Luego de que el juez federal Luis Rodríguez resolviera apartar al fiscal Carlos Stornelli de la causa que investiga el desvío de fondos en los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), y por la cual se encuentra detenido el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el Gobierno busca separar al magistrado del expediente, según publicó Infobae.

A través de un documento, la Oficina Anticorrupción (OA) apeló el fallo del magistrado y calificó de «infundada, arbitraria, inconsistente, contradictoria y con carencia de fundamentación» la resolución de Rodríguez, quien apartó a Stornelli tras un pedido de Roberto Baratta, ex número 2 de De Vido en la función pública, también imputado en la causa. Para el organismo que conduce Laura Alonso, el juez «se limitó a transcribir primero y reescribir después los argumentos del defensor».

Según la OA, la decisión «revela la existencia de una cuestión funcional (y acaso personal) con el representante del Ministerio Público ajena a un correcto desempeño judicial».

Para Alessandra Minnicelli, la mujer de De Vido, la Oficina Anticorrupción «no tiene nada de transparente, porque no publica las actividades que desarrolla ni las presentaciones que hace». «Me parece muy serio que el poder ejecutivo nacional esté presionando tanto sobre el poder judicial; me sorprende el silencio o inacción del poder legislativo», amplió en diálogo con radio Rivadavia.

Además, definió a Stornelli como un «fiscal adicto al Gobierno», consideró que «está mal aplicada la prisión preventiva» para su marido y calificó al presidente Mauricio Macri de «perverso».

«Lo de Julio está mal desde el principio. Estaría haciendo falta  que se apliquen las leyes como corresponde. Lo quieren entrampar por todos lados, y lo han convertido, en la campaña mediática para ganar las elecciones, en un emblema de la corrupción. Estas causas no tienen fundamento, y ahora ¿cómo van a permitir que De Vido pueda tener acceso a una investigación? En este país tiene que haber justicia, tiene que descorrerse el velo de la fantasía», criticó Minnicelli.

En su resolución, Rodríguez sostuvo que Stornelli utilizó como prueba contra Baratta convenios que nunca fueron firmados por el ex funcionario y que esto significa un temor a la pérdida de objetividad.

El argumento fue rechazado por la OA: «La mentada pérdida de objetividad está reducida a la certeza o inexactitud de una de las numerosas afirmaciones de los escritos del MPF que sostienen la acusación contra Baratta».

El organismo, que es querellante en la causa, consideró además que el cuestionamiento de Rodríguez «ya no pasa por una eventual actuación del fiscal (Stornelli) durante la tramitación del legajo sino por un mero desacuerdo con los argumentos utilizados para fundar el pedido de prisión preventiva, lo que lleva a preguntarse si el trasfondo de la decisión adoptada no obedece más a una directa intención de ‘deshacerse’ del Dr. Stornelli».

«Ante la falta de un fundamento razonable expreso en la decisión de VS, sólo puede suponerse que o bien hay una cuestión personal de VS con el Dr. Stornelli (que por inaceptable basta para su apartamiento) o bien hay alguna otra motivación que no se puso de manifiesto, lo que es igualmente grave en términos institucionales», agrega la presentación.

En la causa Río Turbio se investiga la defraudación al Estado en la puesta en marcha de la mina de carbón de esa localidad santracruceña.

El fiscal Stornelli había pedido el año pasado la detención de De Vido, Baratta y otros acusados que fue rechazada por el juez Rodríguez. Luego, la Cámara Federal dispuso la detención del ex funcionario y el magistrado procesó a los acusados.

Baratta estuvo preso hasta principio de mes en una causa en la que se investiga el negocio del Gas Natural Licuado. El juez Claudio Bonadio lo procesó a él y a De Vido con prisión preventiva. La Cámara Federal les dictó la falta de mérito porque señaló que los procesamientos se basaron en un peritaje falso.