en todo el país, en un intento de sortear las reglas del mercado y generar empleos artificiales de alto impacto social. Es difícil. La idea de «economía popular» tiene sus riesgos, entre otros, que quede en manos de oportunistas, pero el mercado, hasta ahora, no lo hizo mejor.
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