Las cámaras que nuclean a los empresarios pidieron una audiencia con el intendente Sáenz para que deje sin efecto una norma que prohíbe el ingreso de micros al centro.
El sector del turismo está en alerta y se prepara para defender la actividad que en Salta es una de las principales motorizadoras de la economía.
Dirigentes de distintas entidades vinculadas al turismo rechazaron ayer la sanción de una ordenanza que prohíbe el ingreso de colectivos al centro de la ciudad. En este marco, solicitaron una audiencia con el intendente Gustavo Sáenz, a quien le pedirán vetar la norma aprobada a principios de mes por los ediles capitalinos.
«Como actividad acostumbrada al diálogo nos hemos sentido, en las formas y en el fondo, marginados, defraudados», indicó el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Carlos Eckhardt, a El Tribuno.
Es que, junto a referentes del sector, se venía trabajando en una comisión ad hoc en el Concejo Deliberante para reglamentar una ordenanza sancionada en 2011 que nunca había entrado en vigencia.
El titular de la Cámara de Turismo señaló que, en el marco del trabajo conjunto con los ediles, se había avanzado en varios puntos propuestos por el sector que permitían evitar situaciones irregulares con vehículos de gran porte dentro del casco histórico: «Teníamos zonas de exclusión, pedíamos la formalidad en cuanto a los ingresos de los vehículos a la ciudad, con características de informes previos, educando a los choferes sobre la forma de conducirse en Salta, informando a la gente, poniendo en valor la ordenanza vigente y las sanciones por inobservancia».
Detalló además que estaba en carpeta indicar en «un mapa de la cuadrícula por dónde y de qué forma se puede circular, hemos solicitado que se resuelva el tema de la cartelería, ya que no hay carteles indicadores, no hay prohibiciones para poder acceder o no. Y, si a esto le sumamos que falla la fiscalización, hacer las cosas bien o mal generan el mismo resultado y cada uno lo interpreta como quiere y convierte esto en una anarquía».
Para Eckhardt la ordenanza «es absolutamente lesiva a los intereses comunes», y «pone en riesgo a 45 mil personas que viven en forma directa del turismo y 120 mil en forma indirecta. Somos el 10% del PBI de la provincia», sentenció.
Finalmente, destacó que «a la marca Salta se la conoce en todos lados por el turismo, hace 24 años que trabajamos en forma unida y articulada los sectores público y privado,y esta ha sido una situación de destrato que creemos que el sector no merece».
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