Se celebró una nueva audiencia entre las partes, en donde los demandados aseguraron haber cumplido.
En la Sala de Grandes Juicios de Ciudad Judicial se celebró ayer una nueva audiencia en la causa por la contaminación del río Arenales, en donde los vecinos de los barrios demandantes cuestionaron a la Municipalidad de Salta y a los otros demandados de no haber cumplido con las medidas que la justicia había ordenado, según publicó La Gaceta de Salta .
Bajo la dirección del juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, el primero en tomar la palabra fue Pedro Arancibia, el abogado que representa a los vecinos de barrios afectados que iniciaron la causa, quien sostuvo que las autoridades no cumplieron íntegramente con el plan de saneamiento y monitoreo que ordenó el juez.
El juez leyó el informe del CIF que refiere a la contaminación del río al indicar que contiene niveles excesivos de metales pesados y bacterias fecales que lo hacen no apto para uso recreativo en contacto directo ni como fuente de captación para consumo humano con tratamiento convencional.
Las quejas de los vecinos
Amelia Mercado fue la primera en tomar la palabra en representación de los vecinos para decir que dos días atrás desde la Municipalidad “fueron a sacarse fotos, haciéndose los de trabajar”. Agregó que vio la máquina pero que no se ven obras, que las cloacas, después de unas gotas de lluvia, reventaron y salía materia fecal y que se levantó la obra.
Señaló que Recursos Hídricos hizo unas barreras de tierra pero que un vecino se llevó la tierra con unas máquinas diciendo que trabaja en la Municipalidad. Contó además que hay 16 familias nuevas asentadas, que se sigue rellenando y que la gente se asienta, por lo que se van a seguir inundando.
También habló Verónica Moyano, del Barrio 13 de Abril, quien insistió con que las obras del Río Arenales están inconclusas, que sólo se hizo un 5 %. Además denunció que los vecinos tiran basura y escombros.
La Provincia se defendió
La abogada Santamaría, jefa del Programa Jurídico de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia, resaltó que existe un plan desde 2010 que lo presentaron en la causa y que, además, cumplieron con el plan de manejo y monitoreo y el cordón sanitario ordenado por el juez meses atrás. “Las críticas que nos hacen no son significativas en comparación con lo q hicimos, son puntuales y no refieren a la cuestión global”, consideró al argumentar que desplegaron todos caminos necesarios para un verdadero saneamiento.
Por su parte, el Jefe de Monitoreo de Recursos Hídricos, el ingeniero Omar Zapata, dijo que el monitoreo del río se realiza desde el 2005 y que originalmente había diez puntos, pero que al crearse el programa en la Secretaría de Recursos Hídricos, el estudio se realiza en 25 puntos a lo largo de todo el río.
Zapata indicó que la gente tira en inodoros y canales, pilas y baterías que contaminan el agua del río y que deposita basura con elementos electrónicos como televisores, computadoras, aceites lubricantes o teléfonos celulares.
Consultado por el juez acerca del informe sobre los metales pesados y sus consecuencias, el ingeniero señaló que puede deberse a residuos industriales. El cobre, el plomo el aluminio, son considerados metales pesados que también pueden provenir de líquidos cloacales. Agregó como posible factor al hecho de que incluso la gente tira en inodoros y canales, pilas y baterías que contaminan el agua del río, elementos electrónicos como televisores, computadoras, aceites lubricantes o teléfonos celulares.
Lo que dijeron las empresas
La ingeniera Ana Silvia Cardozo, a cargo del Departamento de Calidad y Medio Ambiente de COSAYSA, explicó que cualquier curso de agua es posible que contenga metales pesados, hasta en el agua potable, lo que varía es la concentración. Especificó que un líquido cloacal no tiene presencia de metales pesados.
Señaló que la empresa no cuenta con equipamiento para realizar análisis de presencia de metales pesados pero trabajan con la Universidad Nacional de Salta, quienes están haciendo un estudio de esos niveles, pero no le dieron el resultado por ser objeto de investigación.
Desde Aguas del Norte, su gerente técnico, Javier Jurado, se refirió al volcamiento de efluentes de la calle Ituzaingó directamente al río, diciendo que se inició la obra para dotar del servicio de cloacas a las familias que viven próximas al río. Reconoció que los barrios que se encontraban hacia abajo se ven perjudicados (unos 31.000 habitantes). Agregó que sobre la planta depuradora se proyecta una ampliación (duplicación) de la parte sur con un costo de alrededor de 70 millones de dólares, que es importante porque un 80 % de la ciudad vuelca sus líquidos residuales en esta planta.
Jurado contó que está licitada la obra de un nuevo pozo para el Barrio Ceferino para obtener mejor calidad de agua y que el plazo de obra es de tres meses, porque van a hacer un tendido de cañería nueva desde avenida Independencia hasta Córdoba.
En representación de la empresa Marozzi, el abogado Francisco Patrón Costas aseguró que aguardan el trazado de línea de ribera y que los límites legales no invaden los límites de estribo del puente Tavella, según los informes de la Municipalidad. Afirmó que no se removió tierra más allá de los límites de la empresa, hasta los límites de estribo se encuentra despejado.
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