Policiales

Tenían pedido de detenciónRosario de la Frontera: dos nuevos imputados por estafa en la venta de ganado

Están señalados como coautores del delito de estafa en perjuicio de un empresario, al que le habrían vendido ganado por una suma superior a los cuatro millones de pesos.  Tenían pedido de detención.

Los animales fueron decomisados porque el documento para el traslado y comercialización otorgado se encontraba adulterado.

Los fiscales penales de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra y Nicolás Rodríguez López, en el marco de la investigación que llevan adelante por la denuncia de estafa que realizó un empresario agropecuario, informaron que se produjo la detención de un hombre de 38 años en la provincia de Santiago del Estero y que otro de 36 años se presentó en forma voluntaria ante la Fiscalía y fueron imputados en forma provisional por la posible comisión del delito de estafa en calidad de coautores.

Cabe recordar que en el mes de diciembre pasado, ya se imputó a un hombre de 57 años y a su hijo, también mayor de edad, por el mismo delito.

Oportunamente, el damnificado denunció que realizó una compra de hacienda valuada en más de cuatro millones de pesos a los acusados y a otras dos personas y que cuando los camiones que transportaban el ganado fueron interceptados en un control, el SENASA procedió al secuestro de lo transportado porque el documento autorizado para el traslado y comercialización del ganado (DTE) que le habrían entregado los vendedores, presentaba adulteraciones. El ganado secuestrado fue decomisado y sacrificado en un matadero.

Los acusados estuvieron acompañados de abogados particulares. El imputado de 38 años declaró por escrito, mientras que el de 36 años prestó declaración durante la audiencia de imputación, dando su versión de los hechos.

Ambos cumplirán medidas sustitutivas y los fiscales explicaron que entre las medidas pendientes, se realizará un careo para dirimir algunos puntos de contradicción.

El caso

En las ultimas horas la millonaria estafa sufrida por productores chaqueños en Rosario de la Frontera comenzó a esclarecerse. Una venta de 130 animales terminó en una estafa y la matanza de todos los animales ordenada por el Senasa. Esto ocurrió horas después de que los vendedores (supuestos estafadores) cerraran el trato, cobraran cinco millones de pesos y entregaron a los compradores un DTE (documento de tránsito electrónico) falso, que fue el instrumento de un decomiso masivo ocurrido en Senda Hachada.

El caso se conoció en diciembre del año pasado, cuando Rubén Samite y su hijo Cristian, dos empresarios, denunciaron el hecho. Rubén Samite es propietario de Agrocomercial Andresa SRL, una empresa de cinco décadas dedicada a la compraventa de ganado en pie. Padre e hijo denunciaron que tras comprar ganado, luego se los decomisaron de los camiones por tener papeles adulterados. Rubén Samite dijo en aquel entonces que le había pagado a Guillermo Scaraffia.

A fines de diciembre, Scaraffia y uno de sus hijos fueron imputados por estafa.

El caso tuvo novedades: dos peones hacheros con residencia en Santiago del Estero resultaron detenidos. Ambos declararon y también fueron imputados por los delitos de estafa. Además, prestó declaración Scaraffia, quien negó ser productor pecuario e involucró a uno de los detenidos, Emilio Guzmán. Aseguró que solo le encargó unos trabajos al peón rural y como este le cumplió en su momento, no desconfío.

Según afirmó Scaraffia en su declaración, cambió 130 vacunos al hachero Guzmán, entre vacas, terneros y novillos por un valor de 5 millones de pesos. Esto como forma de pago de que el peón rural Guzmán le alambre el campo, ponga los alambres, postes y trabillas.

Scaraffia negó conocer a Rubén Samite y su hijo Cristian, padre e hijo, pero reconoció que los guió vía Whatsapp hasta su finca para que carguen los animales. Scaraffia dijo que no recibió un peso de los casi cinco millones. Los Samite le pagaron delante de testigos. Afirmó que las cambió con Guzmán como pago de futuros trabajos. Guzmán, quien no tiene capacidad económica alguna, aseguró que nunca recibió el dinero y puso de manifiesto ser un simple hachero que vive con su padre, humildemente.

El abogado Diego Protti dijo ayer al respecto: «Scaraffia fue quien pidió permiso para pesar los animales en finca La Divina, si él no era, ¿quien vendía?».

Esa noche en cuando pesaban los animales estaba la Amarok negra de los Scaraffia, que se ve en un video.

Llamativamente Scaraffia dijo que se siente extorsionado por los Samite, porque estos «le cuentan a El Tribuno las constancias de la causa y eso afecta al buen nombre y honor de su familia»

Los Samite manifestaron que acudieron a la prensa solamente para contar lo que les había sucedido a 800 kilómetros del lugar de su residencia y evitar que otros productores ganaderos padezcan otra estafa. Insisten que un verdadero productor jamás engaña de esa forma a otro valiéndose de papeles adulterados que aparentaban ser verdaderos porque figuraban todos los datos de la empresa que representan.

Luego declaró Guzmán, quien dijo ser peón rural nacido y criado en Villa Nueva Esperanza. Sostuvo que solo fue un comisionista que acercó a las partes vendedora y compradora, y ratifico que el día de la carga de los animales y, luego cuando los animales fueron pesados, siempre estuvieron Scaraffia y los Samite, padre e hijo. Dijo Guzmán que él arregló con Guillermo el precio que los compradores chaqueños pagarían por los animales.

Luego ratifica Guzmán que la plata de los compradores las recibieron los Scaraffia. «Era muy mucha plata, que estaba en una caja», expresó según trascendió de la declaración. Esto coincide con lo manifestado por el balancero, quien aseguró que cuando terminaron de pesar los camiones en finca La Divina, él cerro el portón y ahí se quedaron todos los vehículos afuera.

Con las declaraciones quedó en claro que los animales de la estafa pertenecían a Scaraffia y que Guzmán y el otro hachero, Ariel Verón, fueron los que trajeron los instrumentos públicos adulterados y que el dinero de la estafa lo recibieron los dueños de los 130 vacunos, que luego fueron sacrificados en Pichanal por orden y cuenta del Senasa, que aplicó la ley al considerar la carga como clandestina e ilegal. Ayer llegaron a la sede de la fiscalía la respectiva familias de los dos únicos que llegaron detenidos, los hacheros santiagueños.

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