La profesional, del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, realizó el procedimiento a una joven que llevaba 22 semanas de gestación, y que antes de realizarse el aborto habría dicho que quería continuar con el embarazo.
La denuncia contra la profesional fue radicada por una tía de la mujer. Según se desprendió de la historia clínica, el procedimiento ocurrió pasado 24 de agosto, cerca de las 15.
La ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo dispone en su artículo 4, que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, tienen el derecho a decidir acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional.
Fuera del plazo dispuesto, existen dos excepciones contempladas por el Código Penal: una, que el embarazo fuera producto de un abuso sexual, o bien, que estuviere en peligro la vida o salud integral de la persona gestante. A prima facie, no surgió del análisis de la historia clínica ninguno de los dos casos.
Por lo expuesto, el fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, consideró que existen motivos suficientes para que la médica intente evadir los requerimientos del proceso, como así también influir en testigos que pudieran surgir de la investigación.
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