El plan fue contado por el abogado Eduardo Barcesat, referente del Foro por la Libertad de los Presos Políticos que agrupa a sectores kirchneristas. Incluye al Congreso y a la Corte.
El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat reveló cuál es la nueva estrategia que impulsan para que Amado Boudou recupere su libertad, al igual que el resto de los exfuncionarios y referentes del kirchnerismo detenidos en causas por corrupción. Lo hizo en una entrevista televisiva que compartió con el exvicepresidente, quien salió al aire por teléfono desde la cárcel de Ezeiza.
«Hay dos iniciativas que estamos valorando en este Foro por la Libertad de los Presos Políticos. Una, que es de manual, que es que todos los abogados defensores interpongamos el planteo de nulidad de cosa formal e irrita y yo le agregaría fraudatoria. Pero esos tiene sus tiempos», explicó el letrado.
Y agregó: «Lo otro que hemos propuesto con un poco más de audacia institucional es que que haya una declaración de ambas cámaras del Congreso de la Nación, dirigiéndose a la Corte Suprema de Justicia, para que instruya a los jueces a que haya un control de legalidad de las causas», detalló Barcesat en la entrevista emitida por el Canal 22.
El letrado aseguró que el objetivo es que, a través del máximo tribunal de Justicia, los jueces que llevan adelante las investigaciones contra los referentes del kirchnerismo detenidos reciban el siguiente mensaje: «Sabemos que han hecho trampa, le damos una oportunidad para deshacer los entuertos».
“Esta es la directiva que le imparte la cabeza del Poder Judicial en observancia a la ley más antigua de organización del Poder Judicial de la Nación, que establece que el deber de los jueces es asegurar la supremacía de la Constitución Nacional, aun por sobre los actos de los otros poderes», añadió Barcesat, quien lideró la defensa ante la Corte del empresario Gerardo Ferreyra, uno de los tantos procesados por la causa de los cuadernos de la corrupción kirchnerista.
El referente de ese Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos, que agrupa a más de veinte organizaciones sociales, de Derechos Humanos, políticas y sindicales, aseguró que la propuesta cuenta con «amplio consenso».
«Queremos ver qué es lo que sucede cuando el Congreso pueda abocarse, cuando le sea entregada (la iniciativa) por el conjunto de las entidades defensoras de los DD.HH. comprometidas con esto de lograr la libertad de los presos políticos, si se puede lograr este pronunciamiento, que creo sería un aporte pronto para la terminación de estas causas ficcionales», amplió Barcesat.
Boudou celebró la nueva estrategia. A través de una comunicación telefónica desde el penal de Ezeiza, donde cumple condena por las irregularidades en la venta de la ex Ciccone Calcográfica, opinó que “sería una gran iniciativa” para superar “una situación tan injusta”.
“Para mí esto no es una cuestión personal, yo puedo estar preso el tiempo que quieran, yo no quiero quedar bien con los poderosos, con los poderes fácticos, yo quiero quedar bien con mis compañeros y compañeras. Yo no tengo una desesperación por salir, salvo por estar con mis niños y mi compañera. El resto, yo tengo una responsabilidad política y la asumo plenamente, no me arrepiento de nada, ni de lo que hice ni de lo que no hice, porque siempre fue a favor de las mayorías y para cuidar la institucionalidad verdadera”, dijo el también exministro de Economía.
Consultado por Clarín al respecto, el también abogado constitucionalista Gregorio Badeni advirtió que «cualquier pedido que se le formule a las cámaras del Congreso para que requieran a la Corte Suprema de Justicia que tome intervención directa en los casos de corrupción no se compadece con los preceptos que regulan la tramitación de las causas judiciales, pues la Corte sólo debe intervenir cuando quedan agotadas las vías jurisdiccionales previas que contempla la ley».
«Tratar de conseguir una especie de per saltum para que la Corte se expida sobre causas, muchas de las cuales están en procesos de instrucción, es un despropósito que acarrea un grado importante de inseguridad en la tramitación de los procesos judiciales», advirtió.
Badeni aseguró que «no hay ningún antecedente» de un hecho similar y consideró que «esa petición es una intromisión en la esfera del Poder Judicial, es una intromisión indebida».
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