Rechazaron el pedido de sobreseimiento presentado por Roberto Durnelli y César Dagum, quien junto a Víctor Ola Castro conformaban la cúpula de Defensa Civil al momento de la tragedia de Guachipas.
A casi tres años de la muerte por carbonización de los cuatro brigadistas enviados a extinguir un incendio forestal en Guachipas, la causa por las circunstancias que llevaron a esa tragedia apenas avanza.
Desde el Poder Judicial dieron a conocer ayer que el juez del Tribunal de Impugnación, Adolfo Figueroa, no hizo lugar al recurso de apelación que interpuso la defensa oficial de los imputados por los fallecimientos Roberto Durnelli y Víctor César Dagum, quienes pedían ser sobreseídos.
El magistrado confirmó la resolución de la jueza de Garantías Claudia Puertas, en la que se sostenía que los acusados deben ser juzgados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esa figura, con penas mínimas, también le corresponde al tercer imputado del caso, Víctor Ola Castro, quien cuenta con un representante legal privado y no participó del proceso de apelación.
Durnelli y Dagum son defendidos por abogados de la Defensoría General de la Provincia, a cargo de María Inés Diez, cuyo campo en Guachipas se había visto amenazado por las llamas que terminaron por abrasar a los brigadistas.
Los tres imputados se desempeñaban en funciones jerárquicas en la Subsecretaría de Defensa Civil al momento de la muerte de Martín Albarracín (de 27 años), Víctor Ferreyra (37), Matías Daniel Vilte (22) y Mauricio Valdez (27).
El Estado juzga al Estado
En noviembre de 2016, Omar Valdez, padre de una de las víctimas del incendio forestal, presentó una acción para que se cambie de carátula de la causa a homicidio culposo.
El mismo pedido lo repitió en marzo y ahora el Juzgado de Garantías debe resolverlo.
Es por ese requerimiento que puede demorar aún más el inicio del juicio por la tragedia, que tuvo repercusión nacional e internacional luego de que El Tribuno difundiera un video, captado por un brigadista, que muestra el pavoroso final de los agentes de Defensa Civil.
«Es probable que el juicio se inicie en 2018, porque no estamos dispuestos a sacrificar la figura de homicidio culposo», sostuvo a este diario Carlos Saravia, representante legal de Valdez.
«No sé cómo pueden explicar que la causa esté calificada como incumplimiento de deberes cuando hay fallecidos y una situación de negligencia grosera por parte de quienes debían velar por la seguridad de los agentes», criticó el abogado.
«En la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario las víctimas de ese delito no son los familiares ni los fallecidos sino que es la propia administración pública», agregó Saravia.
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