El fiscal Marijuan envió un dictamen al juez Casanello.
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió hoy enviar a juicio oral al empresario detenido Lázaro Báez y a sus cuatro hijos, junto a otros procesados en la causa conocida como la Ruta del Dinero K, acusados de realizar maniobras de lavado de dinero por 60 millones de dólares. En un dictamen de 522 páginas al que accedió Clarín, pidió al juez federal Sebastián Casanello la elevación del expediente que inició en 2013, según publicó Clarín.
La investigación de la «Ruta del dinero K» fue cerrada por Casanello a principios de noviembre, pidiendo al fiscal Marijuan que requiera la elevación a juicio oral y público al igual que a las querellas: la Unidad de Información Financiera (UIF), la Oficina Anticorrupción (OA) y la AFIP.
En esta causa además del empresario K y sus hijos Luciana, Martín, Leandro y Melina Báez, se encuentran procesados otras 22 personas entre las cuales está Leonardo Fariña, Federico Elaskar, Fabián Rossi, entre otros.
Es por ello que Marijuan en su dictamen, consideró que todos 25 investigados tiene corroborada su «participación» y «aporte realizado a una estructura que canalizó fondos de origen ilícito que en definitiva eran suministrados por Lázaro Báez, ya sea en el proceso de expatriación –y repatriación parcial- de una suma cercana a los sesenta millones de dólares y/o mediante la adquisición de bienes y servicios», señala el dictamen.
El delito atribuido es por «integrar una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad» y se determinó que la defraudación al Estado por la asignación irregular de obra pública a Lázaro Báez durante el gobierno kirchnerista (52 contratos por $ 46.000 millones) es el delito precedente de las operaciones de blanqueo por 60 millones de dólares.
Según el dictamen de elevación a juicio oral, que desde fines del año 2010 se «pergeñó una ingeniería financiera para el millonario blanqueo de dinero», con Báez a la cabeza, y «muchas de las personas que lo auxiliaban en esa tarea realizaban a su vez desmesuradas inversiones en bienes y servicios suntuosos» con el dinero producto de su participación en la estructura societaria y bancaria usada para «canalizar el dinero espurio» proporcionado por el empresario K.
Los números indican que el patrimonio del empresario preso por lavado de dinero se incrementó entre 2004 y 2015 en un 12.127 %, y el de Austral Construcciones (su firma insignia) un 45.313%, según un informe judicial que se encuentra en la causa que investiga la corrupción en la obra pública.
En dicho escenario, el Tribunal de Tasación de la Nación (TTN) que sus 1.412 bienes valen 3.058.871.300 pesos, es decir 205.134.525 dólares. El informe fue ordenado por el fiscal Marijuan y utilizado como parte de su pedido de elevación a juicio oral de la causa.
La Ruta del Dinero K se compone de diversas maniobras y circuitos utilizados para el lavado de activos. La primera operación que le significó un procesamiento por este delito al dueño del Grupo Austral, implicó una suma de 33 millones de dólares.
Para esto se utilizó a Helvetic Services Group – empresa controlante de la financiera SGI conocida como «La Rosadita»-, que reingresó al país desde Suiza, a través de bonos de la deuda argentina. El dinero se depositó en las cuentas de Austral Construcciones, firma insignia de Báez quien reconoció la recepción del dinero, pero buscó justificarlos como «una operación lícita».
No es la única operación bajo sospecha. Recientemente, Suiza confirmó al juzgado de Casanello 139 operaciones por un total aproximado de 20 millones de dólares vinculadas al entorno del empresario K. Las transacciones se hicieron con las empresas SGI y Marketing and Logistic Managment SA.
Los responsables de las cuentas corrientes bancarias, tal como informó Clarín, fueron Fabián Rossi, con firma autorizante y los directores de la financiera, Eduardo Castro y Gustavo Fernández. Operaron con los bancos suizos PKB Privatbank y el J. Safra Bank, y el movimiento de dinero está asociadas “a las cuentas de la familia Báez” en dicho país. Esto condujo al magistrado a citar a ampliación indagatoria a los cuatro hijos del dueño del Grupo Austral.
Con este proceso, según indicó Marijuan «se logró disimular la procedencia ilícita de los fondos ingresados al circuito legal;corroborándose a su vez, los vínculos existentes entre las personas involucradas, ya sea a partir de relaciones de amistad y/o laborales, emprendimientos comerciales, contrataciones de servicios, asesoramientos».
Por ello, el fiscal Marijuan determinó que hubo diferentes mecanismos empleados para «disimular y aplicar el dinero de origen ilícito que tuvieran a su disponibilidad, valiéndose de estructuras societarias», algunas constituidas con tales fines, y otras propiedad de terceros, que brindaron las herramientas necesarias para «ocultar la verdadera procedencia de los fondos empleados para la adquisición de los bienes y servicios cuestionados».
Se corroboró durante la investigación que la mayoría de los imputados «carecían de una actividad comercial y capacidad económica» que les permitiera justificar el incremento de su patrimonio a partir de las operaciones financieras y «adquisiciones de bienes reprochadas». Para las principales figuras de las maniobras de lavado (la familia Báez, Fariña, Elaskar, Rossi, Daniel Pérez Gadín, Jorge Chueco, entre otros), recae un embargo de 600 millones de dólares: diez veces el monto que se blanqueó.
La medida cautelar también alcanza a las empresas participantes, entre ellas Austral Construcciones, Helvetic Services Group, la financiera SGI, entre las principales.
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